Decisión ``peligrosa'', advierten alumnos y académicos

Rosa E. Vargas y Alma E. Muñoz Ť Aproximadamente 50 mil estudiantes de secundaria participaron en la encuesta aplicada por el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) para conocer su opinión acerca del examen único de ingreso al nivel medio superior.

Hasta el momento las tendencias indican desacuerdo con de esta medida y la posibilidad de organizarse para tener más opciones de estudio, que se construyan más espacios educativos y se considere la creación del bachillerato en la Universidad Autónoma Metropolitana.

De igual forma destaca que las preferencias son por la Preparatoria Nacional, los Colegios de Ciencias y Humanidades, así como el Conalep, por encima de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional.

El Comité Estudiantil Metropolitano aseguró el miércoles haber obtenido una respuesta muy superior a sus expectativas en la consulta que realizó ese día entre estudiantes de tercer año de secundaria. Sin embargo, en no pocos planteles las autoridades impidieron la realización del sondeo y algunos directores hasta pidieron la intervención de patrullas policiacas para disuadir a los encuestadores del intento.

Quince preguntas, además de datos generales de los estudiantes, conformaron el cuestionario que aplicó el CEM a casi 50 mil jóvenes. El universo inicial fueron 400 secundarias, generalmente públicas, del Distrito Federal y la zona metropolitana, aunque también se incluyeron algunas particulares, como el Colegio Madrid y la escuela José Revueltas.

En muchos planteles fueron los maestros quienes facilitaron la labor de los encuestadores --alrededor de 400--, aunque hubo planteles, sobre todo de Azcapotzalco, donde se suscitaron incidentes cuando se trató de solicitar la opinión estudiantil.

En las secundarias 143 y 193 de esa demarcación, los directores mandaron traer patrullas para impedir la instalación de las mesas para la consulta; lo mismo ocurrió en las secundarias técnicas 40, de Villa Coapa, y 66, de la delegación Venustiano Carranza. Incluso, en la secundaria 45 de Tlalpan, una brigadista fue momentáneamente retenida por elementos policiacos.

Ricardo Zavala, integrante del CEM, atribuyó tales acciones a la circular que presuntamente las autoridades educativas hicieron llegar a las secundarias instruyendo sobre cómo impedir la consulta.

Mencionó que la muestra contenía aspectos socio-económicos de la familia de los estudiantes y más adelante les preguntaba con la ayuda de quién habían llenado la solicitud para la presentación del examen, cuál fue la primera opción para continuar estudios y cuántas señalaron.

Para los fines del CEM, las más importantes fueron las ``preguntas de opinión'', entre las que se incluían: ¿Estás de acuerdo en el examen único como mecanismo para la selección y el ingreso al bachillerato? ¿Estarías de acuerdo en que cada institución organizara su propio proceso de ingreso al bachillerato? ¿Qué harías en caso de que no respetaran tu primera opción: aceptar la opción que te asignen, rechazarla o dejar de estudiar? En caso de que no respeten tu primera opción, ¿estarías dispuesto a organizarte para exigir tu derecho constitucional a la educación?

En el último apartado, referente a ``propuestas'', las preguntas fueron: Para garantizar el ingreso a tu primera opción, ¿consideras conveniente la construcción de más vocacionales del IPN, CCH y preparatorias de la UNAM? ¿Consideras que el gobierno debe destinar más recursos económicos para la construcción de más escuelas y para mejorar la educación pública? Para que haya más oportunidades para los egresados de secundaria, ¿estarías de acuerdo en la creación del bachillerato de la Universidad Autónoma Metropolitana?

Ricardo Zavala estableció que para este sondeo, el CEM contó con la ayuda de Alianza Cívica, organización que diseñó el programa y la base de datos con que se procesarán las respuestas. Dijo que una vez que se sistematice la información, ésta se enviará a la Secretaría de Educación Pública, a la Comipems e incluso al Congreso de la Unión para que consideren el sentir de los aspirantes metropolitanos a ingresar al nivel medio superior.

Ayer el CEM informó que con una muestra de poco más de 7 mil estudiantes consultados pudieron determinar que existe una ``presión'' vocacional para modificar las preferencias de los alumnos después de que las aspiraciones tuvieron más inclinación por el Conalep que la educación del Politécnico.

Por otro lado, resaltaron la determinación estudiantil por exigir mayores centros educativos de nivel medio superior, además de que se pronunciaron en contra de las restricciones en el ingreso a la educación.

