Testimonios oficiales de que el funcionario dirigió la operación

Herman Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis. ᅤ ``Un problema menor con una lógica de represión mayor'' llama el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a los acontecimientos del 14 de marzo, en el documento Información sobre la masacre de San Pedro Nixtalucum.

Ahí se ofrece una versión más acabada de los hechos, en lo fundamental coincidente con las relatadas por testigos a la prensa, y aporta ``nuevos datos''.

A saber, que la operación policiaca en que resultaron muertos cuatro campesinos zapatistas fue dirigido ``personalmente'' por el procurador general del estado de Chiapas. Y cita el documento a funcionarios estatales como fuente. Allí se relata una reunión efectuada el 19 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, donde ``miembros de ese centro de derechos humanos fueron informados por el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, y por el director general de Gobierno, Mario Arturo Coutiño Barrera, que el señor procurador de Justicia del Estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar, viajaba personalmente en el helicóptero que dirigió las operaciones'' en la comunidad de San Pedro Nixtalucum.

Durante la misma reunión, en presencia de las autoridades priístas del municipio de El Bosque y la representación estatal y municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), los funcionarios ``conocieron'' que desde el helicóptero ``se había disparado a un vehículo de pasajeros que circulaba de la comunidad de Los Plátanos a Bochil, a pesar de que la noticia fue perfectamente cubierta por la prensa local, nacional e internacional, con fotos, mostrando perforaciones del techo del vehículo''.

La reconstrucción de los hechos, confirmada aún por los priístas del lugar, muestra en la valoración del Centro de Derechos Humanos, ``una serie de irregularidades, cuestiones por definir y contradicciones''. Y enseguida se enumeran:

``¿Cómo es posible que todo un contingente policiaco se mueva y arribe al lugar de los hechos minutos después de que se hace una denuncia y se inicie una averiguación previa en una ciudad distante, al menos a tres horas de distancia? ¿Por qué la policía interviene con tanta fuerza justamente cuando están a punto de canjearse los detenidos y solucionarse los problemas?''.

Otras preguntas son: ''¿Por qué el señor procurador personalmente asume el caso? ¿Por qué dirige las operaciones de búsqueda de los cinco priístas desaparecidos habiendo tantos casos similares todas las semanas? ¿Por qué no realiza la operación para liberar a los perredistas que se encuentran en similares condiciones (secuestrados, detenidos) por el grupo priísta? ¿Por qué dispara el helicóptero en que viaja el señor procurador en contra del vehículo que viaja a Bochil?''.

En la operación fueron detenidos 27 campesinos zapatistas ( que el documento aquí citado siempre identifica como ``perredistas'', como con frecuencia se han definido los propios afectados), 24 de los cuales se encuentran consignados, acusados de varios delitos. Al respecto, el documento del Fray Bartolomé de las Casas se hace una pregunta más : ``¿cómo se explica que los detenidos en Cerro Hueco estén acusados de homicidio en contra de sus propios compañeros cuando se asegura que fue una emboscada en contra de policías?''.

Después el informe caracteriza la situación del municipio llamado El Bosque tradicionalmente, y ahora en su carácter autónomo llamado San Juan de la Libertad: ``La convivencia de poderes paralelos ha mostrado en los meses de coexistencia una gran capacidad de diálogo interno y de ánimo de ambas partes para evitar tensión. Sin embargo esta situación, como la de otros municipios, tiene límites y se convierten (sic) en bomba de tiempo de fácil detonación. Es decir que se se pueden explotar cuando se considere adecuado, buscando un pretexto o una provocación''.

Y agrega: ``El gobierno del estado ha apostado a ganar tiempo, y con los recursos del gobierno estatal aplicados de manera selectiva en las comunidades que lo apoyan, y a utilizar la provocación y la represión para avanzar. Se inscribe dentro de la esperanza del desgaste ``natural'' y la administración del conflicto. Esta apuesta al desgaste ignora que casi cuatro quintas partes del municipio no se rigen por el gobierno municipal oficialista''. Por último, luego de inscribir los eventos de San Pedro y El Bosque en el contexto de una guerra de baja intensidad, el centro de derechos humanos ``condena enérgicamente la masacre y exige el esclarecimiento inmediato de los hechos. Reitera que la estrategia de guerra de baja intensidad que aplica el gobierno en el estado no es la solución a las necesidades de la población; genera más tensiones y divisiones'', lo cual escala el conflicto, ``buscando acabar con lo poco alcanzado en el diálogo de paz''.