Se ``aborta y limita'' la actuación del IFE, expresa Alianza Cívica

El IFE y los partidos políticos tendrán que acatar la decisión del Tribunal Federal Electoral de revocar dos acuerdos del Consejo General del instituto, dijo José Woldenberg, presidente de este organismo, y comentó la imposibilidad de presentar cualquier recurso, ya que el Trife es la última instancia en la materia.

Un día después de que el tribunal echó abajo dos de las decisiones políticas más importantes del Consejo General del IFE, Woldenberg señaló: ``Hasta donde yo entiendo, el exhorto está hecho''.

El llamado a las autoridades de los tres niveles (federal, estatal y municipal) para que suspendan la publicidad de sus programas sociales 30 días antes de la elección está ahí; en términos políticos ya fue hecho, y la decisión del tribunal no tiene efectos jurídicos, como nunca los tuvo el llamado del consejo, explicó a su vez el consejero Mauricio Merino.

Sin embargo, la comisión especial que tendría a su cargo recibir y procesar las denuncias relacionados con coerción sobre votantes deberá suspender sus trabajos y dejar que la Junta General Ejecutiva del IFE se encargue del tema. Es decir, Felipe Solís Acero, miembro de la vieja estructura del instituto, llevado ahí por Emilio Chuayffet y Arturo Núñez y a quien los consejeros aceptaron a su pesar, cuando tuvieron que ratificar su nombramiento 15 minutos antes de que venciera el plazo legal para ello.

La ley sólo faculta a la Junta General Ejecutiva para atender denuncias de carácter ``administrativo'' y no le marca directrices. Los consejeros habían diseñado para la comisión un mecanismo que incluía turnar a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales las quejas que le llegaran, lo que implicaba mayor presión política para dicha instancia en relación con las querellas de un simple ciudadano.

Visita a los Talleres Gráficos

José Woldenberg y cinco de los consejeros electorales estuvieron ayer en los Talleres Gráficos de México para atestiguar el inicio del proceso de impresión de las boletas para votar el 6 de julio. Ahí dieron conferencias de prensa por separado.

Cauto, porque según explicó no había recibido todavía el dictamen y desconocía los términos precisos de la resolución, Woldenberg recordó que es obligación del consejo y de los partidos políticos acatar las decisiones del tribunal, porque es la última instancia en la materia.

Como desde que ocupa el cargo, el consejero presidente evitó iniciar una polémica: ``Nosotros tenemos que recibir la notificación del tribunal y la vamos a estudiar, seguramente la llevaremos al Consejo General y la vamos a acatar''. La discrepancia entre el consejo del IFE y el tribunal no puede verse en términos de derrotados y vencedores, dijo. Defendió el mecanismo legal que da oportunidad a partidos a inconformarse por decisiones del consejo.

Cuando los reporteros lo interrogaron sobre la creación de la comisión de consejeros, decisión fundada en la necesidad de llenar algunos vacíos legales, Woldenberg consideró que ``no es el momento para que la autoridad electoral haga una evaluación de las eventuales lagunas que pueda tener el Cofipe. Lo único que nosotros podemos hacer es aplicarlo''.

Recordó a los ciudadanos que al margen de la desaparición de la comisión de consejeros, por la decisión del tribunal, el Código Penal tipifica claramente una serie de delitos electorales y quien se sienta afectado puede recurrir a la procuraduría.

En la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron Alonso Lujambio, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Jacqueline Peschard y Mauricio Merino, el primero informó que desde que llegaron al consejo -en noviembre de 1996- han aprobado 85 acuerdos, de los cuales 27 han sido impugnados ante el tribunal y sólo en seis casos dicha instancia ha revocado decisiones: cuatro de estos casos fueron en relación con las agrupaciones políticas.

Estas cifras indican que sólo 5 por ciento de las decisiones del consejo han sido revocadas por el tribunal y muestran el compromiso de legalidad del máximo órgano de dirección del IFE.

