En el ámbito de la educación, como en muchos otros espacios públicos de la vida nacional, el Estado mexicano ha introducido cambios que no son claramente explicados a los potenciales afectados ni plenamente comprendidos por la sociedad en general.

El 23 de febrero del presente año se publicó la convocatoria para el Concurso de ingreso a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, más conocido como examen único de admisión a cualquiera de las instituciones del Distrito Federal y de 22 municipios del estado de México que integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). En 1996 se aplicó por primera vez este proceso de selección único y de aquélla experiencia se han desprendido conclusiones muy discutibles.

Lo que las autoridades han querido presentar como un éxito de coordinación interinstitucional, de equidad e igualdad de oportunidades, así como de transparencia en la distribución de los espacios disponibles, para los interesados es todavía una incógnita que puede constituirse en el mayor obstáculo para su formación profesional o en la garantía segura del fracaso en sus aspiraciones personales. Desafortunadamente no serían unas cuantas excepciones los casos de estudiantes que pretendiendo cursar una carrera universitaria solicitaran su ingreso, por ejemplo, a algún plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y que como resultado de su participación en el examen único, les asignaran lugar en uno de los 55 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), institución que ofrece carreras técnicas terminales, y de donde se egresa sin tener opción a estudios superiores. Con ese tipo de decisiones, el personal de la Comipems habrá resuelto en el papel su tarea de distribución de solicitudes entre los lugares disponibles, pero también habrá sembrado un problema social, creando candidatos a engrosar las estadísticas de la deserción escolar, pues --para seguir con el ejemplo-- quienes aspiraban a ingresar al bachillerato propedéutico para continuar sus estudios en la UNAM, no encontrarán ningún interés profesional ni perspectiva personal en una carrera como las del Conalep.

Detrás de la forzada ``ley del mercado'' que pretende adecuar la demanda de los estudiantes a la oferta de las muy diferentes instituciones de educación media superior, se encuentra un proyecto de país que choca frontalmente con las aspiraciones de la mayoría de la población estudiantil y sus respectivos padres de familia que, equivocados o no, están convencidos de que una carrera universitaria es una vía segura de ascenso social, generalmente asociado a una mejoría económica familiar, aunque en los últimos tiempos a nadie se garantice esta última.

Los responsables de la educación pública en México ya decidieron que la educación profesional técnica y las carreras del sistema tecnológico son ``las opciones educativas con mejores perspectivas de ejercicio profesional y de mayor relevancia para el desarrollo de la Nación'', aunque las solicitudes de los estudiantes indiquen que la población piensa lo contrario.

De acuerdo con el resultado del proceso de selección de 1996 en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, la diferencia entre el número de lugares demandados y el de aspirantes asignados por institución, revela las preferencias educativas de la población: mientras 113 mil 165 personas solicitaron su ingreso a la UNAM y solamente fueron aceptadas 34 mil 955, al Conalep pidieron su inscripción sólo 9 mil 279, y sin embargo fueron asignados 38 mil 667 alumnos. Visto de otro modo, 78 mil 210 aspirantes que lo demandaron no pudieron ingresar a la UNAM, mientras que 29 mil 388 personas que no solicitaron su ingreso al Conalep quedaron asignadas para estudiar en esa institución.

No obstante las preferencias indicadas, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en materia de educación media superior para todo el país, es procurar que en cinco años ``la matrícula en la opción de educación profesional técnica aumente de 400 mil a 750 mil alumnos''. Como las autoridades de educación pública pretenden seguir ignorando las preferencias de la población, el Comité Estudiantil Metropolitano ha organizado una Consulta para que el próximo 30 de abril, los alumnos del tercer año de secundaria de esta capital y los municipios conurbados, puedan opinar sobre su derecho a la educación y expresen directamente sus opciones de futuro. Veremos qué escogen los interesados y cómo responden las autoridades.