José Agustín Ortiz Pinchetti
El derecho en la transición y el derecho a la transición

Pintan a la justicia como una señorita con los ojos vendados. Orozco la pintó en el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una prostituta a la que se le había movido la venda para ver el dinero. Zaid la identificó en 1968 con la corrupción: ``Ciega de furia, a dos puños, con espada y balanza''. Así fue la justicia mexicana hasta 1995. Las cosas están cambiando. Ningún hecho de la transición es más sólido que la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la forma como ha venido operando hasta ahora. Lejos de producir justicia ciega, la ha generado lúcida.

Sin embargo, no toda la nueva justicia tiene la misma claridad. El novísimo Tribunal Electoral no ha dado muestra alguna de ser víctima de la influencia o del dinero, pero sí de una ceguera peligrosa. Sus resoluciones están creando un derecho electoral acartonado y enemigo de la Nación, justamente en el momento del cambio que vive el país.

Como muestra basta un botón: los consejeros electorales del IFE recomendaron a los gobiernos que 30 días antes de las elecciones suspendan la publicidad en programas de obras. Además, se dispuso la creación de una comisión especial que se encargara de revisar denuncias por coacción al voto ciudadano. Lo que se pretendía, en esencia, era poner un límite a los abusos generados por una vinculación indiscutible y no revocada hasta hoy del gobierno federal y su partido, mantenida desde hace 65 años. Todo mundo entendió lo que el IFE pretendía a través de ese exhorto: bloquear un tanto el mecanismo que aplasta a la oposición con una campaña financiada con los recursos del pueblo, que exalta las maravillas del gobierno federal y que sirve para inducir el voto a favor del PRI.

El PRI, sintiéndose (con razón) aludido, reclamó ante los jueces electorales el acuerdo, y el flamante Tribunal lo revocó interpretando la exhortación como prohibición a funcionarios de publicar obras sociales 30 días antes de la elección. Los magistrados también acordaron la desaparición de la Comisión que investigaría las presiones hacia los votantes.

La resolución del Tripofe (no les gusta que les llamen Trife) es imperfecta en el plano jurídico: el Consejo General del IFE sí tiene la facultad de dictar acuerdos para hacer efectivas las atribuciones centrales que le otorga la ley y la Constitucón, entre otras, y como la principalísima, de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. ¿Qué mejor forma de contribuir a alcanzar este fin que recomendar al gobierno (con independencia de su color político) que no haga campaña de propaganda en la recta final de la contienda? ¿Qué cosa más legal que crear una comisión para conocer los actos generales de presión o coacción contra los electores?

Pero lo que más preocupa en este caso no es la incompetencia jurídica, sino el candor de algunos de estos magistrados. Pretender que sus resoluciones deben estar ayunas de consideraciones de carácter político.Como si un tribunal que resuelve sobre temas políticos no estuviera haciendo política. El judicial es un poder político que compensa a los otros poderes políticos, máxime en materia de interpretación de los derechos políticos de los ciudadanos. Una cosa es hacer política de partidos y otra hacer alta política de Estado, y esto es lo que se les pide que hagan los Tribunales Electorales.

La postura que está tomando el Tripofe de una interpretación letrista de la ley, nos hace pensar que estos excelentes abogados, algunos de ellos maestros en Derecho, se han creído que México vive ya en la normalidad democrática; que es lo mismo un partido de Estado que no ha perdido una elección en siete dócadas, que sus opositores a los que se les arrebató, con fraudes, sus triunfos, y a los que se les venció de manera inicua en 1994, gracias nada menos que a actos de presión y de coacción contra los electores. Entre otros, las campañas de terror publicitario y la festinación de la obra social para inducir el voto a favor del PRI.

¿Cómo pueden olvidar los magistrados que el Derecho Electoral vigente es un estatuto imperfecto, que lo aprobó sólo el PRI por mayoriteo, que contiene multitud de contradicciones y lagunas? Toda la intención de la última reforma ha ido dirigida a hacer efectivo el principio de equidad, que es la asignatura pendiente de las elecciones mexicanas y que está consagrado en la Constitución. Las imperfecciones de la ley actual deberán de ser resueltas por tribunales que asuman con valentía su responsabilidad histórica. Esto, que se podría pedir a todos los tribunales, debe exigirse a aquéllos que tienen la última palabra en las controversias. Si no orientan sus interpretaciones más allá de la urdimbre de las disposiciones menudas, hacia los grandes principios democráticos instituidos y garantizados por primera vez en la Constitución, sus decisiones se volverán una y otra vez una rémora para la transición.

Provocarían inevitablemente una nueva ronda de negociaciones de los partidos de oposición con el gobierno y el PRI después de 1997, y otra reforma que barrería de nuevo con los aparatos judiciales y administrativos que hubieran resultado ineficaces.

Estos incidentes están fortaleciendo, ante la opinión pública, a los nuevos consejeros electorales, que están demostrando saludable independencia y una inteligente interpretación de la ley para orientarla a la equidad. En cambio, los fallos del Tripofe nos obligan a enfocar nuestra preocupación (con angustia) hacia este nuevo órgano judicial en el cual algunos habíamos puesto muchas esperanzas.