En el marco de la visita del presidente Clinton, la embajada de Estados Unidos en México tuvo la iniciativa de organizar una reunión entre la secretaria de Estado, Madeleine Albright, y un grupo representativo de 19 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a la que también fue invitado el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., AC.
El hecho en sí discutible, y que desde luego se presta a múltiples interpretaciones, fue sin embargo social y políticamente relevante, particularmente en las actuales circunstancias, pues aparentemente daría a entender que así como el actual gobierno estadunidense valora el pluralismo político que se da en nuestro país, considera también la importancia de las organizaciones civiles, especialmente las que defienden y promueven los derechos humanos.
Por encima de las ambigüedades del caso, la secretaria de Estado declaró en efecto que los organismos no gubernamentales son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia, y que un verdadero Estado democrático se reconoce por la vigencia de los derechos humanos y el respeto a sus organizaciones ciudadanas.
Debe sin embargo aclararse que no fue fácil para las organizaciones mexicanas aceptar tal invitación. Para evitar confusiones, manipulaciones y tergiversaciones, muy frecuentes hoy en día, algunas de ellas hicieron incluso pública su actitud, antes de acudir a la reunión, e hicieron patente que las violaciones a los derechos humanos las cometen también las autoridades estadunidenses.
La Academia Mexicana de Derechos Humanos declaró por ejemplo que la aceptaba a partir de una premisa: el reconocimiento y respeto a la soberanía de nuestra nación, a la universalidad de los derechos humanos y a la plena independencia de nuestros respectivos organismos civiles.
El Centro Fray Francisco Vitoria expresó que con su presencia no estaba de ninguna manera pugnando por el abandono de los tradicionales principios de respeto irrestricto a la soberanía nacional y al derecho de la autodeterminación. ``Somos conscientes -añadió- de la frecuente manipulación que se hace del tema de los derechos humanos con afanes intervencionistas de toda índole, práctica reprochable desde cualquier punto de vista.
Sin embargo consideramos que tales principios deben servir para dar respuesta a las necesidades dictadas por la realidad actual, una realidad por demás preocupante en lo que se refiere a la falta de respeto a los derechos humanos''.
Para el Centro Vitoria asuntos tales como las corrientes migratorias, la degradación del medio ambiente o el narcotráfico atañen a todas las naciones e implican una responsabilidad conjunta en su atención, sobre todo en el mundo actual de la globalización.
La violación a los derechos humanos es de la misma índole y no puede por tanto circunscribirse la lucha por su vigencia a las fronteras exclusivas de cada nación. La AMDH aprovechó por ello la ocasión para reiterar, entre otras cosas, en nombre de todos, su rechazo al intento de algunos gobiernos, incluidos los de México y Estados Unidos, de limitar las funciones y restringir las facultades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
``Al tener conocimiento -dijo su presidente- de que algunos gobiernos exploraran la conveniencia de introducir reformas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, queremos reiterar nuestra posición en el sentido de que cualquier reforma en esta materia no deberá restringir la presentación de casos y mantendrá el carácter público de los procesos, lo mismo ante la Comisión que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos''.
Dada la cooperación que en la lucha contra el narcotráfico se ha establecido entre ambas naciones, creemos importante divulgar las sugerencias que el Centro Vitoria presentó a la señora Albright:
1) Que el Departamento de Estado preste atención a las denuncias hechas por las ONG mexicanas e internacionales, sobre todo en los casos en que se encuentre involucrado el Ejército federal.
2) Que se mantenga una estrecha vigilancia sobre el destino de los recursos para enfrentar al narcotráfico.
3) Que bajo ninguna circunstancia se permita que los derechos humanos sean violentados en México con recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos.
4) Que la información obtenida por el gobierno de Estados Unidos sobre la participación de funcionarios mexicanos en actos vinculados con el narcotráfico sea proporcionada oportunamente a las autoridades mexicanas correspondientes, para evitar su utilización con fines políticos y lograr avances en el combate a las drogas