La Jornada 20 de abril de 1997

Temen ataques derechistas en EU a dos años de Waco

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 19 de abril Ť Hoy se cumple el segundo aniversario del acto terrorista que destruyó el edificio federal en la ciudad de Oklahoma, el cuarto del enfrentamiento en Waco, Texas, y el 202 aniversario de la batalla de Lexington (con la cual se inició la guerra de independencia de Estados Unidos), todos malos momentos para la cúpula en el poder de este país y, en los primeros dos casos, expresiones extremistas de un sentimiento generalizado contra el gobierno federal, cuya imagen pública siguió deteriorándose esta semana.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió este sábado una alerta general nacional dado el significado de esta fecha (19 abril), día que se ha convertido para elementos extremistas de derecha como símbolo nacional de su lucha contra el gobierno federal. Hace cuatro años en esta fecha, las autoridades federales concluyeron un sitio a la secta antigubernamental Branch Davidians con un enfrentamiento en el cual murieron 80 miembros de esa grupo, entre ellos su líder David Korash. Hace dos años, dos --quizá tres-- individuos vinculados con los movimientos conocidos como ``milicias'' marcaron el tercer aniversario de ese hecho al detonar una bomba que destruyó el edificio federal en la ciudad de Oklahoma, causando 168 muertos y 500 heridos. Fue el atentado más grave en la historia del país, causado por ``terroristas'' estadunidenses.

El comienzo del juicio contra Timothy McVeigh, uno de los acusados del atentado, está programado para el próximo jueves, en Denver. Hoy en un emotivo acto frente al sitio donde se encontraba el edificio federal destruido, se guardaron 168 segundos de silencio en honor a los muertos.

Se calcula que el ala extremista, de ideología derechista, que se define como ``movimiento'' antigobierno federal cuenta con un núcleo de entre 20 mil y 30 mil afiliados en este país, algunos organizados en ``milicias'', que dicen tener sus raíces en los ejércitos de ciudadanos voluntarios que lucharon en la guerra de independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña, conocida aquí como la Revolución Americana. Resulta que la primera batalla de esa guerra, la de Lexington, se inició también el 19 de abril, de1775.

Aunque estas agrupaciones extremistas no cuentan con el apoyo ni el respeto de la opinión pública en general, sí son expresiones de un creciente desencanto, hasta rechazo, de las actividades del gobierno federal. En los últimos meses, este sentir se ha alimentado por la percepción pública de los escándalos que continúan azotando a la Casa Blanca y a la dirigencia del Congreso, las cúpulas de los dos partidos principales de este país.

Por ejemplo, por un lado, esta semana se difundieron miles de páginas más de documentos sobre las cuestionables prácticas de recaudación de fondos por el Partido Demócrata en el ciclo electoral de 1996, y el presidente Bill Clinton y su esposa fueron implicados nuevamente en el caso Whitewater por su antiguo socio James McDougal (quien está buscando formas de reducir su sentencia de cárcel).

Por otra parte, la expresión de rechazo público se manifestó en encuestas donde la mayoría (57 contra 33 por ciento, según la encuesta de CNN y la revista Time) se mostró en desacuerdo con la decisión de la procuradora general Janet Reno de no nombrar un ``fiscal independiente'' para investigar la posible mala conducta del presidente y su equipo en la recaudación de fondos electorales, y también una mayoría dijo oponerse al anuncio de que el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich haya aceptado un préstamo de 300 mil dólares de su antiguo enemigo y ex candidato presidencial Bob Dole para pagar una multa impuesta por el Congreso por haber violado el código de ética profesional de la legislatura. Como resultado, un 60 por ciento contra 28 por ciento dice no aprobar el manejo de Gingrich en su puesto de líder de la Cámara, indicó el sondeo.

Todo esto alimentó todavía más la percepción de que la cúpula política en Washington, es decir, toda la clase política, siempre sabe cómo resolver sus problemas sin mayor dificultad a través de sus negocios en ese ``club'' exclusivo que representa la capital federal.

Otra intromisión generalmente odiada del gobierno federal en la vida personal de casi todo adulto estadunidense ocurrió también esta semana. Para millones de personas en este país el día mas importante de la semana fue el martes, la fecha límite que todo ciudadano tiene para pagar sus impuestos federales, día en que a todos se les recuerda claramente el costo de mantener a los políticos en Washington.

La Casa Blanca presentó copias del registro de impuestos del presidente Bill Clinton y su esposa, junto con un breve comunicado reconociendo que la primera familia ha ingresado a las filas de los millonarios de este país por primera vez (ingreso total en 1996: 1.065.101, con Hillary Rodham ganando más de 700 mil dólares de este total).

Al mismo tiempo, el día de los impuestos también es ocasión para numerosas protestas en todo el país, fecha en que los estadunidenses se dan cuenta otra vez más que pagan en impuestos lo equivalente, en promedio, a 33 por ciento del ingreso personal de cada uno (o sea, el ingreso total de cuatro meses de cada año). En la presente semana esta fecha fue utilizada, como todos los años, por los políticos para promover su supuesta oposición al ``alto nivel'' de impuestos, y un grupo demandó la abolición de la agencia encargada de recaudar los gravámenes, y uno más promovió su reforma. Sin embargo, no parece importar qué tan popular son estas expresiones ese día, ya que es poco probable que sean establecidas sin otra razón más que los salarios de los legisladores también son pagados por los impuestos que tanto repudian en su retórica.

Los nuevos millonarios en la Casa Blanca, el préstamo de 300 mil dólares de Dole a Gingrich, los millones recaudados por ambos partidos para su esfuerzo electoral el año pasado, y la percepción de las maniobras de políticos de alto nivel que gozan de privilegios, acceso a millones, y formas de evadir las consecuencias de sus acciones financieras hacen cada día más difícil convencer al ``ciudadano común'' de la retórica política que se difunde desde esta capital de que el gobierno es ``del pueblo y para el pueblo''.