Las encuestas electorales han cobrado en México un auge considerable y se han convertido en instrumentos cada vez más utilizados para recoger el pulso de la opinión pública y del electorado.

En el Distrito Federal la efervescencia encuestadora es un hecho indudable, y aunque se han obtenido resultados diversos en cada uno de los sondeos, todos muestran un dato revelador: los candidatos al gobierno de la capital por el PAN, PRI y PRD se ubican por encima del 20 por ciento de las preferencias, dejando el resto a los indecisos y -en menor proporción- a los demás contendientes.

Esta distribución tripartita de las intenciones de voto en el DF permite suponer, con suficiente grado de confiabilidad, que el candidato ganador lo será por una ventaja mínima y que ninguna de las tres principales fuerzas políticas alcanzará una mayoría suficiente como para gobernar sin la participación -mediante la negociación y el consenso- de las otras.

Las encuestas han pasado por un arduo proceso de introducción y consolidación en la cultura política del país y son ya un componente inevitable de la convivencia y de la institucionalidad democrática. En esta evolución resulta muy significativo que, por un lado, haya ido reduciéndose la brecha entre los pronósticos estadísticos y los resultados de las votaciones y, por el otro, que los mismos ciudadanos perciban estos instrumentos con menos reservas y mayor naturalidad, y acepten tomar parte en ellos en forma más amplia y libre que en tiempos pasados.

Pese a esos indudables avances, aún existen factores de distorsión que impiden que las encuestas sean cabalmente aplicadas en todos los escenarios de una elección, pues en comparación con las zonas urbanas, donde hay más vigilancia electoral y un mayor desarrollo político, todavía existen muchas localidades del país -aquellas en las que predominan los cacicazgos y se mantiene el hostigamiento y la discriminación de militantes o simpatizantes de alternativas distintas al poder oficial- donde las encuestas son simplemente impracticables o acusan severos problemas de confiabilidad en sus resultados.

Ante todas estas consideraciones, y debido a la influencia que las encuestas pueden tener en el electorado y en las decisiones de campaña de los partidos, resulta indispensable que las empresas, instituciones y organizaciones civiles que efectúan los sondeos se desenvuelvan con un estricto rigor cívico, científico y ético para concebir, definir y aplicar la metodología de sus instrumentos estadísticos, y que se abstengan en todo momento, al margen de tentaciones producidas por sus preferencias e inclinaciones electorales, de alterar, manipular u ocultar los resultados para favorecer o dañar a determinado candidato o instituto político.

De igual modo, los medios masivos deben mantener un alto nivel de responsabilidad y espíritu crítico al difundir el contenido de las encuestas, a fin de que la opinión pública sepa discriminar, con base en el rigor y la honestidad de cada uno de los sondeos, entre unos y otros, y pueda decidir sobre su veracidad y pertinencia.

En este sentido, es necesario que el público evalúe las encuestas no sólo por sus resultados, sino también por el método empleado para realizarlas, el tamaño y representatividad de las muestras, y la objetividad de los encuestadores. Por ello, resulta indispensable que todos estos elementos, y no sólo los resultados, sean puestos a disposición del ciudadano, del lector, del radioescucha, del televidente. A fin de cuentas, el nivel de credibilidad que adquieran estos instrumentos ante la opinión pública será lo que defina su capacidad de incidir en el desarrollo de la democracia y la cultura ciudadana en el país.