Emilio Zebadúa *
Ciudadanización electoral

El proceso de ciudadanización de los órganos electorales es resultado de un cambio estructural que ha transformado a la institución encargada de organizar y vigilar las elecciones. Se trata, en una primera instancia, de un cambio que se inscribe en la Constitución mexicana que señala, en su artículo 41, fracción tercera, que: ``la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público denominado Instituto Federal Electoral (IFE)'', y que en la composición de su órgano máximo de dirección ``participan el poder legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales, y los ciudadanos''.

La participación de los ciudadanos al frente de los órganos desconcentrados del IFE no es, sin embargo, resultado exclusivo de un cambio legal o institucional. Es resultado, más bien, de procesos históricos de cambio que ha sufrido México en los últimos 10 ó 15 años; procesos que han transformado al país de forma profunda e irreversible en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural.

El punto de origen de este cambio histórico es posiblemente el año 1982, cuando la crisis financiera internacional de ese año detonó una serie de fenómenos que, en su conjunto, han llevado a México por una transición que, sin embargo, no ha avanzado al mismo tiempo en todos los órdenes y, en lo político, aún no ha concluido.

La crisis o conjunto de crisis que le ha tocado sufrir a México desde principios de los 80 y que se han extendido por cerca de 15 años hasta la década actual, no cuentan aún con una historia, pero se han convertido en el marco dentro del cual se desarrolla la vida cotidiana de todos los mexicanos. En este lapso de tiempo destacan los avances que en materia política se han logrado, tanto en el campo legal e institucional, como en el de la competencia partidista y la participación ciudadana a través de una multiplicidad de organizaciones y agrupaciones dedicadas a expresar la creciente pluralidad de la vida social y política del país.

La competencia electoral y el pluralismo caracterizan ahora la vida democrática de México. Los recientes resultados electorales en varios estados de la República en el plazo de los últimos 12 meses son sólo evidencia parcial de esta realidad plural. Las perspectivas que hay sobre la composición del Congreso de la Unión después de la jornada del 6 de julio, o el desenalace posible de varias elecciones en distintas entidades en donde coinciden comicios locales con los federales, y la cerrada competencia de las elecciones del Distrito Federal, auguran desde ahora la continua consolidación del pluralismo político en el México de fin de siglo.

¿Qué número de mexicanos serán gobernados por partidos de diversa filiación ideológica y programas de gobierno en la antesala del siglo XXI? ¿En cuántos partidos se concentrarán las simpatías, las lealtades y las esperanzas de los mexicanos después del 6 de julio y en vísperas de las elecciones presidenciales del año 2000? No es posible saberlo. El dinamismo y los giros recurrentes que trae aparejado un proceso de cambio político como el que vive el país, impiden preveer exactamente el desenlace final: el número de partidos, las políticas predominantes, las configuración de fuerzas; todo resta por definirse.

Pero, en todo caso, no puede haber duda de que bajo cualquier escenario imaginable resulta indispensable contar con una autoridad electoral autónoma que goce de credibilidad y legitimidad entre la sociedad, los partidos y los gobiernos. El proceso de construcción de una autoridad electoral autónoma en manos de los ciudadanos es una tarea que se justifica y se necesita dentro de un proceso de cambio general como el que vive el país. Sólo una autoridad con estas características permite garantizar que los electores tengan confianza en el proceso, y que los partidos se sometan al orden normativo e institucional que rige las elecciones.

* El autor actualmente es consejero electoral en el Consejo General * del IFE.