451 obreros, legítimos dueños de la fábrica textil de San Lorenzo

Patricia Vega, enviada/ VI y última, Nogales, Ver. ᅤ De manera visible, al lado de la entrada principal, sobre la barda amarillenta, un letrero con letras negras avisa: ``La fábrica de San Lorenzo, mediante juicio laboral, es hoy propiedad de los 451 trabajadores''. Sin embargo, sus 344 telares, calderas y maquinaria, continúan sin funcionar, como si aún estuviera en huelga.

Desde que el 15 de febrero de 1995, los 451 trabajadores de la fábrica textil de San Lorenzo se convirtieron en sus legítimos propietarios, empezaron a vivir tiempos todavía más difíciles: sin salario, desde hace más de tres años, y sin recursos económicos ni créditos para volver a echar a andar la fábrica, han sido ignorados por las autoridades laborales de Veracruz y hostigados por la prensa local y un grupo de esquiroles auspiciado por su antiguo patrón, el empresario Juan Mata González.

Sin embargo, pese a las adversidades, los nuevos copropietarios de la fábrica de San Lorenzo se han lanzado a la epopeya de conservar, rehabilitar y reactivar el centro fabril, con la única riqueza que poseen: su voluntad, solidaridad y fuerza de trabajo.

Los trabajadores de San Lorenzo eran los más sumisos del complejo textil Cidosa. Aceptaron las modernizaciones realizadas entre 1979 y 1986 y se transformaron en los obreros textiles más calificados de la región. Eso explica el por qué en San Lorenzo se halla el conjunto de telares más modernos de la zona --ni en la fábrica de Río Blanco existe maquinaria tan avanzada-- y el hecho de que ahí se produjeran durante muchos años las famosas toallas San Lorenzo, reconocidas por su gran calidad a nivel nacional.

Cuando en 1993 Mata González adquiere Cidosa --hoy Industrias Pino de Orizaba, SA, en proceso de liquidación-- a precio de remate y empieza a solucionar los conflictos laborales en cada una de las cuatro fábricas del complejo textil, deja al último a los trabajadores de San Lorenzo, pues ya había pactado con su representante sindical --Clemente Hernández Flores-- el pago de 10 millones de pesos que equivalían a sólo 40 por ciento de la liquidación que, por ley, les correspondía. Los líderes, a espaldas de los trabajadores, habían acordado con Mata González una cifra desventajosa para los obreros.

Todo anunciaba que con el pago de los 10 millones terminaba el litigio, pero cuando los trabajadores de San Lorenzo supieron que sus compañeros de Río Blanco y Cocolapan recibirían liquidaciones superiores, protestaron por la discriminación de un nuevo patrón que argumentaba que, por ser una fábrica más chiquita, no podía recibir el mismo trato que las otras. Así, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo deciden desconocer el pacto de sus líderes y asesorados por un especialista en materia laboral, el 9 de septiembre de 1993 inician su huelga.

Es cuando aparece en escena el abogado Antonio Argüelles Pimentel, ése que para Mata González es un ``revoltoso'', calificativo que los porfiristas aplicaban, a principios de siglo, a los magonistas que buscaban mejores condiciones de vida para los trabajadores que, agrupados en los Círculos de Obreros Libres, constituyen el antecedente del sindicalismo mexicano, hoy tan golpeado por una política desfavorable a la clase trabajadora.

Un involuntario salto en el tiempo nos remite al 7 de enero de 1907, cuando los trabajadores de Río Blanco se rebelaron ante sus líderes que sí habían aceptado el laudo de Porfirio Díaz, a todas luces favorable a los empresarios textiles.

Más antigua que la de Río Blanco aunque más pequeña, San Lorenzo fue fundada por Tomás Braniff --estadunidense de origen irlandés nacido en Staten Island, NY-- en 1883, y cuenta con la maquinaria más moderna y mejor conservada de Cidosa.

Pormenores de la visita

La fábrica de San Lorenzo fue requipada por sus antiguos propietarios --los Aja del Valle-- entre 1979 y 1986, y sus oficinas fueron trasladadas a la que fuera la casa de Braniff, una vez que concluyó la restauración exterior e interior, respetando el estilo del palacete que durante los últimos 75 años sirvió como alojamiento de algunos empleados y sus parientes.

Medio centenar de trabajadores reciben a la reportera. Ingresamos a unas instalaciones custodiadas ante la inseguridad por diferencias intergremiales que, en ocasiones, han llegado a la violencia. Con documentos oficiales, se apersonan los representantes comunes de los 451 copropietarios: Manuel Díaz Infante, Carlos Tenorio, Graciano Díaz y Erasmo Antonio Vega Rosas. El asesor jurídico, Argüelles Pimentel, permanece callado, en espera de que los trabajadores tomen la iniciativa.

