El secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, se quejó de que se reclama al gobierno cuando gasta demasiado y se le reclama, también, cuando ahorra. Pues sí, ese es uno de los problemas de dirigir la hacienda pública, que el manejo de los asuntos fiscales es, precisamente, un tema político. La sociedad no es el consejo de administración de una empresa que felicita a sus administradores por conseguir ganancias en un periodo determinado, subiendo con ello el valor de las acciones y las utilidades disponibles. Tanto el déficit como el superávit del gobierno repercuten de modo directo en la asignación de los recursos sociales y en la distribución del ingreso y las oportunidades de la población, sobre todo cuando el patrón de la distribución de la riqueza es tan desigual como en México.

Complacido, el secretario Ortiz mostró los resultados macroeconómicos del primer trimestre de 1997, que fueron mejor de lo esperado. El gobierno federal tuvo un superávit financiero de 6 mil 354 millones de pesos (el año pasado tuvo un déficit de 2 mil 570 millones de pesos en el mismo periodo), mientras que el sector público en su conjunto llegó a casi 9 mil millones de pesos (frente a 3 mil 500 millones del año pasado). Estos datos se suman a la información que durante las semanas recientes se ha hecho del favorable desempeño de la producción industrial, la generación de empleos, el abatimiento de la inflación, el excedente comercial y la estabilidad cambiaria.

El secretario Ortiz informó también que la deuda pública externa es de 93 mil 931 millones de dólares, y que entre enero y marzo se pagó por su servicio 11 mil 259 millones de dólares. Omitió considerar el saldo total del endeudamiento externo que es de más de 151 mil millones de dólares y sabemos que, finalmente, el gobierno tiene que responder por toda esa cantidad en un momento en que, como en 1982 o en 1994, hay que hacer frente a los compromisos externos, aunque sean los del sector privado.

Desde la perspectiva oficial, la economía mexicana ha realizado casi un milagro al superar de manera tan eficiente y rápida la crisis de fines de 1994. Por qué persiste, entonces, la discusión y la divergencia en los análisis de la evolución de la economía. La situación sigue marcada por la manera de convertir esta victoria macroeconómica en una base efectiva para renovar las condiciones sostenibles del crecimiento, la viabilidad operativa de la mayor parte de las empresas, la capacidad de consumo de las familias y alcanzar el saneamiento de las instituciones financieras.

Las cuentas cuadran si se les ve desde la perspectiva del gobierno, pero no lo hacen desde la perspectiva del entorno económico-financiero que prevalece en la mayor parte de los sectores productivos, en el mercado de trabajo y en el sector bancario, y tampoco desde la perspectiva de los equilibrios necesarios para extender los beneficios de la recuperación registrada en las estadísticas.

Esto lo reconoce el mismo gobierno, siempre de manera desagregada y parcial, o bien como un comentario o una nota al final de los informes oficiales. La visión prevaleciente es que la consecución de mejores resultados macroeconómicos llevarán a un ajuste automático de los diversos mercados hacia el crecimiento y la redistribución del ingreso. Por ello prácticamente no hay acciones y políticas complementarias de orden específico para que el severo ajuste macroeconómico se exprese de forma más clara para orientar las decisiones de los agentes económicos que, en cambio, enfrentan severas restricciones para el ejercicio de sus actividades productivas.

La información de Hacienda sigue siendo contradictoria con otros datos que surgen del propio sector público. Mientras los resultados macroeconómicos continúan siendo positivos, el Banco de México sostiene que el sector industrial asociado con el mercado interno no está en condiciones de recuperar su capacidad de pago y que sus pasivos representan 9.6 por ciento del PIB con un aumento de 400 por ciento en los últimos cinco años.

El manejo de las finanzas públicas es un asunto conflictivo por definición, y más todavía en etapas de crisis como la que vive la economía mexicana. Así, el secretario Ortiz negó que el gobierno realice gastos asociados con el periodo electoral que vive el país. Esta afirmación parece avalada por los mismos resultados fiscales que anunció. Sin embargo, hay un dato entre estas cifras del reciente informe que amerita la atención. No todo el gasto público se manifiesta de modo directo como ocurre, por ejemplo, con los recursos de Procampo, que se otorgan en efectivo a los productores agrícolas independientemente de los resultados de las cosechas. Durante el primer trimestre de este año, el gasto público en inversión física creció 13 por ciento en relación al primer trimestre de 1996 y estas erogaciones pueden hacerse de modo tal que se noten entre los grupos receptores.

Los datos hacendarios se presentaron en un momento en que el conflicto de la gestión presupuestal es especialmente visible. El mismo día en que los maestros del SNTE marchaban en varias ciudades en protesta por el aumento salarial de 6 por ciento concedido por el gobierno, la Secretaría de Hacienda anunciaba el superávit fiscal. Este es otro problema de manejo de las finanzas públicas, el de la sensibilidad política.