Esta semana llegó hasta mis manos el Informe sobre Graves Violaciones contra Defensores de Derechos Humanos 1997 (In the eye of the storm), publicado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que abarca el periodo comprendido entre marzo de 1996 y febrero de 1997. En el documento que nos hizo llegar Fernando Mejía, director adjunto del organismo, se describe la situación que guardan los casos y situaciones de violaciones a los derechos fundamentales de que han sido víctimas los miembros de organismos defensores de los Derechos Humanos, pertenecientes a 52 países de cuatro continentes (Asía, Africa, América y Europa), y que han sido reportados a la OMCT, principalmente por organizaciones no gubernamentales. De América fueron publicados numerosos casos de graves violaciones ocurridas en 14 países, entre ellos México.
Este Informe es el segundo de su tipo que elabora la OMCT. Constituye la culminación del trabajo anual de la mundialmente reconocida institución humanitaria --nacida en 1986 y con sede en Ginebra, Suiza--, la cual examina y denuncia como una parte esencial de sus labores cotidianas las situaciones que afectan los derechos y las libertades de los defensores de derechos humanos, y, si considera que la gravedad del caso requiere de su intervención, realiza la difusión de llamados urgentes, o bien establece contactos bilaterales con las autoridades del Estado involucrado.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con su mandato, los asuntos que atiende la organización son aquéllos calificados como más graves: tortura, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, por ejemplo, los casos que se reportan son aquéllos en los que los defensores que luchan en contra de dichas agresiones han sido víctimas de tales violaciones.
De las agresiones que con mayor frecuencia han sido sufridas por los defensores de Derechos Humanos de México en el Informe se mencionan las amenazas de muerte, contra sí mismos o contra sus familiares; la vigilancia o el seguimiento constante; registros de oficinas, destrucción de archivos y equipos de oficina; intervenciones telefónicas; allanamientos; campañas difamatorias y acusaciones; arrestos o detenciones arbitrarias; investigaciones policiales ilegales; interrogatorios, etcétera.
Entre los colegas que se señalan como víctimas se encuentran Martín Faz, del Centro Potosino de Derechos Humanos; el doctor Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; María Teresa Jardí Alonso; David Fernández, Digna Ochoa, Enrique Flota y Pilar Noriega, del Centro de Derechos Humanos ``Miguel A. Pro''; Antonio Medrano López, del Frente Mexicano por los Derechos Humanos de Oaxaca; Venancio Hernández, Benjamín Soriano Ortiz, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos; Morelos Madrigal Lachino, del Centro Michoacano de Investigación y Formación ``Vasco de Quiroga''; Araceli Muñoz Valencia, de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; la destacada actriz y defensora de los Derechos Humanos, Ofelia Medina; Gregorio Alvarado López; Manuel Ramírez Santiago y Felipe Sánchez Rojas, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca. Asimismo figuran los atentados cometidos en contra de organizaciones, tales como los dirigidos hacia Conpaz, y el ataque a los 12 miembros de las organizaciones que integraban una caravana que se dirigía a observar la situación en la zona norte de Chiapas, y que fueron objeto de una emboscada, con saldo de varios lesionados y amenazados.
Este Informe revela apenas una pequeña parte de lo que fue el ambiente en el que han tenido que desarrollar su labor los defensores de Derechos Humanos en México. Ojalá mediante su difusión amplia se alcance a comprender la gravedad de la situación que vive el país en la materia para buscar remediarla antes que se desborde.