Gobernación expulsa a tres observadores de derechos humanos

Triunfo Elizalde Ť Vilma Núñez de Escorcia, Benjamín Cuéllar Martínez y Fernando Mejía, observadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que investigaban la situación en que se encuentran las garantías individuales en México, finalmente serán expulsados hoy del país por disposición del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

La expulsión se llevará a cabo a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó y obtuvo de dicha dependencia la aplicación de medidas cautelares para que, por 30 días, se suspendiera la acción migratoria en favor de los tres abogados de la FIDH. Incluso se habló de cambiar el estatus de las visas de turista concedidas a turista visitador, lo cual quedó en suspenso.

El cambio en la determinación del Instituto Nacional de Migración fue conocido sorpresivamente por Vilma Núñez de Escocia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a las 2:30 de ayer, cuando ocho elementos de la dependencia se presentaron en el hotel donde estaba hospedada para ``comunicarle'' que debía salir del país ``a más tardar'' este domingo.

``Pretendieron subir hasta mi habitación'', comentó Vilma Núñez. ``Sólo la decisión de los guardias del hotel impidió que entraran a mi cuarto. Yo acepté bajar al lobby, y al salir del elevador dos hombres custodiaban la puerta, en tanto que seis me rodearon de inmediato''.

Agrega que ``pese a que les mostré el oficio que a las 23 horas nos había extendido la CNDH, amparando nuestra estancia y haciéndonos saber que la Secretaría de Gobernación había aceptado protegernos con medidas cautelares, dichos señores me hicieron saber que para ellos ese oficio no tenía ningún valor, que lo jurídicamente legal era el comunicado que me llevaban para que abandone México a la brevedad, y nada más''.

Seguramente los agentes de Migración también trataron de ``comunicar'' lo anterior a Benjamín Cuéllar y Fernando Mejía, pero no localizaron sus lugares de residencia, según comentaron a La Jornada los afectados, quienes reunidos al mediodía decidieron aceptar abandonar el país esta tarde por vía aérea, antes de ser sujetos de ``mayores atropellos, y por no existir en México garantías para los defensores extranjeros de derechos humanos''.

En el oficio 6257 del INM presentado a Vilma Núñez, sin hora de elaboración y con fecha del 18 de este mes, se le hace saber que una de las razones por las que debe abandonar México en un plazo no mayor de 72 horas (a partir del día 17), es porque de acuerdo con el acta levantada en la ``Delegación Regional de los estados de Acapulco (¡sic!), Michoacán y Morelos, consta que realizó actividades no autorizadas conforme a su calidad y característica migratoria, consistentes en verificar las condiciones de los reclusos en el Centro de Redaptación Social de Acapulco, Guerrero, el 16 del mes en curso''.

Sin embargo, dos días antes, Humberto Salgado Gómez, secretario general de Gobierno de Guerrero, mediante un oficio -del cual La Jornada tiene copia- autorizó a los tres investigadores de la FIDH a visitar el citado penal, para lo cual, dice, ``se han girado instrucciones al director general de Readaptación Social del estado'', aclarando a la vez que ``en México es garantía constitucional la libertad de tránsito, por ello no se requiere ningún oficio, y muchos menos un salvoconducto para visitar las comunidades del estado''.

Inconformes por lo anterior, la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, se manifestaron de inmediato ``de manera enérgica ante la virtual expulsión de los mencionados observadores internacionales'' de la FIDH.

``La responsabilidad de este hecho -puntualizaron- recae en las autoridades del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, que el pasado 17 de abril, por conducto del licenciado Enzzio del Pino González, delegado regional de dicho instituto para los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos, les notificó el plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional''.

Al parecer, la CNDH no fue enterada por Gobernación de la determinación final del INM. De hecho, en dicha institución ni los afectados ni los representantes de las ONG que acudieron en auxilio de los tres investigadores afectados lograron contactar con ningún funcionario. ``No hay nadie en el edificio'', informó telefónicamente el personal de vigilancia.