Los doctores Vilma Núñez de Escorcia, Benjamín Cuéllar Martínez y Fernando Mejía, enviados por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, a estudiar la situación en nuestro país y verificar múltiples denuncias que a este respecto han llegado a esa organización, desgraciadamente han comprobado, con su breve y desafortunada experiencia, lo endeble de las garantías legales para los defensores de los derechos humanos. Ya en Europa, donde sin duda este caso tendrá graves repercusiones, sobre todo en esta fase preelectoral, tendrán tiempo para preparar conclusiones que muy probablemente darán origen a denuncias de su organización y de otras instituciones internacionales relacionadas con la defensa mundial de los Derechos Humanos.

¿Por qué el gobierno mexicano se muestra tan quisquilloso ante la preocupación internacional por la vigencia del derecho en el país y toma medidas policiales contra juristas que trabajan con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en violación evidente de las declaraciones del representante gubernamental ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Por qué se escogió desmentir las aseveraciones de las autoridades guerrerenses y la aceptación oficial del amparo presentado por la CNDH y hacer oídos sordos a la carta, respetuosa en la forma pero firme y fundada, de la dirección de la FIDH? ¿Es un error de autoridades que se exceden en su celo o es un mensaje, particularmente grave por el momento en que se lanza, a toda la comunidad internacional, justamente preocupada por el clima politicosocial en nuestro país? ¿ Hay algo en la vida política nacional o en el proceso electoral que deba ser ocultado a la opinión pública, incluso a costa de la eliminación de las garantías que establecen nuestras leyes?

Si así fuera, el precedente sería gravísimo y, justamente, arrojaría muchas sombras sobre el proceso electoral, que debería ser transparente, y en torno a la actuación de las autoridades nacionales. Las explicaciones ofrecidas no justifican nada, pues no puede haber un océano entre las garantías de las leyes y de la Constitución y la realidad, que prescinde de ellas y que las ignora. A no ser que se acepte la idea de presentar internacionalmente la imagen de un México sometido al arbitrio de un gobierno que no aceptaría cortapisas con tal de imponer a la sociedad nacional una sensación que prepare política y psicológicamente medidas autoritarias para la preservación de un poder en crisis. Es necesaria una explicación urgente y satisfactoria de este caso. No se debe ingresar en un peligroso plano inclinado que haría retroceder a México a fases anteriores que la retórica oficial pretende dar por superadas.