Las recientes propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para colocar deuda externa en la Bolsa Mexicana constituye un nuevo ejemplo de la compleja ingeniería financiera de la que tanto se escucha hablar en esta época de mercados electrónicos y globalizados. Pero, dada su complejidad y novedad, es inevitable que estas innovaciones provoquen numerosas interrogantes sobre los efectos económicos y sociales que puede llegar a ejercer esta nueva deuda externa/interna.

Los directivos de la SHCP se han apresurado a asegurar que no existen peligros, ya que la deuda externa a colocarse será en instrumentos de largo plazo y bajo riesgo. Pero teniendo en cuenta la anterior experiencia de los nefastos Tesobonos, que tanto contribuyeron al crack económico de los dos últimos años, es importante que el gobierno informe con precisión cuáles son las características de esta nueva deuda, no sólo a los inversores, sino también a los contribuyentes mexicanos, que son los pagadores en última instancia. La justificación de las autoridades hacendarias para colocar deuda externa en México es clara en términos económicos. Con estas emisiones se intenta reducir la dependencia de mercados externos para el financiamiento del gobierno, atrayendo capital local al que se le paga en pesos, si bien indexados al dólar. Si los plazos de pago son largos, este tipo de deuda externa-interna puede resultar beneficiosa, ya que podría llevar a que los inversores en el país tengan mayor confianza en las finanzas del gobierno y su capacidad de pagos.

En otras palabras, la nueva propuesta revela algo que es sabido pero no debe ser menospreciado. Los futuros compradores de los nuevos bonos serían, en principio, inversores mexicanos que al poder comprar valores dolarizados tendrían una alternativa a la colocación de sus dineros en paraísos fiscales en el exterior. De esta manera, se supone que se podría reducir la fuga de capitales que tanto daña a la economía mexicana.

Sin embargo, ello también nos remite a otro problema fundamental que es la mala distribución del ingreso, que ha resultado de la aplicación de las políticas económicas actualmente en boga. El gobierno ha buscado atraer a los grandes inversores domésticos precisamente porque son ellos los que están acumulando enormes cantidades de dinero a partir de políticas económicas que aceleran la transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos. Este fenómeno ha sido subrayado con creciente insistencia por numerosos organismos internacionales -Banco Mundial, BID, Cepal-, ya que se observa una caída real de los salarios de la mayoría de la población del país. En este sentido, la nueva ingeniería financiera es reflejo de esta contradicción social y económica que no se está resolviendo, sino que empeora día con día.

El desgarrador problema socioeconómico de fondo, y sus posibles soluciones, por lo tanto, no se encuentran simplemente en la esfera de los instrumentos financieros, sino en una necesaria revisión de la política económica en su conjunto.