Raúl Salinas, artífice del fin de la era del abasto popular

Juan Antonio Zúñiga M. Ť Exactamente 45 meses le llevó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari desmantelar una estructura que costó 29 años construir, desde la fundación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en marzo de 1961, hasta la privatización de la primera planta de Industrias Conasupo, el 23 de febrero de 1990.

A partir de esa fecha hasta octubre de 1993, bajo la filosofía del ``liberalismo social'', el entonces director de planeación de Conasupo, Raúl Salinas de Gortari, no dudó ni un minuto en realizar su trabajo sin la carga que representaban 32 plantas y unidades de Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) e Industrias Conasupo.

Tampoco se consideró necesario mantener los 18 mil centros de venta de Distribuidora Conasupo (Diconsa), que tenían como objetivo atender los requerimientos de un abasto oportuno y precios accesibles para 48 millones de mexicanos. Menos aún quedaron en pie aquellas tiendas de hasta con 2 mil metros cuadrados de piso de venta, conocidas como Conasúper, ubicadas en colonias populares urbanas del país.

Durante esas tres décadas, Conasupo pasó de ser puntal del ``Estado benefactor'' a un estado lamentable.

De los 50 mil 787 millones de pesos que en 1997 se presupuestaron para la inversión física de las empresas y organismos del sector público, Conasupo percibirá 0.1 por ciento; es decir, 37.2 millones de pesos que, con todo, son superiores en 14.9 por ciento en términos reales a los recibidos para este fin en 1996. Este organismo recibirá en 1997 subsidios y transferencias 30.2 por ciento inferiores a los del año pasado.

El presupuesto para cumplir sus funciones es de 10 mil 253.7 millones de pesos, una cantidad 18.7 por ciento menor a la de 1996 y equivalente a 2.8 por ciento del monto total destinado al sector paraestatal este año.

Tal vez por la permanente crisis del sector agrícola, o por otras causas, de 1983 a 1993, en que el apellido Salinas de Gortari figura destacadamente en la esfera pública, México importó 28 mil 394 toneladas de maíz. En forma comparativa las compras externas de este grano básico en el periodo de mayor auge privatizador superaron en casi 10 mil toneladas a las adquiridas en los 18 años previos a 1983.

Lo que sobresale en las estadísticas oficiales es que, mientras en 1982 se importaron 249 mil 935 toneladas de maíz, al año siguiente, cuando Raúl Salinas es director de importaciones de Diconsa, las compras externas de este grano aumentaron en mil 758 por ciento, hasta llegar a los 4 millones 645 mil 132 toneladas. Toda una crisis.

A privatizar

Con una celeridad que fue motivo de reconocimientos internacionales, hasta febrero de 1990 la administración salinista había privatizado 57 plantas industriales de diferente tipo y dimensión en las que participaba directamente el capital público.

Entre ellas figuraban ya las 18 plantas de Industrias Conasupo, las cuales fueron vendidas al sector privado en 647.5 millones de pesos (nuevos). Pero no parece que lo importante fuera el importe de lo cobrado por la venta de esos activos, sino más bien la cancelación del principio de regulación de las actividades productivas a partir de la intervención directa del Estado.

Las plantas de Industrias Conasupo fueron adjudicadas a empresas privadas en apenas medio año a partir de la culminación de los procesos de venta. Entre las más costosas figuró la planta de Tultitlán, por la que Unilever pagó 200 millones de pesos al gobierno federal, según la información oficial.

Sin convocatoria, el 22 de abril de 1991 dio inicio el desmantelamiento de Liconsa, con la venta de Productos Alimenticios La Campiña a la empresa Nam Inversiones y tres particulares por poco más de 24.5 millones de pesos.

La privatización de las nueve plantas de Liconsa concluyó el 4 de marzo de 1993 con la venta de Línea de Leche UHT de Jiquilpan (4 mil litros) por casi 2.6 millones de pesos. Pero la más cara fue la Unidad Industrial Aguascalientes, adquirida por Operadora de Lácteos de Aguascalientes en 106.2 millones de pesos, aproximadamente.

En total, las plantas de Liconsa fueron vendidas a la iniciativa privada y dos cooperativas por 235.9 millones de pesos.

El 19 de octubre de 1993 llegó su turno a las cinco unidades de Miconsa -puestas en venta el 2 de abril del mismo año-. Todas fueron vendidas al Grupo Fideicomiso Molinero, en asociación con Promotora Empresarial de Occidente, por casi 476.2 millones de pesos.

En conjunto, el gobierno federal obtuvo mil 359.6 millones de pesos por la venta de la totalidad de las plantas y unidades industriales de Diconsa, Liconsa y Miconsa.

El final

Casi un año después, el 16 de agosto de 1994, la entonces secretaria de la ex Contraloría General de la Federación, María Elena Vázquez Nava, resumió: ``en diciembre de 1988 el Estado participaba en 50 ramas de actividad económica, en 28 de las cuales lo hacía de manera intensiva. Al 31 de diciembre de 1993 se había retirado completamente de 21 ramas, fundamentalmente de la extracción y beneficio de mineral de hierro, de la molienda de trigo y de café, azúcar, tabaco, hilados y tejidos, resinas sintéticas y fibras artificiales, entre otras''.

En un discurso pronunciado al inaugurar el Seminario sobre Desincorporación de Entidades Paraestatales, Vázquez Nava contribuyó así a la definición del liberalismo social: ``la fuerza del Estado y su capacidad para atender las demandas sociales no depende del número de las empresas de que sea propietario, sino de la eficiencia de sus instituciones, la cual siempre será mayor en la medida en que no deba de soportar innecesarios lastres administrativos''.