Celebrar un tratado de libre trabajo, plantea el Episcopado a los dos mandatarios

Salvador Guerrero Chiprés Ť Los presidentes de México, Ernesto Zedillo, y de Estados Unidos, Bill Clinton, deberían aprovechar su encuentro para establecer un tratado de libre trabajo que corrija el enfoque dado a la migración en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la enfrente como un fenómeno humano y social antes que como un asunto político, propuso el presidente de la Comisión de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), arzobispo Ulises Macías Salcedo.

Ese tratado incorporaría contrataciones previas a la ocurrencia de la necesidad de la mano de obra, apoyos concertados para transporte y vivienda, y la intención de no aprovechar los movimientos del mercado o de carácter político para descalificar a los inmigrantes mexicanos, dijo el clérigo.

``En la búsqueda del bienestar y la sobrevivencia no hay ilegalidad'', afirmó. En las estructuras de ambos países ``debería predominar la justicia, no el mercado'', agregó.

Representante de la CEM ante la Comisión Católica Internacional de Migración, monseñor Macías indicó que el desajuste de las estructuras socioeconómicas que genera el fenómeno migratorio entre ambas naciones debe ser valorado a la luz de las fracturas familiares y las aspiraciones legítimas que se producen en mexicanos que necesitan mejorar su nivel de vida ante la situación nacional de carestía y desempleo.

Anunció que los obispos de ambas naciones se reunirán a fines de año para abordar el tema.

El arzobispo de Hermosillo indicó en entrevista telefónica que el gobierno estadunidense debe comprender que los inmigrantes ``no son delincuentes''. La migración ``se ha convertido en una gran marea incontenible que difícilmente podrá revertirse'', admitió.

``Ni la Iglesia católica mexicana ni la de Estados Unidos estamos de acuerdo con leyes que atacan los derechos humanos fundamentales de las personas'', entre los cuales mencionó los de tránsito, los relativos al mantenimiento de la unidad familiar, al trabajo y a una vida digna.

El 11 de abril pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano planteó en una declaración para responder al Acta 1996 que reforma en Estados Unidos la ley frente a la inmigración ilegal, que si bien ese país está en su derecho de promulgar leyes, la Iglesia ``no puede aceptar que nadie, especialmente las personas más vulnerables y pobres, por motivos que parecen justificar la protección de unos, haga que otros vivan en el desamparo y estén expuestos a vejaciones contrarias a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales''.

La CEM considera esencialmente injusta la ley antinmigrante promovida por el gobierno de Clinton, especialmente en lo que se refiere a la deportación por buscar alimento y cuidado médico para los hijos de los indocumentados o la negativa de educación y la falta de acogida jurídica en los tribunales federales. Todo ello implica, dice la Conferencia del Episcopado, ``un grave atentado contra los derechos humanos más fundamentales''.