El estatuto migratorio, excusa para impedirles atestiguar la violencia: ONG

Triunfo Elizalde Ť La expulsiones de investigadores y observadores de derechos humanos extranjeros obedece a un cambio de actitud de parte del gobierno federal. Se quiere evitar que vean problemas reales de violencia, y para ello se está utilizando un recurso jurídico migratorio que nunca se había aplicado, consideran la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CDHMAPJ) y el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH).

Según un vocero de la AMDH, no tiene sentido lo que la Secretaría de Gobernación está haciendo a través del Instituto Nacional de Migración.

Pareciera que hay una intención, que no es clara, de evitar que observadores extranjeros de derechos humanos conozcan a fondo la situación de violencia existente contra grupos étnicos en algunas entidades como Chiapas y Guerrero, así como las operaciones militares.

Las expulsiones se prestan a malas interpretaciones, añadió, sobre todo cuando se están aplicando reglas que antes no se observaban contra quienes han entrado al país con calidad migratoria de turista.

''Nos parece dijo, Marisol López, vocera del Centro Vitoria que este tipo de expulsiones están teniendo una connotación terrorista (sic) contra los extranjeros preocupados por el estado en que se encuentra el país, y que resulta también un pésimo augurio y una muy mala señal de la postura del gobierno federal''.

Agregó que ''se está vigilando a los defensores de derechos humanos de una manera muy cuidadosa con el ánimo de encontrar cualquier supuesto acto de violación a las leyes migratorias del país, y eso es terrorismo en contra de los defensores internacionales de derechos humanos''.

Para Rafael Alvarez, asesor jurídico del Centro Pro Juárez, ''hay un cambio de actitud del gobierno mexicano ante el trabajo de observadores de derechos humanos. Se intenta obstaculizar, mediante una maniobra jurídica, el trabajo de observación externa.

Se olvida, añadió, que existe un principio jurídico según el cual todo aquéllo que no está prohibido está permitido. Según la Ley de Población, no existe ninguna actividad prohibida cuando se viene de turista, salvo el caso de que se venga a hacer negocios o se participe públicamente en actos políticos, lo que no es el caso de los europeos por expulsarse, pues sólo estaban presentes.

A los 12 observadores de derechos humanos europeos (tres de Alemania, dos de Francia, uno de Holanda, dos de Italia y cuatro de España) se les cambiaron las visas de turista por tres meses promedio, por solicitudes ''voluntarias'' de salida definitiva. En otras palabras, contra su voluntad se les cambió el estatus migratorio obligándolos a aceptar salir del país casi de inmediato, dijo.

Por su parte, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos hizo notar que en el caso de los defensores de derechos humanos y de la Convención de Ginebra, a los que se les ha ordenado que salgan del país en 48 horas (que hoy se cumplen), procede que con urgencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos impida ese atentado.

Los extranjeros no han intervenido en actos políticos mexicanos; su acción ha sido de carácter humanista y humanitario al ayudar a indígenas despojados a salvar la vida cuando se encontraban dentro de un cerco de muerte creado por asesinos del grupo paramilitar Paz y Justicia, explicó el frente.

En este caso, añadió el frente, ''no opera el artículo 33 constitucional, y es obligación de todo ser humano salvar la vida de aquél o aquéllos que están en peligro de perderla".

Desde Oaxaca, el padre Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, criticó la deportaciones sistemáticas que realizan las autoridades migratorias en contra de ONG y de defensores de derechos humanos.

Más allá de la ''indignación y la impotencia que causan las actitudes despóticas, prepotentes, degradantes y dictatoriales que ustedes (las autoridades gubernamentales) han asumido como estrategia de gobierno ante la población nacional y oaxaqueña, ahora están probando y recono- ciendo, con hechos, ante el mundo lo que no han querido aceptar".

El colmo, sostiene, es que ahora el gobierno ha llegado ''al descaro de deportar a la gente que está colaborando para que en México y en Oaxaca haya paz con justicia y dignidad".