Desaparece el INCD.

En tiempo corto, que tal vez no llegue a semanas, el gobierno anunciará su intención de desaparecer al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), como lo recomendaran apenas el 11 de abril un grupo de especialistas.

Falta conocer en detalle la dirección que se dará a este nuevo proceso de restructuración de la Procuraduría General de la República (PGR), pero de momento ya está el aval del presidente Ernesto Zedillo.

Por lo que fue posible saber, las intenciones avanzan hacia la conversión de ese instituto en un cuerpo parecido a la Fiscalía para Delitos Electorales, pero ésta dedicada a combatir los delitos contra la salud.

Dependería obviamente de la Procuraduría, con facultades mucho más amplias, y al frente iría el propio Mariano Herrán Salvatti, actual director del INCD y ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal.

Cuerpo nuevo a salvo de la injerencia de narcos

Un equipo de expertos en derecho y operadores de inteligencia elaboran la norma con que se integrará el nuevo organismo, al que se le dará vida con estructuras diferentes de las que ha operado hasta ahora el instituto a desaparecer.

La idea partió del Grupo de Trabajo para la Reforma de la PGR, que integró apenas el 26 de febrero el procurador Jorge Madrazo, y durante su encuentro con el primer mandatario esos especialistas propusieron una Fiscalía Especial de Delitos contra la Salud.

En su boletín 239, la Presidencia de la República describió así el planteamiento de la docena de licenciados y doctores en derecho:

``1. Que a la brevedad se promueva la desaparición del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, que actualmente es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República, dado el avanzado deterioro que ha experimentado desde su creación, la corrupción en que han incurrido diversos servidores públicos de esa institución, la deplorable injerencia que en esta estructura ha tenido el crimen organizado, además de la baja eficacia demostrada en el desmantelamiento de los cárteles de la droga.

``2. La creación de una Fiscalía Especial de Delitos contra la Salud con dependencia directa del procurador general de la República y bajo cuya responsabilidad figure un fiscal designado por el titular del Ejecutivo federal. Esta fiscalía sustituiría al actual instituto...

``3. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Salud debería estar integrada, exclusivamente, por personal ministerial, policial, pericial y administrativo que hubiese aprobado satisfactoriamente los exámenes:

``a) Médico toxicológico

``b) Psicológico

``c) Situación patrimonial

``d) Visita domiciliaria, y

``e) Poligráfico.

``4. Por ningún motivo ingresarían a la Fiscalía Especial quienes no hubiesen aprobado dichas evaluaciones''.

Se trabaja en esa dirección para dar vida jurídica al nuevo organismo y en altas esferas gubernamentales se afirma que el proyecto está casi listo para entregarlo al Presidente y para anunciarlo a la nación en pocos días.

Luego vendrá el resto del procedimiento: presentación de la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión --cuyo primer periodo ordinario del año está por concluir--, reformas a leyes, publicación e instrumentación por la Procuraduría General de la República.

Pendiente, cambiar el sistema de enjuiciamiento

A esta acción seguirán necesariamente otras de mayor alcance. Los especialistas del grupo citado coinciden con los actuales funcionarios de la Procuraduría en que el sistema de enjuiciamiento penal mexicano no puede seguir como está.

Este será otro estudio, también casi terminado, y partirá de un hecho innegable: las enormes fallas que se dan en la integración de las averiguaciones y en primera instancia, del Ministerio Público al juez penal, dificultan a menudo a la justicia.

No se necesita hurgar mucho para dar ejemplos. Por mala integración de las averiguaciones fue posible que salieran en libertad varios de quienes se sospecha participaron en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Este tipo de errores benefician en mayor medida a quienes se persigue por delitos contra la salud, a los narcotraficantes. En la semana se dio el caso que obliga a reabrir un proceso contra Rafael Caro Quintero por una falla imperdonable.

Un Tribunal Colegiado de Circuito le concedió el amparo para reponerle unos careos constitucionales que quién sabe por qué no se realizaron en su momento y que ahora enfrentarán obstáculos porque uno de los seis testigos ya falleció.

--¿Estos careos por qué no se realizaron en su momento? --preguntó el reportero de televisión Guillermo López Portillo al subprocurador general de Control de Procesos de la PGR, Alfonso Navarrete Prida. Su respuesta:

--Estamos estudiando el expediente. Como usted puede comprender, se refieren a años pasados que no le tocaron a esta administración federal, y entendemos que hubo dificultad en la localización de alguno de los testigos.

``Eran gente que le imputaba la comisión de diversos delitos al señor Caro Quintero. Tenemos certeza que uno de estos testigos, con los cuales se van a celebrar estos careos o deberían celebrarse estos careos, ha fallecido...''.

--¿Es un nuevo juicio? --preguntó Guillermo López Portillo más adelante.

--El mismo juicio, donde solamente se debe reponer el procedimiento. El señor Caro Quintero no está absuelto de ningún delito. Las pruebas que se dieron de baja para condenarlo y sentenciarlo están firmes y así esperamos que se mantengan.

