La Jornada 2 de mayo de 1997

La tortura en México, vigente e impune, afirma AI

Triunfo Elizalde Ť Toques eléctricos; intentos de asfixia con bolsas de plástico o inmersión en el agua; simulacros de ejecución y amenazas de muerte; palizas con objetos punzantes, palos o culatas; violaciones y abusos sexuales; introducción de agua carbonatada en la nariz (tehuacanazo), y golpes con la palma de la mano en ambos oídos (telefonazo) son los principales métodos de tortura practicados en México, según el informe que Amnistía Internacional (AI) entregó al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, que comenzó en Ginebra su 18 periodo de sesiones anual.

En su informe, AI asegura que en México la tortura y los malos tratos a los detenidos ``en gran escala son perpetrados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a pesar del compromiso adquirido por el gobierno mexicano de erradicar esas prácticas''.

Por lo general, se asienta, ``lo normal es que quienes las perpetran queden impunes'', pues ``hasta la actualidad nadie ha sido condenado por practicar torturas en México, a pesar de las miles de denuncias presentadas ante las autoridades''.

México está obligado a investigar todas las denuncias de tortura o malos tratos, entregar a los torturadores a la justicia y compensar a las víctimas como lo dispone la Convención contra la Tortura de la ONU, que el país ratificó en 1987. Sin embargo, ``esas obligaciones nada quieren decir en México'', señala AI, al recordar que ``las víctimas de tortura y malos tratos no reciben recompensa alguna por sus sufrimientos, y los responsables de esos delitos permanecen en libertad''.

El Comité contra la Tortura de la ONU, formado por 10 expertos elegidos por los Estados miembros de la Convención -quienes actúan a título personal y no representan a ningún gobierno-, examina también un informe presentado por las autoridades mexicanas en junio de 1996, relativo a la aplicación y el cumplimiento en el país de los ordenamientos de la Convención. Se trata del tercer informe presentado por México.

Por su parte, AI da cuentas de numerosos casos de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, ``incluidas las fuerzas armadas'', hasta marzo de 1997. En algunos, los detenidos murieron como consecuencia de las torturas, y ``a menudo los médicos que examinaron a las víctimas no certificaron las lesiones ni recomendaron tratamiento médico'', señala.

Luego de aseverar que con frecuencia los informes de torturas y malos tratos han sido avalados por pruebas médicas y otros peritajes, que ``las denuncias sólo se han investigado en unos cuantos casos'' y los jueces suelen permitir que ``confesiones'' presuntamente extraídas bajo tortura se utilicen como prueba contra los detenidos, AI manifiesta: ``Al permitirse que estas prácticas sigan existiendo, México ha demostrado una importante falta de voluntad política para aplicar las medidas legales y administrativas pertinentes, adoptadas desde su ratificación de la Convención contra la Tortura de la ONU''.

Debe Clinton defender a observadores

El capítulo Amnistía Internacional de Estados Unidos expresó que el presidente Clinton debe defender públicamente a los observadores de derechos humanos cuando visite México la próxima semana.

``Si promete mayor ayuda y no dice nada sobre los ataques a los defensores de los derechos humanos, Clinton enviaría una señal devastadora de que tales derechos son menos importantes que el combate contra el narcotráfico'', advirtió Ste-phen Richard, director de AI-EU.

Richard destacó que Estados Unidos ``ya aumentó significativamente su ayuda militar antinarcóticos a México, mientras el gobierno de ese país ha violado consistententemente los derechos humanos y condonado los ataques contra activistas de derechos humanos''.

Recordó que recientemente fueron expulsados tres activistas de una organización internacional de derechos humanos, además de las denuncias hechas en contra de observadores en el informe divulgado en diciembre de 1996.