Varios se turnan para mostrar las instalaciones y explicar el proceso en cada área de trabajo: desde las bodegas --aún se mantienen las vías del ferrocarril originales-- hasta la hilatura, para continuar con el teñido, el urdido y el acabado de la tela. Sorprenden las condiciones en que se halla la maquinaria, prácticamente lista para arrancar en cualquier momento. Lo mismo sucede con las tres plantas hidroeléctricas que en funcionan en vacío: sólo falta la voluntad política del gobierno veracruzano para traducir el triunfo de los trabajadores de San Lorenzo en un beneficio económico para 451 familias.

Algunos trabajadores platican su odisea:

Cuando obtuvieron la fábrica, la mayoría de los copropietarios determinaron rehabilitar los bienes adjudicados --inactivos durante más de dos años que duró el conflicto laboral--, así como vender los productos textiles que se encontraban en las máquinas. Aunque les advirtieron que jamás lo lograrían, 60 trabajadores --que llegaron 150-- pudieron, en cuatro meses, desasolvar el acueducto, así como reparar las hidroeléctricas y la maquinaria textil, para la futura venta o reactivación de la planta. Por supuesto que aún faltan algunas refacciones que cuestan varios miles de pesos.

Fue así como lograron procesar varios cientos de metros de tela, lo que les permitió obtener una cantidad superior a un millón de pesos, con los que pagaron el importe de las escrituras de adjudicación; las gratificaciones a los copropietarios que intervinieron en los trabajos de rehabilitación, conservación y vigilancia de los bienes, y la compra de algunas refacciones e insumos necesarios. También se pagó a cada uno de los 451 copropietarios un promedio de mil pesos.

Pero el 14 y el 15 de septiembre de 1995, un grupo minoritario de copropietarios --entre 30 y 60-- encabezados por Jorge Díaz Infante (sin parentesco con Manuel) y auspiciados por su antiguo patrón, Juan Mata González, y por diversas autoridades del gobierno de Veracruz, se apoderaron ilegalmente de las instalaciones de San Lorenzo, suspendiendo el funcionamiento de la maquinaria e impidiendo los trabajos de rehabilitación. Esto fue denunciado ante las autoridades correspondientes, quienes los ignoraron y se negaron a constatar los hechos. Ante esa actitud, la mayoría de los copropietarios decidió rescatar esos bienes el 12 de octubre de 1995, pero por falta de recursos no han podido reactivar la fábrica (se requieren 400 mil pesos para conectar las hidroeléctricas, 800 mil para adquirir refacciones y materia prima --600 pacas de algodón y 200 de poliéster para terminar el escurrido de 200 mil metros tela-- y el pago de un avalúo actualizado); todo con el propósito de vender a un precio justo los bienes adjudicados, para que el logro de los trabajadores se transforme en dinero en efectivo que pueda ser distribuido individual y equitativamente entre todos.

Los ``auténticos'' trabajadores de San Lorenzo coinciden en que los esquiroles buscan entorpecer cualquier acción de los copropietarios para que se vean obligados, por necesidad, a vender dichos bienes --cuyo valor, a precios actuales, oscila entre 120 y 160 millones de pesos-- a su antiguo propietario, Juan Mata González, en la cantidad que éste quiera pagar.

Finalmente, habla Argüelles Pimentel: ``Lo decimos claramente: queremos apoyo financiero para trabajar. No queremos que nos regalen nada, sólo créditos, pero no hemos sido escuchados ni por el gobierno de Veracruz ni por las autoridades federales. Queremos que los trabajadores y sus familias obtengan lo que les corresponde; no nos hemos robado nada, pues los bienes se obtuvieron mediante postura legal. El esfuerzo de los compañeros ha sido muy grande para perderlo y entregar nuevamente los bienes a una persona que no supo conservarlos. Lo que queremos es ayuda honesta, solidaria, para cumplir nosotros --los dirigentes y los asesores-- con nuestra obligación. Luego que la fábrica sea reactivada, cada quien decidirá lo que hace, si vende su parte o si entra a trabajar. Nosotros pensamos que vender no es la única salida. Lo más importante es conservar la fuente de trabajo, como verdadera riqueza de los trabajadores: un patrimonio para ellos, sus familias y para las generaciones futuras. ¡Que el gobierno venga y se cerciore, para que vea con simpatía las bondades del proyecto!''.

Una última escala

La reportera comprobó que las hidroeléctricas Rincón Grande y El Boquerón fueron reparadas y echadas andar por los obreros. Ambas están casi en perfecto estado, faltan algunas refacciones que importan 400 mil pesos. Del aprovechamiento y venta de energía eléctrica los trabajadores podrían obtener los recursos necesarios y ser autosuficientes. ¿Quién dará el sí?

De regreso, por la brecha que nos llevó a las plantas de energía eléctrica, una enorme roca bloqueba el camino; por fortuna, con algunas piruetas, el vehículo pudo pasar. Nadie dijo nada, pero creo que todos pensamos en un evidente acto intimidatorio.