Cesados en una semana, mil 100 ex trabajadores del desaparecido INCD

Juan Manuel Venegas Ť A una semana de haber entrado en operaciones la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud, más de mil 100 trabajadores -entre administrativos y agentes policiacos- del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) han sido separados de sus funciones, unos por negarse a practicar los exámenes de rigor, otros por no aprobarlos y la mayoría por una decisión administrativa que los aleja de sus puestos hasta que se sometan y aprueben las nuevas condiciones para pertenecer al organismo.

En el instituto trabajaba un total de 2 mil 300 administrativos y agentes antinarcóticos, y hasta el 30 de abril, día en que desapareció de la estructura de la PGR, 100 agentes examinados no cumplieron con las cinco pruebas que establece la reformada Ley Orgánica de la Procuraduría, por lo que fueron separados inmediatamente del nuevo organismo. Ahora están incluidos en ``un riguroso censo'' que elabora el Centro de Control de Confianza de la PGR.

Ese centro ``evaluará caso por caso'' y determinará qué corresponde; en el caso de que sean separados definitivamente, serán controlados dentro del censo general que lleva el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

A esos 100 agentes que no aprobaron los exámenes, en los días posteriores se agregaron 200 que rechazaron cumplir con las pruebas de evaluación médica y aptitud física, toxicológica, psicológica, de entorno social y situación patrimonial y poligráfica, a que tienen que someterse todos los nuevos funcionarios de la fiscalía antidrogas.

Entre los días lunes, martes y miércoles de esta semana otros 54 agentes antinarcóticos se negaron a acudir a la presentación de sus exámenes y también fueron separados de sus cargos, hasta nuevo aviso. Incluso, este grupo realizó el martes una ``pequeña manifestación'' a las fueras del edificio de la fiscalía, ubicado en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de México.

La situación interna del recién creado organismo para el combate al crimen organizado se agravó ayer cuando 800 trabajadores (administrativos y agentes) fueron impedidos de acceder a las instalaciones, con el aviso de que únicamente se reintegrarán cuando hayan aprobado los exámenes referidos.

Se les indicó que serán llamados en la fecha que corresponda al inicio de la aplicación de sus pruebas, aunque no se les dio plazo alguno para que esto ocurra. Por lo pronto, informaron, recibieron ``la promesa'' de que podrán acudir a cobrar normalmente sus quincenas en los próximos dos meses, aunque habrá despedidos. Algunos trabajadores anunciaron una manifestación para este jueves a las 9 de la mañana frente al organismo.