En estos clintonianos días, una de las cosas que más me ha llamado la atención es el renuevo de la vieja pretensión de los sindicatos norteamericanos de que se modifique el TLC, en realidad, una exigencia indirecta de que se cambie el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Por cierto, coincidiendo en los propósitos con la aguerrida Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

Ese es un problema que debe analizarse con cuidado.

Los sindicatos norteamericanos pretenden --y no les faltan argumentos-- que se modifique la estructura corporativa de nuestro sistema laboral, de manera que se eviten los contratos de protección que propician rebajas de condiciones de trabajo e incumplimiento notorio de las reglas de la ley en perjuicio de los trabajadores. Y con ello, ventajas comerciales indebidas para las empresas radicadas en México.

A lo largo de la discusión del ACLAN, un campo de batallas épicas, la delegación norteamericana --encabezada por el muy inteligente Joaquín (Jack) R. Otero, antiguo dirigente de la AFL-CIO-- pretendió que se sancionara a México de violarse cualquier regla de juego, y en particular las relativas a los derechos colectivos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga por la vía de negativas de registros y tomas de nota, contratos de protección y calificación negativa de las huelgas. La delegación mexicana, presidida por Norma Samaniego, y con la presencia constante de Jaime Serra Puche, se negó a aceptarlo y el resultado, claramente conveniente para nosotros, redujo a consultas los temas escabrosos, y a tres cuestiones de menor nivel: aplicación de las reglas de seguridad e higiene; edad mínima para trabajar, y pago del salario mínimo, los problemas que podrían suscitar la intervención de un panel arbitral para la solución de controversias, con posibilidades de sanciones finales.

Las varias quejas presentadas hasta la fecha en EU se han referido sistemáticamente a temas colectivos (denominados ``políticos'') y obviamente no han procedido. De ahí la insistencia de la AFL-CIO para que se cambien las reglas de juego. Pero: ¿cuál es el problema?

Uno y muy simple: los americanos quieren evitar quedarse sin empleo ante la posibilidad de que sus empresarios se muden abajo de la frontera para aprovechar las ventajas de nuestro corporativismo. Ese es el concepto de la llamada ``cláusula social'' que ellos imponen para otorgar el carácter de nación más privilegiada en materia comercial a ciertas naciones del Caribe. Por ello les exigen el cumplimiento de convenios fundamentales de la OIT, entre ellos el 87 --referido a la libertad sindical--, que EU no ha suscrito, por cierto.

La razón es clara y se entiende. Pero hay dos problemas para aceptar sus exigencias. En primer lugar, que lo que pretenden es privar de la oportunidad de empleo, que tanta falta nos hace, a los mexicanos. En segundo término, porque no podríamos admitir de ninguna manera una intervención ni del Canadá ni de Estados Unidos en temas que nosotros estamos obligados a resolver.

Lo dramático es que la famosa Red que combate hombro con hombro con los americanos a favor del cambio, tiene razón en cuanto que hay que acabar con el corporativismo en México y sus contratos de protección, pero no la tiene en cuanto pretende que la solución venga de fuera. Ese es un viejo tema de discusión con mis queridos amigos Berta Luján y Arturo Alcalde.

En rigor, la actitud de la AFL-CIO es de un verdadero imperialismo sindical. Pero lo cierto es que nuestros intereses no coinciden con los suyos y aliarse con ellos, como ya ocurre, es aliarse en contra del empleo en México y a favor del intervencionismo intolerable en el control de nuestra vida laboral.

Lo que no quiere decir que no seamos nosotros mismos los que debemos luchar para acabar con el odioso corporativismo al que, por cierto, le veo cada vez menos posibilidades de vida. Y no se trata de un eufemismo.

En síntesis: no al cambio del ACLAN. Fue un gran triunfo mexicano.