Estamos muy preocupados porque el pasado martes cabalístico entró en vigor la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria, aprobada el 30 de septiembre de l996. ¿Qué se propone esa ley, a la que todos le conferimos un carácter draconiano? Entre otras cosas, se propone reforzar la vigilancia de la patrulla fronteriza, hacer más bardas metálicas impracticables como la de Tijuana-San Diego, que ya se está ampliando en 22 kilómetros, penalizar más el contrabando de ilegales y la falsificación de documentos, hacer más expeditivos el arresto, la detención y la expulsión de extranjeros ilegales o inadmisibles, y aumentar el monto mínimo de ingresos que debe demostrarse para gestionar la inmigración de familiares.

La preocupación, aun en cuanto tiene de puramente retórica, debió haber empezado hace tiempo. Desde l994, por lo menos, hay obvios indicios de que las actitudes xenófobas, racistas, discriminatorias y claramente contrarias a los derechos humanos y laborales, brillarían en las agendas políticas para atraer votos. Fue el caso de la Propuesta l87 del gobernador Pete Wilson, que acabó siendo congelada por las autoridades federales, y de la sentenciosa observación de George Bush, en una reunión de banqueros en Cancún, respecto de que la economía de su país ya no resistiría más indocumentados. En esa ocasión, Bill Clinton respondió desde Washington que tal idiosincrasia republicana conduciría a un Estado fascista.

Pero desde enero de l995, Clinton dio a conocer su plan para castigar con la mayor severidad a quienes contrataran mano de obra indocumentada. Luego vinieron la ley del presupuesto de l996 con el más agresivo programa integral formulado hasta entonces contra los braceros, la Operación Guardián, la ley antiterrorista y la de asistencia social, y toda una serie de disposiciones que han afectado gravemente la vida de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, sus posibilidades de educación, la atención debida a los ancianos y a los niños. En cuanto a las deportaciones masivas que nos tienen tan nerviosos, quizá no sea el nombre que conviene a los deportados en los últimos siete años, que promedian un millón por año (sólo de enero a marzo se han deportado diariamente mil 300 migrantes de origen mexicano), sin que nuestra solidaridad de connacionales se haya conmovido demasiado. En suma, Clinton está demostrando que no hace ninguna falta ser republicano para teñir a su país con colores fascistoides.

Los trabajadores llamados hispanos, documentados o no, están del otro lado de la frontera por razones ajenas al aventurerismo, y si se mantienen allí contra todas las leyes circunstanciales o los discursos de oportunidad política, es porque son reclamados por necesidades acuciantes de la economía estadunidense. Entre mayor sea su desamparo legal y su condición de perseguidos, mayores serán las tasas de explotación a que sean sometidos y menores los costos por atención federal. El gobierno, al tiempo que amenaza con castigar rudamente a quienes contraten a ilegales, ofrece subsidiar a quienes no lo hagan, utilizando para ello los recursos ahorrados en asistencia. Lawton Chiles, gobernador de Florida, fue el primero en firmar una orden ejecutiva en que acepta el programa antinmigrante y espera el subsidio. Pero Estados Unidos no va a renunciar por excesos retóricos o legislativos a los 28 mil millones de dólares que reportan esos trabajadores a su economía.

Por lo demás, si nuestro país quisiera hacer alguna vez acusaciones serias ante tribunales internacionales por el trato que reciben los indocumentados mexicanos, que desde luego son pobres, tendría que empezar por acreditar el trato humanitario, justo y digno que otorga a los indígenas de todas partes y a los pobres de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el resto de la República. Aquí, para gloria del derecho, no tenemos leyes antipobres, pero conociendo la realidad, quizá nuestros trabajadores preferirían correr todos los riesgos de la idiosincrasia fascista, antes que morir de hambre o a balazos en su propia patria.