Los maestros del país celebraron ayer su día en una situación por demás crispada y desfavorable. Las expresiones de descontento por el deterioro salarial que un importante sector del magisterio nacional ha venido manifestando en diversos puntos del país; los lamentables incidentes violentos que, en dos días consecutivos, han tenido lugar en esta capital; la impugnada solución salarial entre la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los propósitos formulados por el presidente Ernesto Zedillo acerca de la prioridad presupuestal y administrativa que su gobierno otorga a la enseñanza pública --propósitos ciertamente plausibles, pero insuficientes--, son hechos que manifiestan los tres principales aspectos de la crisis por la que atraviesa la educación oficial en nuestro país.

En primer lugar, resulta innegable que los educadores han venido padeciendo, desde hace mucho tiempo, una reducción sostenida de su poder adquisitivo con la consiguiente caída en su nivel de vida. Ciertamente, en los años de la más reciente crisis económica, las autoridades han logrado mantener la cobertura escolar pero no mejorar, y ni siquiera preservar, el nivel real de los salarios magisteriales.

El hecho anterior explicaría por sí solo el grave y generalizado descontento que ha ido acumulándose entre los educadores. Pero al deterioro de su nivel de vida se agrega la persistencia de prácticas antidemocráticas en su organización sindical nacional, la cual, si bien ha evolucionado con respecto al corporativismo, la corrupción y el verticalismo que la caracterizaban en los tiempos de Jongitud Barrios, aún dista mucho de ser un sindicato democrático y representativo. Prueba de ello es el hecho de que importantes sectores del magisterio desconocen el arreglo salarial pactado antier entre la dirigencia del SNTE y la SEP. De esta forma, al malestar económico de los maestros se agrega una marcada y entendible inconformidad sindical.

Por otra parte, y a pesar de los propósitos de dignificación educativa y los reconocimientos a los maestros, expresados ayer por el primer mandatario, las instancias gubernamentales --tanto federales como estatales-- se han conducido, ante las manifestaciones magisteriales de las últimas semanas, con actitudes improcedentes que han oscilado entre la falta de sensibilidad política y la determinación represiva, como ha venido ocurriendo en esta capital desde que, durante la visita del presidente Bill Clinton, los educadores inconformes fueron sistemáticamente hostigados por las fuerzas del orden.

En tales circunstancias, y ante los anuncios por parte de la disidencia magisterial de nuevas acciones de protesta en los próximos días, resulta evidente la posibilidad de que la irritación de los maestros tome el curso de una vasta movilización social, que podría articular a otros sectores de la población que comparten los agravios sociales padecidos por los educadores y cuyas impredecibles consecuencias no serían necesariamente positivas. Por ello, resulta necesario que las autoridades realicen esfuerzos adicionales, tanto en el aspecto salarial como en el de la disposición política para solucionar el conflicto.