Si la administración de Salinas de Gortari fabricó la ilusión de la inminente entrada de México a la lista de los países desarrollados, el presidente Zedillo ha inventado nuestro inevitable paso a la ``normalidad'' democrática.

La modernización económica salinista combinó, simultáneamente, elementos verdaderos y grandes fantasías. Avanzó en la creación de una industria maquiladora dinámica y fuerte, e incubó grandes grupos económico-financieros que no sólo aparecieron en las listas de Forbes, sino que pudieron competir con éxito en el mercado internacional. Sin embargo, al mismo tiempo arruinó a una parte significativa de la planta industrial nacional y excluyó a millones de mexicanos de las posibilidades y los beneficios del desarrollo. La modernización económica de una parte de las élites a costa del resto del país polarizó a la sociedad nacional y lastró toda probabilidad de un crecimiento sostenido. Sin ir más lejos, hasta el Banco Mundial ha tenido que señalar que es prioritario para nuestro país combatir la pobreza (La Jornada, 30/04/97).

De la misma manera, la ``normalización'' democrática zedillista está integrada por avances reales en la democracia electoral y por la reproducción del autoritarismo gubernamental en muchas áreas de nuestra vida política. Los triunfos opositores en comicios relativamente poco impugnados y una reforma electoral con algunas mejoras en las condiciones de competencia electoral, son hechos reales. No obstante, de manera simultánea, tal y como lo señala el último informe de Human Rihgts Watch (HRW) sobre México, titulado Deberes Incumplidos. Responsabilidad oficial por la violencia rural en México, persiste y crece la violación a los derechos humanos, y se mantiene la simbiosis entre el partido oficial y el Estado. Como sucedió con la ``modernización'' salinista, el lastre que significa la perpetuación de los nudos autoritarios de nuestro sistema hace inviable que desde los avances democráticos en el terreno electoral se alcance una democracia política real.

De entrada, el proceso electoral mismo, más allá de sus avances, sigue siendo inequitativo. El activismo presidencial a favor del PRI utilizando recursos provenientes de su cargo (como aparecer en cadena nacional defendiendo su participación en un evento priísta) o del regente en un acto del sindicato de los trabajadores del DDF, son un pequeño botón de la desigualdad en la contienda.

La inequidad se reproduce también en la desigual ciudadanización de los órganos electorales. Muchos de los aspectos operativos de la organización de los comicios permanecen en manos de quienes tradicionalmente los han organizado, y un gran número de consejeros distritales y estatales no son más que priístas disfrazados de ciudadanos ``imparciales''. En igual dirección apunta la continuidad del voto corporativo. Las centrales obreras y la Confederación Nacional Campesinas, diga lo que diga la ley, siguen presionando a sus afiliados para votar por el partido oficial. Y la economía informal ha diversificado las redes clientelares: placas de taxi, permisos para el comercio ambulante, regularización de vehículos de contrabando, son materia de transacción electoral.

Como señala el informe de HRW ``el gobierno se niega a enfrentar a los intermediarios del poder local, conocidos como caciques, que apoyan al PRI en el gobierno''. La persistencia de estos grupos locales hace prácticamente imposibles la realización de elecciones libres y justas en una gran cantidad de municipios rurales. Sin ir más lejos, no hay condiciones para la realización de comicios en los distritos de Chiapas de la zona norte donde opera ``Paz y Justicia''.

La fresa en el pastel es el monopolio partidario de la participación electoral consagrado por la última reforma, y el financiamiento de 2.1 mil millones de pesos para gastos de los partidos en los próximos comicios. Estos han propiciado el desarrollo de una contienda electoral alejada de los problemas sustantivos del país, centrada en el tema de la moralidad pública.

Con grandes bolsones de violencia rural, y sin verdaderas condiciones de equidad en la contienda, los próximos comicios serán, empero, un momento de enorme importancia en la recomposición de las fuerzas políticas del país. Serán, también, la muestra de la insuficiencia de la última reforma electoral.