A mi amigo Juan Roque Flores, víctima de una injusticia más en Chiapas

El pasado 30 de abril terminó el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura LVI de la Cámara de Diputados. Es fundamental hacer una evaluación pública del trabajo realizado y del papel de los legisladores en el México que vivimos.

La actual legislatura ha expresado fielmente aspiraciones y limitaciones, avances y retrocesos, temores y logros de este periodo de nuestra historia. Esta legislatura estaba llamada a ser la de una transición consensada, pero en su lugar prevalecieron diferentes inercias: mayoriteo, falta de discusión, asambleísmo, provocación, protagonismo y otros elementos atribuibles al nivel de las fuerzas políticas conjuntadas en ella. Asumir las fallas sin autoflagelarse y destacar los avances sin caer en triunfalismos, es una condición necesaria para hacer una reflexión madura que le debemos al pueblo de México. Existen al menos dos aspectos que es conveniente abordar: la relación de los legisladores con sus electores y con sus partidos y las tareas urgentes que la nación reclamaba y reclama.

Originalmente, el sistema de la cámara baja fue diseñado para que los diputados de mayoría representaran a sus distritos y los llamados diputados plurinominales a sus partidos. En la realidad esto no ocurre así. Los legisladores están más ligados a sus proyectos partidarios que a las necesidades de los votantes. Esto es en general cierto para los diputados de todos los partidos.

La crítica de que los diputados del PRI recibimos línea de nuestra dirección encuentra su correspondencia en el PAN, el PRD y el PT que reciben línea de sus respectivas direcciones. Se votó, en muchas ocasiones, por bloques o fracciones sobre decisiones que antes de discutirse en el pleno ya habían sido tomadas y muchas veces negociadas por las direcciones de los partidos o por las cúpulas de los mismos en la propia Cámara, ¿dónde quedamos la gran mayoría de los diputados?, y lo más importante ¿dónde quedó la opinión de los vontantes?

En principio, la liga de los legisladores con su partido es positiva. Revela intención de defender a impulsar proyectos políticos que son los que finalmente votan los electores. Sin embargo, se ha llevado al extremo. Muchos legisladores se sienten sólo obligados con sus organizaciones y no con los intereses de la nación que no necesariamente son los intereses coyunturales de los partidos. De continuar esto, se corre el riesgo de que el Legislativo se transforme de un poder disminuido frente al Ejecutivo en un poder que podría estar subordinado a los intereses de los partidos, sea cual sea la tendencia de la mayoría. Es importante destacar que en cualesquiera de los dos casos se merma la autonomía real de esta instancia.

En cuanto al segundo punto, muchas fueron las tareas que se acometieron, pero tres destacaban en este período: impulsar la reforma del estado, coadyuvar a la firma de la paz digna en Chiapas y proponer una reforma social. Debemos reconocer que hubo por parte de legisladores de todos los partidos esfuerzos aislados por empujar en esta dirección. Sin embargo, dichos esfuerzos no siempre encontraron eco en sus respectivas formaciones partidarias. Un botón de muestra fue la reforma electoral. Todas las direcciones de los partidos prefirieron negociar en una mesa central, cupular, los detalles de la reforma electoral. La participación de los diputados, de cualquier partido, fue mínima.

El público tiene derecho a saber que lo que ocurrió en la Cámara en los pasados tres años es más complejo que una lucha entre los diputados dignos y los indignos, entre buenos y malos. Fue una lucha de muchos contra vicios que a veces parecen ser parte sustancial de nuestra cultura política.

Todo esto debe servir para, en el futuro, modificar reglas y conductas con el objeto de fortalecer al Congreso. Entre estos cambios deben introducirse aquellos que estrechen la relación entre los distritos y sus representantes, como por ejemplo, las candidaturas independientes y la reelección legislativa. Sólo así el Congreso de la Unión dejará de aparecer como oficialía de partes y se convertirá en un genuino poder ciudadano.