Al archivo muerto de la Cámara, los textos de 10 foros sobre información

Oscar Camacho Guzmán/II Ť Quien diga que la Consulta Nacional sobre Medios de Comunicación y Derecho a la Información no sirvió para nada, seguramente incurrirá en una grave equivocación, pues luego de 10 foros regionales, 646 ponencias, 48 discursos y 2 mil 908 propuestas escritas en 5 mil 93 cuartillas, el archivo muerto de la Cámara de Diputados vio incrementado su acervo en forma considerable.

Archivo al que fueron a parar cientos de propuestas relacionadas con la necesidad de reglamentar el acceso a la información oficial, la relación medios-gobierno, las oficinas de comunicación social, el derecho de réplica, las formas para evitar la censura, las concesiones en radio y televisión y la entrega de publicidad oficial a medios, entre otras.

Propuestas clasificadas en la Relatoría de los foros regionales de consulta, editada en octubre de 1995, en la cual están igualmente otras sugerencias como la creación de una figura ciudadana de defensoría del lector y mejoría de las condiciones económicas y políticas de los comunicadores.

No es, sin embargo, la primera ocasión en que el gobierno y priístas mandan al cesto de la basura recursos, esfuerzos, ponencias y propuestas de alguna consulta nacional. Histórico fue en ello el sexenio de José López Portillo, cuando por vez primera se echaron por la borda los resultados de la Consulta Nacional sobre Medios.

``Los priístas no pudimos encontrarle la cuadratura al círculo...'', diría en 1981 el entonces líder de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, Luis M. Farías, para justificar la negativa lopezportillista a reglamentar el derecho a la información.

Y como si nada hubiera cambiado en México en los últimos 20 años, los priístas siguieron sin ``encontrarle la cuadratura al círculo'', desconocieron los compromisos públicos de su dirigencia y enviaron al archivo las 2 mil 908 propuestas de la consulta organizada por la Comisión de Comunicación en 1985.

La presentación de la relatoría de la consulta nacional no estuvo exenta de jaloneos, pues luego que investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana entregaron un texto sistematizado y clasificado, el priísta Netzahualcóyotl de la Vega se negó a que en las gráficas y explicaciones se incluyeran los porcentajes de las propuestas que estaban a favor o en contra de algún tema.

Resultados en seis mesas

La relatoría presenta los resultados de la consulta divididos en seis grandes temas generales: mesa 1, Estado sociedad y medios de comunicación; mesa 2, Medios electrónicos; mesa 3, Medios impresos; mesa 4, Programación y publicidad, y mesa 6, Propiedad intelectual y derechos de autor.

Derecho a la información: hubo 86 propuestas que se pronunciaron por legislar los artículos tercero, sexto, séptimo, octavo y 73 de la Constitución para garantizar este derecho y otras 10 que consideraron no legislar y hacer cumplir las leyes actuales.

Libertad de expresión y de prensa: hubo 32 posiciones que proponen su reglamentación y cinco que sugieren no legislar. En este punto se incluyen propuestas sobre diversas formas de censura y autocensura.

Acceso a información gubernamental: el derecho a la información entendido como derecho a acceder a la información tanto de fuentes oficiales como privadas, tuvo 40 propuestas a favor que además señalaron instancias y mecanismos que debieran existir para garantizar el acceso ágil y oportuno a la información.

Derecho de réplica: fue éste un aspecto jurídico recurrente con 35 propuestas, en las cuales se especifican las causas que originan la solicitud de rectificación, así como las formas en que deben ser subsanadas en los diversos medios, y se hizo patente que existe un énfasis en ampliar este derecho de réplica de los medios impresos a los medios electrónicos.

Derecho a la privacidad: éste fue un tema abordado con cinco propuestas, pero en las cuales se incluye la posibilidad de garantizarlo para todo ciudadano y en especial, para víctimas y menores de edad, así como para personas cuya responsabilidad en actos delictuosos no este comprobada. También se aportan criterios sobre el derecho a la privacidad de personajes públicos y las formas de espionaje que violen la privacidad.

Ley integral: 135 propuestas señalaron la necesidad de elaborar una ley integral de medios impresos y electrónicos, así como de los modernos sistemas y servicios de información y entretenimiento, incluidos publicidad y servicios de multimedia, y una ley que abarque derechos y obligaciones de públicos y usuarios, de comunicadores y de propietarios de los medios.

Organismo público de medios: hubo también un total de 166 propuestas concentradas en la necesidad de formación o integración de un organismo, formado con miembros de diferentes sectores de la sociedad, cuyos perfiles específicos se delinean en cada una de las propuestas. La función fundamental de este organismo sería la de garantizar el cumplimiento de la legislación en general y, en particular, participar en el otorgamiento de concesiones y permisos, en la vigilancia de los derechos de los públicos y usuarios, y en procurar el cumplimiento de obligaciones y derechos de los empresarios y trabajadores de los medios.

Responsabilidad del Estado ante los medios: se recogieron 383 propuestas que plantean nuevas formas de relación entre el Estado y los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, y se prevén posibilidades de promoción y desarrollo de los medios, financieros y tecnológicos, a través de sistemas impositivos adecuados y formas de subsidios a los mismos. Otras propuestas señalaron la necesidad de eliminar los subsidios mencionados.

Responsabilidad del Estado ante comunicadores: esta responsabilidad estatal ante comunicadores, ya sean periodistas, creadores intelectuales o productores en general, se hizo patente en 125 propuestas relativas a la urgencia de profesionalizar la necesidad de desarrollar sistemas de capacitación y procurar seguridad laboral y económica, así como garantías a integridades física y moral.

Responsabilidad de los medios ante la sociedad: hubo también 242 propuestas que señalaron que los medios deben ser conscientes de su influencia, proporcionar información objetiva y verdadera, y de esta manera contribuir a formar una ciudadanía libre y responsable. En este punto, se indicó que los medios de comunicación deben generar códigos de ética relacionados con todos aquellos aspectos de su compleja actividad. Los medios públicos y privados tendrían que ser los principales observantes de la legislación en la materia.

En este punto, y sobre el ejercicio de la prensa, se presentaron demandas para una prensa plural y democrática, que tenga garantizado el acceso a fuentes oficiales de información, imbuida de valores éticos en el ejercicio de su profesión.

Medios electrónicos: también hubo un ``significativo número de propuestas'' en torno a modificar artículos de la Ley de Radio y Televisión, así como sugerencias de asegurar el derecho de réplica; asegurar tiempos y espacios a la sociedad en los medios electrónicos; democratizar la radio y la televisión; impulsar alternativas de medios electrónicos comunitarios, indigenistas y locales; vigilar la programación televisiva y evitar la manipulación de la información