Jaime Martínez Veloz
Migración y soberanía

¿Somos o no somos socios y buenos vecinos de Estados Unidos? El gobierno de ese país y los políticos norteamericanos que nos visitan dicen que sí somos. En los hechos parece que nosotros somos los buenos y ellos son nada más los vecinos.

En las últimas semanas, por lo menos tres asuntos han tensado las nunca fáciles relaciones con Estados Unidos: drogas, armas y migración. Tenemos puntos de vista distintos y es evidente que el de ellos atiende más a la situación de su política interna que a un intento por resolver de fondo los problemas.

Más grave que la diferencia de puntos de vista es el hecho de que como nación soberana no hemos podido plantear estos asuntos en el contexto de una relación bilateral más equitativa. Esto ha traído como consecuencia que en cada coyuntura se toman medidas casuísticas como respuesta a las casi siempre acciones unilaterales de los norteamericanos.

Vamos detrás de la coyuntura. Cada acción unilateral de nuestros vecinos nos causa primero sorpresa, luego indignación, después buscamos internamente a quién echarle la culpa, posteriormente, ya pasado el momento álgido, nos resignamos. Es conveniente reflexionar en el hecho de que no es posible desarrollar una política exterior con Estados Unidos que parece más preocupada en sortear la coyuntura que en definir objetivos de acuedo a nuestros principios.

Qué queremos con ellos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y cómo debemos negociarlo. Qué podemos ceder y qué no. Cuándo debemos unirnos a otros países en defensa de intereses comunes y cuándo debemos poner por encima la relación bilateral. Mientras estas cuestiones no se diriman, cada coyuntura seguirá causando los mismos efectos. El culpable a modo, sólo por el hecho de estar ahí, es el gobierno, haga bien o no su trabajo.

La nueva trastada norteamericana se llama Acta 1996 y no debió tomarnos por sorpresa, ya que fue aprobada el pasado septiembre por el Congreso americano, al calor de las luchas electorales en aquel país. Este conjunto de medidas legales y administrativas no tiene por objeto frenar el flujo de migrantes simplemente porque no puede ninguna ley hacer eso. Su objetivo, como en el caso de la droga, es sólo aparentar que se está haciendo algo. Hasta aquí esto sería un caso más de chapucería política americana si no fuera por el hecho de que involucra a millones de seres humanos, a los que afectará en sus derechos más elementales.

Algunos diplomáticos mexicanos han señalado que la nueva ley antinmigrante es la más seria y criminal que ha aprobado Estados Unidos en los últimos 50 años. Dos millones de mexicanos podrían ser deportados en los próximos meses y varios millones más verán afectado su derecho a contar con servicios elementales, entre ellos la salud y la educación. Para tranquilizarnos, funcionarios americanos han dicho que no harán deportaciones masivas en los próximos meses. Mienten. Ya se hacen deportaciones masivas, incluso sin las recientes disposiciones. Expertos en la materia calculan que en 1996 fueron deportados a nuestro país alrededor de 850 mil mexicanos ¿no son estas deportaciones masivas?

La nueva ley tendrá varios efectos además de las deportaciones. Por un lado, no detendrá la migración, sólo la hará más cara y riesgosa para la integridad de los migrantes. Los traficantes de seres humanos cobrarán más. Por otro lado, tampoco impedirá que los patrones que se aprovechan de la mano de obra mexicana lo sigan haciendo. Simplemente, se esconderán más para no ser sorprendidos por las autoridades de su país y darán trabajos en condiciones más miserables. Los coyotes y los patrones norteamericanos ilegales están de plácemes.

Finalmente, es cierto que Estados Unidos tiene el derecho de aprobar las leyes internas que quiera. Pero también es cierto que el gobierno mexicano y con él toda la sociedad estamos obligados a proteger los derechos de nuestros compatriotas donde quiera que se encuentren. Esta es una obligación de una nación soberana.