Eduardo Montes
Como en el diazordazato

Durante sesenta horas --del 5 al 7 de mayo-- diversos cuerpos policiacos y militares, seguramente por instrucciones del gobierno federal, realizaron en la ciudad de México acciones ilegales diversas y cometieron graves atropellos a los derechos constitucionales de los mexicanos. El objetivo fue impedir, a como diera lugar, cualquier manifestación pública de inconformidad ciudadana por la visita a la capital de la República del presidente de Estados Unidos. Fueron acciones, además de ilegales, excesivas e innecesarias.

El ambiente de esos días trajo a la memoria etapas del pasado, del diazordazato o de otros gobiernos de los años 50 y 60, cuando la Constitución era letra muerta en lo relativo al ejercicio de las libertades públicas. Miles de policías ocuparon zonas céntricas de la ciudad; ejercieron una vigilancia amenazante; se establecieron retenes con la participación de personal militar con vestimentas civiles; se impidió violentamente la realización de marchas y mítines en Paseo de la Reforma; más de 30 ciudadanos --pertenecientes a diversas organizaciones sociales-- fueron detenidos sin orden judicial y consignados ante agentes del Ministerio Público, acusados de delitos inventados. Varios cientos de profesores de algunos estados de la República, que realizan un plantón en apoyo a demandas gremiales, fueron cercados por la polícía y se les impidió cualquier movimiento.

El profesor Teodoro Palomino, dirigente de Alternativa Socialista, fue sacado de las oficinas de esa organización por una veintena de policías fuertemente armados, y más tarde se le presionó para que admitiera el delito de portación de armas. Enrique Bennets Chávez, ayudante de la Orquesta Sinfónica Nacional, fue detenido en el interior del Palacio de Bellas Artes por un miembro del Estado Mayor presidencial; se le acusó de intentar sabotear el concierto al que asistió William Clinton, además de presionarlo tratando de obligarlo a confesarse miembro del EPR. Como evidencia del proceder arbitrario de las autoridades, al concluir la visita del presidente Clinton los detenidos fueron puestos en libertad, aunque a algunos de ellos se les seguirá proceso pues se les impuso una fianza para liberarlos.

Los hechos represivos de esos días no son anécdotas intrascendentes; no pueden ni deben ser minimizados. Sería erróneo admitir con tranquilidad que se suspendan, así sea por un par de días, los derechos constitucionales de reunión y de manifestación pública de protesta. Tampoco puede admitirse la represión selectiva, la aprehensión de personas al margen de los procedimientos judiciales previstos por la ley. En suma, los actos a que nos referimos fueron violatorios de la legalidad y en ellos asomó el menosprecio de las autoridades a los derechos ciudadanos. Además, es indignante que para quedar bien con un visitante extranjero, por más importancia que tenga la visita, las autoridades exhiban un talante emparentado con la mentalidad colonial.

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Algo que también es indignante, además de oportunista y mezquino, es la pretensión de la dirigencia priísta y de su candidato al gobierno del DF de deslindarse del gobierno de Carlos Salinas al que sirvieron fielmente y sin protesta durante seis años. Ni Alfredo del Mazo ni Humberto Roque Villanueva expresaron diferencia alguna con el entonces Presidente de la República. Eran salinistas. Ciertamente Salinas llevó a la práctica el programa del PAN; de ahí su alianza estratégica con el panismo. Pero el gobierno actual no ha variado en modo alguno la estrategia económica y social del gobierno anterior, ¿aplica también el programa panista.