El proceso a Gutiérrez Rebollo, en ``conflicto de competencia''

Ana Salazar, corresponsal, y Juan Manuel Venegas, Almoloya de Juárez, Méx., 2 de abril Ť La situación jurídica del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), entró ya en un ``conflicto de competencia'' entre las autoridades civiles y militares, debido a que las dos instancias pretenden enjuiciarlo por los mismos delitos.

Ante ello, la defensa del militar acusado de proteger actividades del narcotráfico, cohecho, abuso de autoridad y asociación delictuosa, informó hoy que interpondrá los recursos legales pertinentes con el fin de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si Gutiérrez Rebollo es sometido a una corte militar o civil.

Este miércoles, en el penal de máxima seguridad de Almoloya, se llevó a cabo la primera audiencia del proceso militar que se instruye en contra del ex director del INCD. Hasta esta prisión debió trasladarse el titular del Juzgado Sexto de Justicia Militar, ante quien Gutiérrez Rebollo solicitó ser procesado por una sola autoridad.

Cuando fue detenido el 18 de febrero pasado, Gutiérrez Rebollo fue consignado por la Procuraduría General de la República (PGR) al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en el Reclusorio Oriente.

Paralelamente, la Procuraduría de Justicia Militar mantuvo su investigación y determinó que, como militar en funciones (cuando fue jefe de la Quinta Región Militar en Jalisco), Gutiérrez Rebollo incurrió en los mismos delitos que le imputó la PGR, por lo que decidió consignarlo al fuero militar.

Lo anterior significa que el ex funcionario quedó bajo proceso en el Juzgado Cuarto y en el Juzgado Sexto de Justicia Militar, ``lo que constituye una violación a sus garantías constitucionales'', consideró su abogado Tomás Arturo González.

En entrevista al término de la audiencia --a la que no se permitió acceso a la prensa--, González agregó que su cliente ``no tiene inclinaciones'' de ser juzgado por una u otra instancia, ``pero sí reclamamos que, siendo los mismos delitos, sea una sola autoridad la que lo juzgue''.

Indicó que los militares sí tienen interés en ser los jueces de Gutiérrez Rebollo, e incluso pidieron ampliación de plazo hasta las 14 horas del próximo viernes para formalizar su petición de seguir el proceso, para lo cual deberán solicitar todo el expediente de la causa penal 26/97 radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió anoche un comunicado en el que precisa su posición:

``El general Jesús Gutiérrez Rebollo, independientemente del proceso que se le instruye en los tribunales del fuero federal... se encuentra sujeto a proceso en el Juzgado Sexto Militar, por delitos de fuero de guerra presuntamente cometidos durante su gestión como comandante de la Quinta Región Militar de Guadalajara, Jalisco.

``En la misma situación se encuentran el capitán Javier García Hernández y José Horacio Montenegro Ortiz.''

Sin embargo, según el abogado de Gutiérrez Rebollo, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esa instancia dictamine si su cliente queda sujeto al fuero castrense o civil.

Destacó que hicieron notar que a nivel militar ``existen diversos obstáculos para que se le procese, debido a que no puede ser enjuiciado por militares de rango inferior al de él''.

Por su parte, la esposa del militar recluido en este penal, María Teresa Ramírez de Gutiérrez, denunció que sus cuentas bancarias, que alcanzan los 300 mil pesos, se encuentran congeladas por orden de la PGR, y su casa en la capital de Jalisco ha sido cateada en varias ocasiones, además de que su familia ha sido amenazada constantemente por personas anónimas, mientras sus hijas --que radican en la ciudad de México-- son vigiladas por la Policía Judicial Federal, aseguró.

Ramírez Gutiérrez solicitó públicamente que dejen en paz a su familia y descongelen sus cuentas bancarias ``que son el producto del trabajo honrado'' de su marido, quien por cierto --dijo-- presentó su declaración patrimonial ante autoridades civiles cuando se hizo cargo, con aval del presidente Ernesto Zedillo, de la dirección del Instituto Nacional del Combate a las Drogas.

``No somos de sociedad; no acudimos a reuniones sociales porque somos gente sencilla. Mi marido es inocente y confiamos en que se hará justicia'', exclamó la esposa del general.