Demanda facultar a la CNDH para ejercer acción penal en violaciones graves

Triunfo Elizalde Ť La tortura ha continuado practicándose sistemáticamente en México, "especialmente por las policías judiciales, tanto federales como locales, y últimamente por efectivos de las fuerzas armadas, con el pretexto de la lucha antisubversiva", concluyó ayer en Ginebra el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, luego de examinar el tercer informe de México.

Lo anterior confirma las reiteradas denuncias de Amnistía Internacional (AI) sobre el aumento de la violación a los derechos humanos y la falta de recursos efectivos ante la ley de las víctimas de tortura y malos tratos en el país.

El comité, luego de señalar que a pesar de existir "un detallado marco legal para combatir la tortura en México, indicó que los casos reportados continúan aumentando", y dijo constatar con preocupación "la profunda dicotomía entre el abundante andamiaje jurídico y administrativo instalado para poner fin a la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la realidad que muestran esas informaciones".

En cuanto al acceso de las víctimas de tortura a la justicia, el comité recalcó que "(el) incumplimiento por parte del órgano responsable de la investigación de los crímenes en torno a las denuncias de tortura, en forma pronta y expedita produce, en los hechos, la clausura del derecho de las víctimas a acceder a la justicia para la reparación de sus garantías violadas".

Llamado al gobierno

Entre las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de la ONU destaca el llamado al gobierno de México para que "le otorgue facultades jurídicas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como a las comisiones estatales, para ejercer la acción penal en los casos de graves violaciones" a esas garantías.

La instancia agregó que deben incluirse como casos graves las quejas sobre tortura, e intensificar los programas de formación y difusión incluyendo las cuestiones relativas a la prohibición de esa práctica destinados a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y al personal médico.

Asimismo, urgió al gobierno mexicano a que formule la declaración prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura de la ONU. En el segundo de dichos artículos se permite que el comité pueda considerar casos individuales, presentados por particulares que reclaman que sus derechos han sido violados por los Estados miembros.

Para Amnistía Internacional, las recomendaciones del comité son satisfactorias. Dicho organismo internacional, un día antes de que dieran comienzo los trabajos de la reunión anual del comité, presentó ante éste un informe sobre tortura y malos tratos en México, que consternó el ambiente de la reunión.