Finalmente, ratificaron su invitación a la asamblea de aspirantes y padres de familia que se realizará mañana en la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Belisario Domínguez 32, para dar a conocer los resultados definitivos de la encuesta.

José Gil Olmos Ť Después de 20 años de que agentes de seguridad pública no habían ingresado a la UNAM a petición de las autoridades para combatir grupos ``porriles'', la decisión tomada ahora por el rector Francisco Barnés de Castro es ``peligrosa'' y ``arriesgada'' para la comunidad universitaria, sobre todo en el contexto del actual proceso electoral, advirtieron organizaciones estudiantiles, académicos y legisladores. Por ello, indicó el jurista Emilio Krieger, la intervención de la fuerza pública tiene que ser ``temporal y limitada''.

A raíz de los hechos violentos protagonizados por estudiantes de la Preparatoria Popular Fresno el 23 de abril, el rector Barnés decidió unilateralmente pedir el apoyo de las fuerzas policiacas. La semana pasada granaderos y patrullas de agentes preventivos y judiciales estuvieron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria e incluso recorrieron el circuito interior cuando se realizaba una marcha en contra el neoporrismo.

El diputado y ex líder del movimiento estudiantil de 1968 Salvador Martínez Della Rocca, alias El Pino, recuerda que el 8 de agosto de 1973 el entonces rector Guillermo Soberón pidió la entrada de la policía para detener a los porros que asolaban a la comunidad. Sin embargo, la fuerza pública sólo detuvo a tres profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Gerardo Estrada, Manuel Márquez y Hugo González Vega.

Más tarde, en julio de 1977, cuando se suscitó una disputa intersindical, la Rectoría pidió nuevamente el apoyo policiaco. Desde entonces las autoridades universitarias no habían solicitado el ingreso de la fuerza pública a la UNAM para resguardar la seguridad de los universitarios.

Emilio Krieger, experto constitucionalista y ex catedrático, señaló que la autonomía le da a la UNAM el derecho de manejar y resguardar el orden con sus propios cuerpos de seguridad, pero puede pedir apoyo cuando existen motivos como la presencia de porros o de traficantes de drogas. Sin embargo, apuntó que la presencia policiaca tiene que ser ``limitada y temporal'', pues de lo contrario se violaría la legislación y la autonomía universitarias.

La UNAM, explicó, no es una ``isla'' dentro de la sociedad y no está reñida con lo que pasa en el país. Dentro del marco de las elecciones los universitarios de todos los niveles tienen derecho a participar, pero con respeto a la UNAM. No obstante --precisó-- sería contrario al estado de derecho que la policía o el Ejército entren sin la petición previa de las autoridades universitarias, so pretexto de detener a grupos de porros.

Rosaura Ruiz, profesora y consejera universitaria, dijo que es ``inaceptable'' la decisión del rector Barnés de llamar a la policía y recordó que en años anteriores ésta sólo ha servido para golpear a maestros y estudiantes.

Consideró que la decisión de Barnés debe analizarse debidamente, pues si se trata de detener a los dirigentes de la Preparatoria Popular Fresno la fuerzas públicas pueden actuar fuera del campus universitario y aprehenderlos incluso en sus domicilios. Además, sostuvo que la propia comunidad universitaria ha reaccionado favorablemente cuando se ha tenido que actuar contra estos grupos sin la presencia policiaca.

Desconfió también de que las acciones violentas de los porros en la UNAM sean ``actos aislados'' y recordó que desde la década de los setenta se sabe que estos grupos han estado relacionados con el PRI y sectores del gobierno.

Martínez Della Rocca, por su parte, precisó que si bien es cierto que ``autonomía no significa extraterritorialidad'' en la UNAM, existen antecedentes de que la presencia policiaca en el campus universitario ha dañado a la comunidad. Aseveró que con esta decisión Barnés reconoce ``implícitamente'' su ``incapacidad'' para administrar y gobernar a la UNAM.

En tanto, en una carta presentada al Consejo Universitario, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras indicaron: ``El cumplimiento de la ley no requiere la intervención de la fuerza pública en el campus universitario. Los delincuentes no somos los estudiantes universitarios, que tenemos pleno derecho a transitar libremente por nuestros espacios. Los delincuentes están plenamente identificados, y si no han sido detenidos es por la negligencia de las propias autoridades judiciales. La autonomía universitaria no se conquista, se ejerce''.