En vísperas de la visita de Estado del presidente William Clinton a nuestro país, en los últimos cinco días distintos personajes de los círculos gubernamentales de Washington han viajado a México y han externado opiniones poco afortunadas -por decir lo menos- sobre diversos asuntos nacionales.
El jueves, la comisionada de Servicios de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, en el afán de calmar los ánimos encendidos por la ley contra inmigrantes, aprobada en Estados Unidos recientemente, formuló el despropósito de que en su país no hay escasez de mano de obra. Un día después, el general Barry McCaffrey, jefe de la política antinarcóticos estadunidense, aseveró que el gobierno de México tolera las presiones del narcotráfico.
El fin de semana pasado, Thomas McLarty, enviado del presidente Clinton para América Latina y el Caribe, declaró que las ``fuerzas diabólicas'' del narcotráfico y el terrorismo internacional amenazan la relación de su país con México, como si en nuestro país realmente existiera el segundo de esos problemas. Ya con ``actitud conciliadora'', McLarty dijo ayer que la inminente visita del presidente Clinton a México no se propone apoyar a ninguno de los partidos que contenderán en las elecciones programadas para julio. Asimismo, Mc-Larty afirmó que a su gobierno le interesa que el proceso electoral que culminará el de julio sea democrático y abierto, que haya elecciones justas y transparentes.
Sin duda alguna, el conjunto de la sociedad está interesado en lograr unos comicios equitativos, transparentes y apegados a derecho. Pero también es evidente que para la ciudadanía mexicana sería improcedente, ofensivo e inaceptable que un gobierno extranjero pretendiera calificar, juzgar o adjetivar unas elecciones que son un asunto exclusivamente interno y soberano. A los mexicanos y a nadie más nos corresponderá determinar qué tan democrático resulta el proceso electoral en curso.
Ciertamente, la agenda de la próxima visita está cargada de temas y problemas que sí deben ser discutidos de gobierno a gobierno y de país a país. Como lo apunta el editorial de Los Angeles Times reseñado en esta edición, varios conflictos ensombrecen las relaciones entre ambos países y, en particular, la próxima visita de Clinton: migración, cargos de corrupción, guerra contra las drogas, problemas comerciales. El sentido de la visita del mandatario estadunidense debe ser la búsqueda de soluciones a estos y otros problemas bilaterales, que no son fáciles de resolver, y no el emitir juicios, consejos o moralejas pretendidamente democratizadores.
El reciente proceso de certificación de los esfuerzos mexicanos en materia de combate a las drogas, la entrada en vigor de disposiciones legales antinmigratorias en el vecino país, el gigantesco yacimiento petrolero recientemente descubierto en el Golfo de México y las dificultades en el comercio bilateral -ocasionadas por el proteccionismo estadunidense disfrazado de ecologismo o de preocupaciones fitosanitarias-, entre otros asuntos, han generado palpables tensiones en el ámbito bilateral.
Sería grave e inaceptable que, durante su próxima estadía en nuestro país, William Clinton se hiciera eco de las poco sensibles, prepotentes e inadecuadas posturas expresadas por sus colaboradores. Ello dañaría aún más la de por sí maltrecha relación entre los dos países. Cabe esperar, en cambio, que el mandatario visitante contribuya, a lo largo de su estancia en México, a desactivar las tensiones bilaterales acumuladas y que, en general, los funcionarios estadunidenses aborden con sus contrapartes mexicanas los problemas señalados, con el propósito de encontrar soluciones conjuntas en un contexto de cooperación y respeto mutuo