No cabe duda que tenemos una clase política bastante inconsistente; cuando la comparación con los países extranjeros les conviene, entonces sí defienden: ¿qué tiene que el presidente Zedillo ejerza sus derechos como cualquier ciudadano y apoye a su partido?, ¿qué no sucede lo mismo en los países democráticos?; afirman por ejemplo: Clinton apoya a su partido y es completamente normal, nadie reclama que hace proselitismo. Esa parte de la película sí es aceptada. Pero la otra cara de la moneda causa horror cuando se ve la posibilidad de que a partir del próximo 6 de julio el país tenga un congreso con mayoría de la oposición, entonces empieza el chantaje: ``necesito seguir contando con el respaldo del Congreso'', dijo el presidente al PRI (La Jornada, 13/IV/97). Entonces se olvida que los mismos ejemplos se revierten o ¿acaso no el presidente Clinton gobierna con un Congreso que tiene mayoría de un partido diferente al suyo? Se quiere el trapito, pero no se acepta el remedio.

La preocupación vital para el gobierno y su partido gira en torno a la posibilidad de perder la mayoría en la próxima Cámara de Diputados. Para ello se ha desplegado una estrategia desde hace meses, la cual empezó con el rompimiento del consenso para hacer una reforma electoral profunda, como se había acordado; siguió con las diversas escenas y exigencias presidenciales de ponerse ``la camiseta''; al mismo tiempo se inició una campaña sucia en contra de la oposición, y de manera particular en contra del partido que más ha avanzado, el PAN; después ha tenido momentos estelares, como el discurso presidencial ante los candidatos del PRI y la ``justificación'' posterior para apoyar a su partido; en los últimos días lograron que el Tribunal Federal Electoral revirtiera dos iniciativas del IFE que ayudaban a una mejor equidad y transparencia en los comicios. Habrá que estar muy atentos a las siguientes partes.

El pasado día 15 el presidente Zedillo hizo una apología del cambio que supuestamente quieren los mexicanos, y para el cual necesita conservar mayoría priísta en el Congreso. En la lógica del presidencialismo priísta se habla de que la etapa de 1997 al año 2000 será para consolidar los cambios.

Sin embargo, ya ha quedado suficientemente claro que los cambios que el país necesita no los puede hacer el PRI. Se ha desarrollado ya un consenso social que apunta a que el PRI ya no garantiza la estabilidad y el bienestar del país, y cada vez aparece este discurso de forma más clara, el cual va desde Mario Vargas Llosa hasta Juan Sánchez Navarro.

El presidente Zedillo considera que no podrá gobernar con una Cámara de Diputados sin mayoría priísta, quizá porque calcule que la oposición no estará dispuesta a renovar compromisos que han metido al país en aprietos; compromisos que no han generado bienestar, sino un empobrecimiento general y creciente por un modelo económico que ha concentrado la riqueza como pocas veces en la historia.

Simplemente preguntemos por qué hay un incumplimiento sistemático de esta presidencia para ampliar los espacios democráticos y cumplir con los pactos que pueden dar al país certidumbre política: el pacto de Los Pinos para una reforma definitiva no se cumplió; el compromiso de la ley electoral por consenso no se cumplió; los acuerdos de San Andrés con el EZLN no se cumplieron; los compromisos con la Cocopa para la Ley de Derechos Indígenas, tampoco; la ``sana distancia'', entre presidencia y partido, ha sido sistemáticamente violentada en los hechos.

Los cambios que el país necesita requieren de otra correlación de fuerzas: se necesita un Congreso que sea un contrapeso real al poder presidencial, que lo vigile en serio y establezca otro tipo de equilibrios en la política económica; se necesitan atemperar los costos sociales de un ajuste económico que ha sido brutal, largo y poco equilibrado en la carga de los costos sociales; es indispensable una reforma al Poder Judicial que establezca las bases para que México tenga un Estado de derecho; es necesario hacer una reforma del Estado que genere un nuevo pacto federal; se necesita replantear la inserción de México en la globalidad y en sus tratados comerciales como el TLC, para establecer dinámicas más justas de intercambio y otras bases para la soberanía nacional. Para estos cambios se necesita de una transición democrática que podrá comenzar con una nueva correlación de fuerzas el próximo 6 de julio. Es, en síntesis, el México del siglo XXI, el país después del PRI.