En la agenda de Clinton, más presión a México
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 2 de mayo Ť El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas R. Pickering, reconoció que podría haber más revelaciones sobre corrupción de alto nivel en México, informó que Estados Unidos practica exámenes rutinarios de los antecedentes del personal mexicano involucrado en la lucha antidrogas y reconoció que hasta el momento ningún mexicano acusado de narcotráfico ha sido extraditado a Estados Unidos. Las anteriores son una serie de respuestas entregadas por escrito a un comité del Senado y obtenidas por La Jornada.
Pickering respondió así a varias preguntas hechas por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, y entre sus comentarios oficiales señaló que ''mientras mantenemos un alto nivel de confianza en el equipo actual de seguridad pública en México, la corrupción es un problema serio y persistente.... podría haber más revelaciones de corrupción aun entre el personal de alto rango''
Subrayó que ''junto con el gobierno mexicano, ningún reto es de mayor importancia para nosotros que el combate al narcotráfico y la corrupción asociada a ello. Sin embargo, nuestros intereses demandan que dediquemos también nuestros esfuerzos a alentar y apoyar el proceso de reforma política de México y asegurar el curso continuo macroeconómico de ese país y su compromiso al TLC''
Pickering informó a Helms que ''de forma rutinaria, el gobierno de Estados Unidos busca de sus agencias de inteligencia y seguridad pública evaluaciones del carácter y antecedentes de los altos funcionarios antinarcóticos (de México)''. En torno al caso del general Gutiérrez Rebollo --lo que propició esta primera pregunta y respuesta-- reiteró que el Departamento de Justicia, la DEA y la CIA iniciaron una evaluación del potencial daño a sus actividades, que será seguido por una ''evaluación consolidada sobre el daño a la seguridad pública, justicia criminal y a programas de inteligencia''.
En torno a las fuerzas de tarea bilaterales, el funcionario de la Casa Blanca indicó que el proyecto continúa sufriendo debido a un frecuente cambio del personal mexicano, así como por la ''inhabilidad del gobierno para cumplir con su promesa de otorgar financiamiento adecuado''. Agrega que el esfuerzo también es obstaculizado por los ''asuntos aún no resueltos del estatus oficial apropiado y provisiones de seguridad ampliada para el personal de Estados Unidos que apoya las fuerzas de trabajo''. Señala que se considera que se está llegando a un acuerdo sobre el ''estatus legal de nuestro personal'' (o sea, su capacidad de portar armas).
En respuesta a qué seguridades tiene Estados Unidos de que los helicópteros y otro equipo se están usando de forma apropiada para la lucha antinarcóticos, Pickering reiteró la existencia del acuerdo sobre el monitoreo de uso final de ese equipo otorgado a las fuerzas armadas y a la PGR, pero comentó que ''aunque consideramos remota la posibilidad de que el equipo otorgado a la Secretaría de la Defensa Nacional o rentado a la Procuraduría General de la República pueda ser desviado, el potencial (de que eso ocurra) existe...''.
En respuesta a cuántos mexicanos acusados de narcotráfico han sido extraditados desde diciembre de 1994 a Estados Unidos, Pickering dijo que ninguno, aunque mencionó a dos estadunidenses naturalizados mexicanos por matrimonio.