Alertó el organismo contra prácticas oficiales para minar a grupos opositores

Matilde Pérez U. Ť Las prácticas sistemáticas de complicidad gubernamental, impunidad y negligencia pueden amenazar gravemente la capacidad de los grupos políticos de oposición para organizarse y competir con equidad el próximo 6 de julio, afirmaron José Miguel Vivanco y Wilder Tayler, directores Ejecutivo y Jurídico de Human Rights Watch, al presentar el informe Deberes incumplidos, responsabilidad oficial por la violencia rural en México.

Calificaron de alarmante la politización y parcialidad en la procuración de justicia y que el aparato judicial sea utilizado para prefabricar evidencias y testigos contra quienes son considerados ``enemigos de los gobiernos federal, estatales o municipales'', particularmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, objeto de investigación del informe.

En conferencia de prensa los directivos de la organización internacional abordaron el tema de las expulsiones del territorio mexicano de los extranjeros interesados en la observancia de los derechos humanos.

``Este es un problema legal y político''. De ello hablarían la tarde de ayer con el subsecretario de Gobierno, Ausencio Chávez Hernández. Es urgente, dijeron, ``que el gobierno mexicano otorgue visas que permitan el flujo de los observadores internacionales de derechos humanos para mantener un diálogo fluido y constructivo''.

Precisaron que para evitar ser expulsados como los miembros de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, solicitaron una visa especial de trabajo en el consulado de México en Washington y Nueva York, donde les otorgaron la forma FM-3, pero ``ignoramos si este tipo de visa permita realizar actividades como las programadas por los miembros de la FIDH''. Reiteraron su preocupación por la determinación de México de imponer mayores controles, lo que reduce los debates internos y externos respecto de los derechos humanos.

Violencia rural, problema nacional

En el informe -de 66 cuartillas- Human Rights Watch advierte que si el Estado no se apega a las normas de los derechos humanos, habrá mayor violencia. Enumera las cinco prácticas sistemáticas que la provocan: el gobierno se niega a enfrentar a los caciques o intermediarios del poder local que apoyan al PRI y la situación se agrava cuando esos caciques arman a civiles para que defiendan sus intereses.

Las autoridades federales, estatales y locales suelen desmentir la existencia de problemas en materia de derechos humanos, incluso en los casos más flagrantes; sólo actúan ante intensas presiones locales, nacionales e internacionales.

La impunidad sigue siendo la regla general para los violadores de los derechos humanos y partidarios del gobierno. Esta regla se aplica a los ciudadanos del área rural, así como a funcionarios y oficiales militares que han cometido abusos en nombre de la lucha contra la guerrilla.

Las acciones violentas, como asesinatos y expulsiones, también han afectado a militantes del PRI. En estos casos las autoridades han mostrado mayor disposición a investigar.

Los funcionarios judiciales federales y estatales no cumplen con su responsabilidad de garantizar que las víctimas de la violencia rural tengan acceso efectivo a recursos legales. Esta situación, abunda, ha provocado que en Chiapas -donde se han agravado las tensiones desde 1994- se fortalecieran los grupos armados identificados como Los Chinchulines, ``grupo de simpatizantes de la línea dura del PRI'', y Paz y Justicia, entre otros, que en ocasiones actúan coordinados con la policía.

La creciente violencia en Chiapas, particularmente en la zona norte --que ocupa la parte más extensa del informe-- tiene sus orígenes en motivos políticos, religiosos, de tierra y contrainsurgencia, pero ``existe la posibilidad de que mientras algunas personas del gobierno estatal dedican su energía a negociar soluciones a los conflictos por comunidad, otros estén sacando provecho o manipulando los conflictos para promover sus propios objetivos políticos o contrainsurgentes, o que los oficiales desvíen su atención en interés de los poderosos terratenientes''.

En Guerrero, acota, continúa la violencia desde la matanza de Aguas Blancas. Cita los 11 asesinatos de militantes del PRD en el municipio de Tlacoachistlahuaca. Las motivaciones han sido aparentemente políticas derivadas del conflicto electoral de 1995 y los asesinos siguen impunes.

Externa su preocupación porque desde la aparición del EPR, el Ejército y las autoridades civiles han acosado a organizaciones que presuntamente tienen un vínculo con ese grupo armado. En las comunidades ``hay una caza de brujas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, hostigamiento, tortura, secuestros y un clima general de inseguridad y terror''.

Detenciones, torturas y limitaciones a la libertad religiosa son también el factor común en las regiones rurales de Oaxaca, agudizadas desde la presencia del EPR. Refuerza sus señalamientos con los informes que sobre el estado realizaron en 1996 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Minnesota Advocates for Human Rigths y Heartland Alliance for Human Needs y Human Rigths.

Recomienda suspender ayudas y acuerdos económicos con México

A Washington le sugiere adoptar medidas políticas y diplomáticas para persuadir a las autoridades mexicanas a que acaben con la impunidad, así como condicionarle la ayuda en materia de seguridad y retirar todo apoyo al Ejército Mexicano en tanto no se procese judicialmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el combate con el EZLN en enero de 1994.

A la Unión Europea le propone revisar el historial de México en materia de derechos humanos antes de consolidar un nuevo acuerdo político, de cooperación y comercial. A la Comisión Europea en México le pide que siga ayudando a las ONG defensoras de los derechos humanos y que nombre un delegado encargado de esos asuntos.

Las recomendaciones también abarcan a los gobiernos federal y de Chiapas y a la Cámara de Diputados. El primero debe adoptar políticas agresivas para frenar la violación a los derechos humanos en el área rural; tratar el asunto del EPR con respeto estricto a la ley; retirar sus reservas a los tratados internacionales en materia de derechos humanos relativas a la expulsión de extranjeros sin el debido proceso, y convocar a una fuerza de tarea independiente para que investigue las violaciones en Chiapas.

Al gobierno chiapaneco le propone que apoye el programa de reconciliación de la Secretaría de Gobernación; condenar públicamente y emprender acciones legales contra Los Chinchulines y Paz y Justicia y contra todos los grupos civiles armados que participan en la violencia con motivos políticos o religiosos; actuar legalmente contra los oficiales de policía que toleraron la participación de guardias blancas en acciones policiacas en Chicomuselo, Palenque y otros municipios; restaurar la libre circulación en los municipios de la zona norte, y el retorno de los expulsados de todas las comunidades. A los partidos políticos les pide que aclaren a sus seguidores que el uso de la violencia no será tolerado ni apoyado.

La Cámara de Diputados debe reunir información sobre la violación a los derechos humanos en el área rural y servirse de su autoridad para que se investigue a los funcionarios responsables de los abusos.