El informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre la matanza perpetrada el pasado 14 de marzo, en el municipio chiapaneco de El Bosque, no sólo ratifica el hecho de que Chiapas se encuentra al borde de un estallido de dimensiones y consecuencias gravísimas, sino que señala directamente al gobierno de ese estado como partícipe en la exacerbación de los ánimos --entre instancias de poder municipal y autoridades constituídas por usos y costumbres--, y como responsable de un ejercicio de autoridad represivo, violento e incompatible con la solución negociada y pacífica de los problemas, añejos y presentes, de la entidad.
Del informe citado se infiere que en este trágico suceso las autoridades estatales actuaron en forma partidista y beligerante. Pero, lo que es más grave, el documento indica, con base en declaraciones de funcionarios del propio equipo del gobernador Julio César Ruiz Ferro, que el procurador estatal, Jorge Enrique Hernández Aguilar, dirigió desde un helicóptero la operación represiva.
Ante un equilibrio de poder tan precario, complejo y tenso como el que se presenta en Chiapas --en el cual confluyen actores y sectores tan diversos como el Ejército, el EZLN y sus comunidades, las guardias blancas, las feligresías religiosas enfrentadas entre sí, los ganaderos, los invasores de tierras, los defensores de derechos humanos y agrarios, las autoridades eclesiásticas, los partidos políticos, las instancias de mediación y negociación-- correspondería al gobierno local, por elemental sensibilidad política, asumir una postura conciliadora, pacífica e imparcial, que permitiera solucionar las pugnas que, con una frecuencia cada vez mayor, se traducen en hechos sangrientos. Sin embargo, el equipo encabezado por Ruiz Ferro y por su secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, ha mantenido una política opuesta a la solución de los conflictos y, en ocasiones, enturbiada por acciones presumiblemente delictivas, como el caso de la participación del procurador en el ametrallamiento indiscriminado de civiles.
Cabe dudar que, en tales circunstancias, el ejecutivo local sea capaz de garantizar en la entidad la realización del proceso electoral del próximo 6 de julio en un clima de paz, justicia y transparencia.
En lo inmediato, la información --confirmada por los propios voceros de Zepeda-- sobre la participación del procurador chiapaneco en los cruentos sucesos de El Bosque da pie para demandar la remoción de ese funcionario en tanto se investiga, con apego a derecho, su posible responsabilidad en la matanza y se establece, en forma convincente y transparente, su inocencia o su culpabilidad. Más allá de esa medida de elemental justicia, el desgobierno que padece Chiapas hace necesaria una recomposición general del equipo que detenta el poder público en la entidad.
Finalmente, ante un gobierno local que se ha convertido en un factor más de conflicto, es necesario que el Ejecutivo federal tome la iniciativa para destrabar el diálogo de San Andrés y valide la propuesta de la Cocopa en materia de derechos indígenas, con base en la cual podría desactivarse una parte sustancial de las tensiones políticas e iniciarse la recomposición del muy lastimado tejido social chiapaneco. Una decisión en este sentido sería, sin duda, un factor de cohesión y armonización nacional en un momento electoral de gran trascendencia.