Ante la ONU, delegación mexicana defiende logros en el combate a dicha práctica Existen nuevos candados legales e instituciones, indica

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra Ť Los cambios legislativos y judiciales introducidos en México para combatir la tortura, fueron defendidos por la delegación mexicana como ``hechos eficientes y propulsores de una cultura de los derechos humanos''.

Muchas de las preguntas hechas por los expertos del Comité contra la Tortura fueron respondidas; otras serán trasmitidas a ese cuerpo de la ONU en breve.

Entre las respuestas destaca la que explicó que en México ``se ha dejado atrás la valoración lineal de un caso y prevalece el criterio judicial que se solidariza con el inculpado''; y aunque en muchas ocasiones resulta difícil identificar y sentenciar al culpable, se repara el daño material.

``La confesión arrancada por tortura ya no es la reina del ambiente judicial'', aseguró la doctora Alicia Pérez Duarte, ``pues los jueces valoran independientemente cada una de las pruebas presentadas.

``Todo procesado tiene abogado; las defensorías de oficio no dependen de las procuradurías ni están en manos descalificadas, aunque pueda ser que sí carezcan de experiencia'', agregó.

También se dijo que la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es reconocida y abierta. ``Las cifras que ofrece sobre denuncias constituyen un termómetro confiable de lo que ocurre en el país''.

Se calificó de ``desafortunada'' la mala impresión de que en México las autoridades se controlan a sí mismas. ``Si bien los consejos de la Judicatura dependen del Ejecutivo, las policías son controladas por las procuradurías y no por el Poder Judicial. La CNDH ha remplazado en mucho las labores de la Secretaría de Gobernación, en lo tocante a las acciones penales''.

La delegación mexicana indicó que otros candados del sistema normativo mexicano para evitar abusos de funcionarios públicos incluyen a otras comisiones y a los poderes Judicial y Legislativo; ``todas esas instancias controlan a la policía''.

Ante los integrantes del Comité contra la Tortura de la ONU se afirmó que el amparo es eficiente. ``Puede interponerse desde el inicio del caso, y por alguien más aparte del inculpado''.

Asimismo, el recurso de la ``amigable composición'' permite que el delito no quede impune, pues cuando es posible la autoridad violadora es sancionada.

``La CNDH concede el beneficio de la duda para el quejoso, no es así para el Poder Judicial, el cual actúa en estricto cumplimiento de la ley.''

Por otra parte, se comentó que México no está conforme con las cifras de sentencias y quejas por tortura; ``pero no le preocupa su número, sino la existencia de esos casos''. La capacitación específica de los cuadros judiciales, legales y procesales en derechos humanos ``progresa y retroalimenta a las estructuras''.

Y se citaron casos concretos: ``Aguas Blancas se allanó por la intervención de la Suprema Corte de Justicia; el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, relacionado con el conflicto entre el gobierno y la Ruta 100, sigue sin esclarecerse porque la relación causa-efecto de un desacuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia no ha sido resuelta.

``El caso de Manuel Manrique San Agustín, quien cumple el séptimo de 24 años de prisión por homicidio calificado, se mantiene. Por el contrario, las pruebas de la tortura cometida por dos funcionarios han sido resueltas con sentencias; una ya fue cumplida, y en la otra el culpable sigue prófugo.

``Y en cuanto a las amenazas hechas en contra del obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García, y de la defensora de derechos humanos Marie Claire Acosta, las autoridades han ofrecido protección y realizar una indagación profunda. Ambos, sin embargo, han rechazado que se les asigne personal para cuidar de su seguridad personal.''

Por otro lado, se mencionó el caso de los tres integrantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que fueron expulsados del país, y se explicó que esa medida se debió a que ingresaron con visas de turista y ``pretendieron ejercer labores incompatibles con el visado, por ende, violaban leyes mexicanas''.

A su vez, el embajador Julián Jublanc aseguró que muchas de las expulsiones de extranjeros se realizaron porque éstos carecían de papeles migratorios, y sostuvo que en ningún caso hubo violación de la Convención contra la Tortura, ratificada por México en 1987.