Tensión en la Tarahumara; cómo explotarla, el conflicto

José Gil Olmos, enviado/ I, Cusárare, sierra Tarahumara, Chih. Ť Pocas son las águilas que habitan esta zona de 30 mil hectáreas de pinos. Las aves que le dieron el nombre han comenzado a desaparecer de forma paulatina, al igual que las ardillas, uno de los alimentos básicos de los rarámuris de este municipio. La rapazón no ha perdonado árboles ni fauna. La ausencia de un programa de explotación ecológica, su manejo económico y político por parte de las autoridades administrativas y las versiones del interés de la International Paper Company por explotar la madera del lugar, han creado aquí un nuevo clima de tensión.

``¿Qué va a pasar cuando no haya árboles?'', se pregunta María Elena Quintero, la primera mujer rarámuri que busca una comisaría ejidal en esta sierra de 750 mil hectáreas, mientras observa un paisaje donde la rapazón (tala de árboles en rarámurui) se muestra en troncos cercenados de lo que fueron pinos-padre, fundamentales para la reproducción de los bosques.

En Cusárare, los rarámuris exigen participar en la explotación
delos recursos naturales de la zona. Foto: Pedro Valtierra

La propuesta de Quintero es que los rarámuris sean capacitados para manejar y administrar sus propios recursos naturales. Ella y los demás habitantes del ejido ignoran hasta el momento las intenciones de la trasnacional estadunidense de trabajar en este municipio de Guachochi, como se tiene considerado en un programa piloto dirigido a la sierra Tarahumara central, que abarca los ejidos San Alonso, San Luis Mujimachi, Rocoroibo, Ocoviachi, Monterde y San Rafael, este último donde recientemente se ha denunciado tala clandestina y sobrexplotación.

La propuesta de la tarahumara es diametralmente opuesta a la forma en que se han explotado los recursos forestales de la sierra durante muchos años, es decir, con la ausencia de los indígenas en la planeación y en los beneficios. La Tarahumara primero se explotó mediante la vigilancia de lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y, ahora, mediante la Coordinadora Estatal de la Tarahumara (CET), creada por el gobierno panista para ``sanear'' las finanzas, pero que ha designado administradores ajenos a las comunidades, creando un nuevo conflicto.

Tan cerca del bosque, tan lejos de los beneficios

En Cusárare --comunidad de 400 familias formada hace más de 250 años--, de las 30 mil hectáreas de su territorio 90 por ciento es de pinos y encinos que pueden ser explotables. Sin embargo pocos se dedican a esta actividad. En el aserradero que ahí existe trabajan unos 30 indígenas con un salario de 60 pesos por jornal; el resto de la población, integrada por 400 ejidatarios --según información del primer gobernador tarahumara, Federico González--, se dedica al cultivo de maíz y frijol.

El pasado 13 de febrero los tarahumaras cerraron el aserradero durante 15 días hasta que fueron desalojados por la policía. Exigían la salida del administrador general, José de Jesús Villegas, nombrado por la CET, a quien acusan de manejos oscuros de más de un millón de pesos, producto de la explotación forestal.

La demanda era que se realizara una auditoría al funcionario, quien fue destituido el 16 de marzo. En su lugar la instancia gubernamental nombró una comisión de seis auditores que habrán de presentar un informe en breve.

El conflicto de la CET ha sido utilizado políticamente por el PRI, por medio del diputado local Ismael Díaz Carrillo, que desde el Congreso estatal, donde preside la Comisión de Asuntos Indígenas, ha criticado al gobernador panista, Francisco Barrio, por el funcionamiento de esta instancia.

Los indígenas de Cusárare han enviado la denuncia por ``usurpación de funciones'' contra las autoridades ejidales, a cargo de Juan Baquetero, al legislador priísta y al jefe del Departamento de Gobernación de la entidad, José Luis Franco Carrillo, y el priísta ha sacado beneficio político de la deficiencia del gobierno panista al imponer administradores de la riqueza tarahumara sin tomar en cuenta a los propios rarámuris.

Paralelamente al conflicto administrativo se ha desarrollado el cambio de autoridades, complicando la situación en el ejido. El proceso de elección para la comisaria ejidal y el consejo de vigilancia concluyó el 2 de marzo, pero fue impugnado por las autoridades tradicionales desde el 13 de febrero en un documento enviado al gobierno estatal signado por el primer gobernador indígena del ejido, Federico González, y el comisario de policía, Luciano Sebastián González, entre otras autoridades.

A pesar de las impugnaciones sobre la ilegalidad de la asamblea, porque se realizó fuera de tiempo y no tenía el quórum suficiente, el 16 de marzo Patrocinio Cruz fue nombrado nuevo comisario del ejido, quien es desconocido por una parte de la comunidad.

``Fue impuesto por el propio Villegas para seguir manejando la madera'', asegura María Elena, quien ha propuesto a la Procuraduría Agraria la realización de nuevas elecciones al tiempo que denuncia ``amenazas de muerte'' por estar en contra de las nuevas autoridades.

Esta situación, estiman asesores de la comunidad que integran la organización civil Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario (Alcadeco), beneficia a la International Paper Company, empresa interesada en contar con autoridades que acepten la negociación de explotar los recursos forestales, sin un programa ecológico de largo plazo y sin la intervención de los ejidatarios.

En el ejido nadie tiene información segura sobre la presencia de la compañía estadunidense que tiene planeado extenderse por toda la Sierra Madre Occidental. Sólo existe la versión de que las nuevas autoridades ya están en contacto con una empresa que exporta papel a Europa, Asia y Latinoamérica.

``La mayoría no sabemos ni siquiera cómo se vende la madera --reconoce María Elena cuando se le pregunta al respecto--. A nosotros no se nos informa cuánto se explota. A veces vemos como sacan la madera día y noche y nada sabemos. Es que las autoridades siempre han hecho las negociaciones a escondidas, no informan a las comunidades, no nos toman en cuenta''.

Sin embargo, la información pública es que la transnacional prevé obtener una producción de la Tarahumara de al menos 100 mil toneladas de material para celulosa en un año e incrementar sus ganancias de 24 mil millones de dólares.