Durante la visita de Clinton, abierta violación de derechos

Representantes de 20 organizaciones populares, sindicales, magisteriales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos señalaron que las operaciones policiacas realizadas durante la visita del presidente William Clinton constituyen ``una clara violación'' a las libertades constitucionales y democráticas. Advirtieron que el clima de represión y ``virtual estado de sitio'', que incluyó la detención de 34 dirigentes sociales y la dispersión de marchas y mítines, podría repetirse en los comicios de julio.

``El gobierno responde a las demandas e inconformidades de los luchadores sociales a través de la violación de los derechos humanos, y se encamina al terrorismo de Estado'', señalaron.

Integrantes de El Barzón, de la Asamblea de Barrios, del Movimiento Proletario Independiente (MPI), de los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro, entre otros, anunciaron que con la asistencia de un grupo de abogados integrarán una denuncia judicial en contra del presidente Ernesto Zedillo y del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, por la violación de las garantías individuales --libertad de tránsito, de reunión y expresión-- cometida durante la visita del presidente estadunidense.

En tanto, las organizaciones sociales integradas en el Comité de Defensa de la Soberanía Nacional presentarán hoy ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, una denuncia formal ``por las detenciones injustificadas y violación de las garantías individuales'' que cometieron los cuerpos de seguridad''.

Teodoro Palomino, dirigente de Alternativa Socialista, detenido el 6 de mayo ``con lujo de violencia'', dijo que las quejas referidas también se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos consideró que las operaciones de seguridad aplicadas en el Distrito Federal ``muestran la ruptura del estado de derecho y la suspensión de las garantías individuales''.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria señaló que sólo en los días posteriores a la matanza de Tlatelolco, en 1968, circularon ``con tanta agresividad'' los soldados por las calles de la capital.

Destaca que los helicópteros, camiones militares, cateos, retenes, detenciones y la disolución de marchas evidenciaron la situación del país.

``No podía exponerse a tan ilustre visitante a un roce con los ciudadanos mexicanos; no podía permitirse que conociera el verdadero rostro del país ni que constatara los resultados de ese milagro económico que se pregona en Los Pinos'', ironizó Gerardo Noroña, de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca y uno de los detenidos por manifestarse en contra de la presencia de Clinton en México. Agregó que parte de esta estrategia de represión consiste en que las autoridades ``inventan'' cargos contra dirigentes sociales para aprehenderlos.

Teodoro Palomino relató que el 6 de mayo a las 12:45 horas lo detuvo ``con lujo de violencia'' un grupo de ``agentes especiales'', quienes pretendieron obligarlo a aceptar cargos como portación de armas de fuego, por los que se le seguirá un proceso federal.

A su vez, José Luis Ceballos, de la dirigencia sindical del INBA, comentó que a su compañero Enrique Benet Chávez, detenido en el Palacio de Bellas Artes, quisieron obligarlo a declararse integrante del Ejército Popular Revolucionario y, dijo, se le sometió a tortura psicológica. ``El gobierno quiere vincular a los movimientos sociales abiertos y legítimos con la clandestinidad y la guerrilla'', aseguró.

Gonzalo Badillo, del Consejo Estudiantil Universitario, detenido con tres estudiantes más, aseguró que fueron ``arrastrados desde el Angel de la Independencia hasta Río Tíber'' y acusados por daños en propiedad ajena en un lugar ``en el que ni siquiera estuvimos''.

Otras organizaciones como el FAC-MLN, la fracción democrática de la CNTE, la AMDH y el FZLN continuarán con la recopilación de testimonios sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y constitucionales para presentarlas ante organismos nacionales e internacionales, informaron. (Fabiola Martínez, Triunfo Elizalde y José Gil Olmos.)