Persiste aquí la tortura sistemática: ONU

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra Ť Las acciones gubernamentales en la prevención de tortura, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las procuradurías de Justicia e incluso la Secretaría de Gobernación fueron objeto de análisis y críticas por diez expertos internacionales en tortura, muy interesados en forzar a que México aplique al ciento por ciento la Convención Internacional contra la Tortura.

Crítica, para evitar que en la prevención y penalización de ese delito siga existiendo una "desarmonía entre la palabra y la acción, entre la ley y sus prácticas", según la opinión de Georghios Pikis (Chipre), o lo que Thomas Burns (Canadá) describió como "la dicotomía con una realidad desesperante, si se cree en todas las informaciones proporcionadas a los expertos por agencias internacionales y organismos no gubernamentales".

Los expertos del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas confirmaron, en la lectura de las cifras de denuncias de tortura, que las procuradu-rías de Justicia ocupan el primer lugar como violadoras de derechos humanos, así como de los derechos indígenas y los de las mujeres, especialmente de aquellas activistas políticas contra las que se favorece como táctica la violación sexual.

El relator especial para México en el comité, Alejandro González Poblete (Chile), afirmó que "el Estado mexicano parece centrar en la CNDH la tarea de investigar casos de tortura", aunque su función es bastante limitada, "dado que carece de capacidad mandatoria".

Bent Sorenseen (Dinamarca) quiso saber con detalle quién controla a la comisión, quién nombra a sus funcionarios, ante quién informa, con qué poder cuenta para lograr que una recomendación se acate, sobre todo tratándose de tortura ejecutada por funcionarios del Estado. Similares preguntas se formularon para el caso de las policías: " Quién las controla, quién inspecciona que las medidas de seguridad sean utilizadas?" El experto Guibril Cámara (Senegal) directamente preguntó: " Es la CNDH independiente del poder político y del Poder Ejecutivo?" " A quién le toca investigar a la policía acusada de torturadora?", preguntó el ruso Alexander Yakovlev.

"La CNDH ciertamente tiene un rol a jugar, y resulta hoy día modelo institucional que se ha expandido en América Central y América del Sur; pero su papel como preventor y penalizador de tortura es limitado, aparte de que carece de facultad ejecutoria, procesal, legislativa y ni siquiera puede apersonarse por la víctima. Sus recomendaciones no son imperativas ni vinculatorias, salvo en el caso de ofrecer reparaciones económicas a las víctimas o a sus familiares", señalaron los especialistas.

A juicio de González Poblete y otros cinco expertos, si bien su facultad moral es apreciable como efecto preventivo, ésta se diluye por la incapacidad de la comisión para expedir averiguaciones de casos.

Los expertos señalaron también "ineficiencias" reiterativas. Como primer caso, "la disfunción judicial", el recurso de amparo en el aún recurrente empleo de confesiones arrancadas por torturas y usadas como aceptación del delito imputado; la falta de preparación de los defensores de oficio, e incluso el que en varios casos son los propios judiciales acusados quienes pasan a oficiar en el aspecto averiguativo. Asimismo, encontraron que el dictamen médico, por ejemplo que las heridas son curables en tiempos mínimos, sirve como prueba de descargo en la práctica de tortura.

Estadísticas contradictorias

En el terreno de las cifras proporcionadas en el tercer informe de México sobre tortura, las cosas no fueron mejores. Los expertos se dijeron sorprendidos de que, de 5 mil 9 quejas registradas por la CNDH, 32.5 por ciento sea por violaciones a derechos humanos, y de éstas, en 302 casos se inculpe a personal de las procuradurías de Justicia y 270 a los cuerpos de seguridad pública. Las cifras tan bajas de denuncias, a juicio del relator para México, pueden deberse no a que la tortura vaya desapareciendo, sino a que se reparten entre las comisiones de Derechos Humanos.

" Cómo es posible que de 45 mil 110 quejas registradas de 1990 a 1996, la comisión haya emitido únicamente mil 22 recomendaciones y concluido apenas 105 casos, o sea 17.5 por ciento de casos terminados por año? Que tan sólo 67 averiguaciones previas se hayan iniciado contra 53 servidores públicos y 14 contra homicidas? Que en todo ese tiempo sólo se haya dictado sentencia condenatoria en dos ocasiones y cinco en casos de homicidio, o sea, siete sentencias en seis años? Por qué ese efecto de embudo?"

Las cifras de expulsiones de extranjeros, que en 1995 fueron del orden de 105 mil 63 personas, también les causaron asombro de un país reconocido como alto garante de asilo; ello puede mostrar "un antagonismo contra el extranjero" dijo el experto Guibril Cámara.

Por lo anterior, el Comité contra la Tortura de la ONU no consideró que las acciones legislativas e institucionales sean el único esfuerzo en el que el gobierno de México debe centrarse en el específico caso de erradicar, prevenir y penalizar la tortura en México. Los expertos insistieron en más capacitación a policías y agentes para respetar derechos humanos, más apertura legislativa y judicial, más recursos a individuos y más presión para que las recomendaciones de la CNDH sean acatadas.

Los expertos dieron cabida a las preocupaciones de organismos no gubernaamentales, incluyendo la expulsión de visitadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el pasado 17 de abril, así como las amenazas contra activistas políticos como el obispo de San Cristóbal, Chiapas, Samuel Ruiz, la defensora de derechos humanos Marie Clairre Acosta, el asesinato del magistrado Abraham Polo Uzcanga, y las torturas a Manuel Manríquez San Agustín y Marcelino Zapoteco Acatitlán, entre otros.

La delegación mexicana, presidida por el embajador Julián Jublanc asistido a su vez por la doctora Alicia Pérez Duarte , no negó la tortura, "la cual ha sido admitida por el propio jefe del Ejecutivo", e insistió en que "para las autoridades mexicanas, en todos los niveles del gobierno y en los tres poderes de la Unión, sigue siendo motivo de preocupación, pero hay un avance cualitativo" en su prevención.