--¿Hubo alguna irregularidad o faltas al proceso?

--Esta es la única irregularidad procesal que se detectó por parte de los señores magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, de un proceso, repito, que se desarrolló en el año de 1989 y esperamos que se sustancie a la mayor brevedad (sic) posible.

Las medidas por venir demostrarán que la reforma panista para mejorar la aplicación de la justicia fue incompleta e inadecuada. Fernando Antonio Lozano Gracia y su equipo de asesores tuvieron todas las libertades para elaborar iniciativas --uno de los asuntos encomendados a Fernando Gómez Mont-- pero ni siquiera dejaron leyes congruentes. Ya se verá.

El gobierno previene la no difusión de sus obras

De secretarías de Estado ha salido la orden de acelerar trabajos en las obras en construcción, con el objetivo aparente de terminar las más posibles e inaugurarlas los días finales de mayo o los primeros de junio próximo.

Esto significa, interpretan funcionarios de buen nivel, que el presidente Zedillo dará la orden de acatar un acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) según el cual la difusión de obras deberá suspenderse un mes antes de los comicios.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inconformó con este acuerdo y luego fue declarado ilegal por el Tribunal Federal Electoral (Trife), cuyos integrantes consideraron que los consejeros electorales se tomaron atribuciones que no les corresponden.

Es decir, el gobierno no está obligado jurídicamente a dejar de promover sus obras en víspera de las votaciones, pero lo hará para evitar cuestionamientos y polémicas con la oposición por esta causa.

Del caso han hablado muchos --la voz notoriamente ausente es la del contralor Arsenio Farell Cubillas--, desde el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, hasta el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas.

Este tocó el tema de la honestidad, de la no politización de las obras, ante presidentes municipales michoacanos de todos los partidos. Se reproducen párrafos suyos a los que sólo falta fijar el 6 de junio como fecha límite para su difusión:

``El Presidente de la República nos ha dado instrucciones para garantizar que las acciones del desarrollo no se vinculen, en ningún caso, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, a los trabajos de proselitismo que llevan a cabo los distintos partidos políticos.

``Pero también hay que señalar con toda claridad que se equivocan quienes menosprecian la conciencia política de los mexicanos. La dignidad de nuestro pueblo no está sujeta a transacciones o componendas de carácter electoral. No obstante --agrega-- seremos estrictos en la vigilancia de que los recursos públicos no se desvíen, en ningún caso, para fines distintos a los que prevé la ley''.

Con Rojas --en plática con reporteros-- coincidieron varios gobernadores. Cuatro de ellos --el guerrerense Angel Aguirre Rivero, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, el chiapaneco Julio César Ruiz Ferro y el quintanarroense Mario Villanueva Madrid-- dijeron que el PRI no necesita de inauguraciones de obras en víspera electoral para ganar votos.

Eso sí, reclamaron que la oposición actúe con el mismo rigor. Porque en 1994, recordaron, el gobierno federal decidió suspender promociones e inauguraciones 20 días antes de los comicios. Lo hizo, mientras los panistas se daban vuelo en Chihuahua, Baja California y Guanajuato.

Tema libre

De repente le vino la rehabilitación política al neoleonés Ricardo Canavati Tafich. No ha mucho que el candidato Natividad González Parás se expresaba mal de él y ayer lo revivieron por doble vía: Elba Esther Gordillo lo nombró su segundo en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), donde formalmente será el coordinador general ejecutivo del sector popular del Partido Revolucionario Institucional, y su partido lo incluyó en el cuarto lugar de su lista de candidatos plurinominales en la segunda circunscripción... Gordillo Morales designó a la vez al general Alvaro Vallarta como secretario de comités estatales... La directora general de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), Socorro Díaz Palacios, dijo a estudiantes preparatorianas que las mujeres aumentan su participación en la vida profesional del país. Sus datos: en ciencias sociales, letras y literatura la proporción de mujeres profesionistas en los noventa rebasa el 70 por ciento; en ciencias químico-biológicas y de salud anda arriba del 68; en odontología en 55.5, en diseño gráfico 53.6 y en ciencias de la comunicación en 52.8. Se observa, recalcó la funcionaria, una ``emergencia femenina''... A la designación de secretarios priístas de circunscripción, iniciada el viernes pasado con el sonorense Carlos Armando Biebrich en la primera y Manuel El Meme Garza en la quinta, le seguirán la de Enrique Jackson Ramírez en la cuarta, Ismael Orozco Loreto en la tercera y Artemio Iglesias Miramontes en la segunda. Su instrucción: arraigar las campañas políticas de los candidatos del tricolor a diputados y senadores... Para el apunte: ¿simple casualidad que ahora nadie hable de conflictos en Las Cañadas y que éstos se hayan trasladado a la zona norte del estado de Chiapas, donde hay 600 poblaciones