Los análisis y las críticas formulados en Ginebra por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y por diversas organizaciones internacionales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre ellas, son preocupantes indicadores de que México experimenta un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Los reportes vertidos durante el 18 periodo de sesiones del citado comité trazan un panorama indignante, vergonzoso e inaceptable sobre lo que ocurre en nuestro país en materia de violaciones a los derechos humanos.
Tales documentos nos indican que en México se han incrementado las prácticas y los casos de tortura --descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, amenazas de muerte, palizas, simulacros de ejecución y abusos sexuales, son algunas de las prácticas criminales e inaceptables que funcionarios policiacos y judiciales siguen cometiendo-- y que es poco lo que las instituciones mexicanas han hecho para erradicar tales delitos, castigar a los responsables y compensar a las víctimas.
Estos hechos reales son en sí exasperantes e inadmisibles, pero además han dado pie a que la situación de los derechos humanos en nuestro país sea motivo de señalamientos críticos en el extranjero. De esta forma, la impunidad, los abusos de autoridad y la vulneración de derechos y garantías por parte de funcionarios públicos, se convierten en un nuevo punto débil de la soberanía nacional.
Uno de los factores que ha incidido en el agravamiento de las violaciones comentadas es, por desgracia, el insuficiente desempeño que ha evidenciado recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, caracterizado por omisiones y ausencias en episodios que reclamaban su intervención, por reacciones poco ágiles e incluso por declaraciones equívocas, como lo fue la afirmación de la presidenta de la institución, Mireille Roccatti, en el sentido de que el conflicto chiapaneco es un fenómeno puramente político.
Ante el incremento de la tortura y el descontrol de las corporaciones policiales, la instancia encargada de velar por los derechos humanos en México pareciera haber perdido el rumbo, así como una buena parte de sus márgenes de acción para atacar y corregir estos problemas.
Sin duda, en las desfavorables conclusiones sobre nuestro país elaboradas en Ginebra, pesaron también recientes decisiones gubernamentales como la expulsión de promotores internacionales de derechos humanos, así como la descalificación emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores del informe de Human Rights Watch sobre México.
En esta circunstancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las diversas instancias del gobierno mexicano deberían, en vez de apresurarse a rechazar los informes críticos de instituciones internacionales, tomar nota de los focos rojos que tales documentos indican y resolver los problemas señalados y reflejados en las críticas externas.
Por su parte, la sociedad mexicana debe tomar conciencia del creciente deterioro de los derechos humanos y movilizarse para exigir a las autoridades competentes la realización de acciones efectivas que frenen el alarmante crecimiento de la tortura y el incremento de abusos de poder y de situaciones de impunidad.
Esta es una tarea que reclama la participación de todos, no sólo por un acto de congruencia con esenciales principios humanos y morales, sino también por un elemental sentido de autopreservación: permitir el auge de estas conductas y tendencias delictivas, implicaría dejar a todos y cada uno de los ciudadanos en condición de víctimas potenciales del atropello, la violencia y el desprecio a la integridad y la vida humanas.