Merino explicó que la revocación del tribunal de ninguna manera supone que los ciudadanos podrán ser objeto de coacción para que voten por algún partido político. Cuentan con la fiscalía que atiende específicamente delitos electorales. La comisión de consejeros pretendía darle ``canales internos'' a algo que ya está en la ley. Las dos denuncias que ya recibió serán turnadas a la Junta General Ejecutiva.

Felipe Solís Acero, que estuvo en la comitiva, informó en los pasillos de los Talleres Gráficos de México: ``Una vez conocido el sentido exacto de la resolución del Tribunal Federal Electoral, podremos reencauzar las dos quejas que ya están presentadas''.

Interpretación conservadora,

evalúa un consejero electoral

El consejero electoral del IFE, Jaime Cárdenas, consideró que la resolución del tribunal es resultado de una interpretación ``conservadora'' del derecho y representa un triunfo político para el PRI, que seguramente capitalizará durante la jornada electoral de julio.

``Sin embargo, como árbitros de la contienda seremos respetuosos y acataremos su sentencia -puntualizó-. Con este fallo, se privó al Consejo General del IFE de elementos importantes para equilibrar los comicios del próximo 6 de julio.''

Cárdenas opinó que la interpretación de los magistrados del tribunal fue ``muy mecanicista, muy restrictiva, muy formalista del derecho'', pero se tiene que aceptar porque son la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

``Es verdad, como lo argumentó el tribunal, que la ley establece límites, pero la manera de interpretar puede ser progresista o conservadora y creo que la interpretación del tribunal fue conservadora'', comentó Jaime Cárdenas.

Las autoridades del IFE esperaban otra cosa. ``Lamentamos mucho esta decisión del tribunal, que si bien no empañará el proceso electoral, sí propiciará que exista toda esa difusión gubernamental previa al día de las elecciones y, por lo tanto, las condiciones de competencia entre los partidos políticos no serán muy equitativas'', subrayó el consejero.

Se ``aborta'' la actuación del IFE

Integrantes de Alianza Cívica dijeron que la revocación de acuerdos ``aborta y limita'' la actuación del Instituto Federal Electoral. Rogelio Gómez Hermosillo y Emilio Alvarez Icaza Longoria consideraron que esta determinación ``abre la puerta a la impunidad de partidos políticos para la coacción del voto y la manipulación de la difusión y entrega de obras públicas en beneficio del Partido Revolucionario Institucional y el gobierno''.

Mientras, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos calificó la decisión como ``un severo golpe al principio de equidad''.

30 millones de pesos, costo de la papelería electoral

Por otra parte, se informó que los Talleres Gráficos de México cobrarán al IFE 30 millones de pesos por imprimir toda la papelería electoral que se usará el 6 de julio: boletas, actas y sobres.

Para la elección se imprimirán 119 millones 68 mil 774 boletas. La mayor parte son para la elección de diputados y senadores, 53 millones 722 mil 597 para cada una; asambleístas capitalinos y jefe de gobierno, 5 millones 811 mil 790, también para cada una de ellas.

La decisión de trabajar con una dependencia gubernamental para la impresión de las boletas fue una decisión de consejo, no hubo licitación, por considerar que esos talleres eran los únicos que garantizaban el trabajo en los tiempos requeridos por la autoridad electoral, comentó José Woldenberg.

En el recorrido por los talleres no faltaron los incidentes. Puntuales, los periodistas llegaron al lugar de la cita. Previa revisión ingresaron en donde se ubican las prensas. Como la cita era a las 9:30 horas y ya daban las 11 y los consejeros no llegaban, un grupo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos decidió irse. El personal de seguridad ya los había molestado: ``No se sienten'', ``aquí no es lugar para leer periódicos'', ``no crucen la línea''...

Pero resultó que el personal de la Secretaría de Gobernación encargado de la vigilancia no permitió el retiro. ``Nadie puede salir'', fue la indicación. Incluso, pidió a los miembros del Ejército Mexicano en el lugar -metralleta en mano, porque están encargados de la custodia de las instalaciones por tratarse de la impresión de material electoral- que los detuviera. Así, estuvo a punto de iniciarse un forcejeo entre el personal militar y los reporteros. (M. Cuéllar, E. Velasco, T. Elizalde y J. Cervantes.)