Inexorable destrucción de la histórica fábrica de Río Blanco

Patricia Vega, enviada/ I, Río Blanco, Ver. Ť Ni protestas, desplegados, inspecciones, colocación de sellos de clausura, denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) han logrado frenar la destrucción de la fábrica textil de Río Blanco, un monumento histórico construido a finales del siglo XIX.

Lo que para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un delito --daños al patrimonio nacional-- que se persigue de oficio y amerita castigo, para el nuevo dueño de la fábrica es, simplemente, decisión de carácter empresarial, cuyo propósito es modernizar su nuevo consorcio textil.

Me saqué la rifa del tigre: Juan Mata

Descendiente de asturianos dedicados a los negocios cigarrero y ferretero, el empresario Juan Mata González es uno de los hombres más ricos del país, con inversiones en distribuidoras de automotores, una importante embotelladora de agua mineral y, durante muchos años, tuvo en sus manos la producción nacional de cordelería. Con amistades en las altas esferas políticas y económicas de México, la posición de Mata González es tajante: ``mis colegas dicen que me saqué la rifa del tigre: primero, los trabajadores; ahora, el INAH... y francamente, yo zafo. No tengo el tiempo ni los conocimientos ni los recursos para enfrentarme al INAH. ¡Pero cuidado, esto es una fábrica! Si piensan que es un monumento histórico, pues que lo compre el gobierno mexicano y, entonces, ponemos nuestra fábrica en otra parte. Y ¿sabe qué?, la voy a hacer igual a ésta, porque es la que me gusta''.

La directora del INAH, María Teresa Franco, considera que Mata González ``no ha dado respuesta satisfactoria de carácter legal, y tenemos evidencia de que ha seguido destruyendo Río Blanco; no ha habido instancia capaz de frenarlo. El INAH seguirá el proceso de denuncia, y exhortamos a la PGR para que, con apego a la ley, sustente una investigación que detenga de inmediato la destrucción. Nos sorprende que Mata González haya podido continuar con su acción depredatoria, y vemos con tristeza que, en ocasiones, pese a los estudios técnicos y la denuncia formulada, continúe destruyendo la fábrica. A todos nos queda claro que el señor Mata tiene apoyos que le han permitido cometer un ilícito sin que a la fecha se le haya detenido''.

A casi un año de que el INAH presentara, ante el Ministerio Público Federal con sede en Orizaba, una segunda denuncia de hechos (el expediente 46/96) solicitando la investigación correspondiente --mediante la revisión de peritajes especializados y de alrededor de una docena de pruebas documentales públicas--, y el ejercicio de acción penal contra quienes resultaran responsables --en este caso Mata González--, el licenciado Medardo Domínguez Bernardi en lugar de consignar la averiguación previa como correspondía, ante presiones locales de diversa índole se declaró incompetente para conocer de los hechos y turnó el expediente, hace sólo unos días, al sector central de la PGR, particularmente al área de leyes especiales y delitos de servidores públicos.

Proteger el monumento histórico

Interrogado sobre una posible conciliación, el abogado Angel Ernesto de la Guardia, director de Asuntos Contenciosos del INAH, explica que ``por un principio ético el Instituto no puede desistirse de la denuncia, ya que se trata de un delito federal que se persigue de oficio: se consigna, se cuantifican los daños y se dicta sentencia. Y quiero aclarar que nuestra intervención se limita única y exclusivamente a la protección del monumento histórico y de ninguna manera pretendemos afectar las actividades fabriles o laborales de la empresa que hoy es propietaria de la fábrica''. Lo anterior debe traducirse en que Mata González absorba los gastos de reparación, supervisados por personal técnico del INAH, de manera que el inmueble recupere, en lo posible, su aspecto anterior.

Por otro lado, el antropólogo Samuel Malpica Uribe, presidente de la sección mexicana del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, envió un escrito al doctor Jean Louis Luxen, secretario general del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). La idea es que ambos organismos, adscritos a la UNESCO, se pronuncien ante el gobierno mexicano en apoyo a las acciones emprendidas por el INAH y manifiesten el deseo de que el conflicto se resuelva favorablemente a los intereses culturales y a la defensa del patrimonio industrial. Asimismo, Malpica Uribe informó que el comité que preside se reunirá en la ciudad de Orizaba ``para visitar los caseríos obreros y las fábricas de la región. Nuestra intención es hacernos presentes en el lugar y que los integrantes del comité --representantes de instituciones de 15 estados de la República-- se pronuncien a nivel nacional''.

Compatibles, pasado y modernización

En tanto, el pasado 22 de abril, la asamblea general del capítulo mexicano del Icomos --integrado por unos 250 miembros activos en 12 entidades federativas del país-- manifestó públicamente su apoyo al INAH a través de diversos medios; su presidente, el arquitecto Carlos Flores Marini, señaló en entrevista que en otro momento ``hicimos llegar una carta al gobernador Patricio Chirinos y a las autoridades culturales de Veracruz mostrando nuestra solidaridad con el INAH y pidiendo la intervención del gobierno estatal; sin embargo, a la fecha no han contestado por escrito a nuestra petición. Sabemos que alrededor de Río Blanco hay intereses muy fuertes, pero no se trata de obstaculizar porque sí; pensamos que puede compaginarse la modernización de la fábrica sin afectar el inmueble que es, para nosotros, lo importante''.

Paradójicamente, ante la falta de recursos para concluir la restauración del Palacio de Hierro de Orizaba --joya arquitectónica conocida como `el mecano' que antiguamente funcionó como palacio municipal--el alcalde Tomás Trueba Gracián le ofreció a Juan Mata el mencionado edificio para que, según el empresario, ``yo lo reconstruya y a cambio me lo concesionan por 20 años para que yo haga en él lo que quiera. A mí lo que me interesa es poner una tienda de telas, porque el edificio está en la avenida más comercial de la región, pero me angustia pensar que, luego de invertir, podría tener problemas con el INAH''.

Y es que en una zona afectada por el hambre y el desempleo --el pasado 26 de marzo La Jornada informó que en Vaquería, localidad del municipio de Acultzingo, a una hora de la ciudad de Orizaba, unas 20 personas armadas asaltaron un ferrocarril para llevarse como botín 51 sacos de azúcar y aproximadamente dos toneladas de maíz--, Juan Mata González devino benefactor local e industrial ejemplar, al llegar a la región con la promesa de invertir, por lo menos, 200 millones de dólares en la modernización del complejo textil que acababa de comprar --la centenaria Compañía Industrial de Orizaba, SA (Cidosa), integrada por las fábricas: Río Blanco, Cerritos, Cocolapan y San Lorenzo; las hidroeléctricas Santa Gertrudis, Río Grande y Boquerón, diversos terrenos y edificaciones aledañas, y la planta de Acabados Río Blanco, ubicada en Xochimilco, DF--, así como la creación de un mínimo de 5 mil empleos directos y unos 18 mil indirectos.

Tres años han pasado desde que, en junio de 1993, Mata González compró a Luis Aja del Valle el consorcio, virtualmente en quiebra ante la imposibilidad de satisfacer las demandas de los trabajadores, en huelga desde 1992, por diversas violaciones al contrato ley de la industria textil.

Aja del Valle declinó abordar el tema en entrevista con La Jornada, sin embargo en los círculos empresariales orizabeños se asegura que la operación de compraventa tuvo un monto de apenas 770 millones de pesos --cuando los bienes conjuntos del emporio texil han llegado a ser valuados comercialmente en un billón de pesos-- y que lo ``castigado'' del precio se debió a los fuertes pasivos de la empresa (100 millones de dólares) y al compromiso de liquidar a todos los trabajadores al ciento por ciento con todas las prestaciones marcadas por la ley para luego, una vez levantada la huelga en las cuatro fábricas, recontratar preferentemente a los obreros liquidados para iniciar una nueva relación obrero-patronal limpia de polvo y paja.

El incumplimiento de Mata González

Sin embargo, según diversos testimonios recabados por La Jornada, Mata incumplió el compromiso contraído: de 800 trabajadores liquidados --fuera del plazo establecido y con montos inferiores a los que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, les correspondían-- y que estaban afiliados al Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Fábrica de Río Blanco, cuando mucho recontrató a 200 y condicionó las nuevas contrataciones a la renuncia al mencionado sindicato. Sin un contrato colectivo de trabajo, las relaciones laborales se rigen actualmente por contratos individuales de carácter temporal, sancionados por una comisión de ``delegados'' de los trabajadores, avalada por el senador priísta Alberto Juárez Blancas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Así, lo que inicialmente fue la cobertura de una conferencia de prensa en el puerto de Veracruz (La Jornada, 19/03/97), organizada por el INAH para denunciar la persistencia de Mata González en la destrucción de Río Blanco, nos condujo a un reportaje que, en seis entregas, abordará algunos de los candentes conflictos sociales que ponen en juego el porvenir de cientos de trabajadores de la industria textil.