Implican a dos policías y a un comisario en el homicidio del argentino Cabezas; el acusador entregó un video Busca Human Rights Watch llevar ante la ONU el caso de la violencia policiaco-militar en Brasil

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 2 de abril Ť La aparición, este miércoles, de un ``arrepentido'' que confesó la participación directa de dos policías y un comisario de la provincia de Buenos Aires en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, perpetrado el pasado 25 de enero, podría dar un vuelco a la investigación del caso.

Como detalle siniestro, el presunto testigo entregó al juez que entiende la causa un video, que habría sido filmado por orden del comisario Mario Rodríguez, en el que el fotógrafo esposado y golpeado pide por su vida.

Esto destruiría la primera versión de la justicia, que hizo recaer la culpabilidad del crimen en un grupo de delincuentes comunes. Esta nueva versión ``parece creíble, porque da muchos datos y nombres'', según declaró la fiscal María Brignoles a agencias locales.

El abogado de la familia Cabezas dijo a su vez que el comisario denunciado, separado de la policía recientemente, habría enviado a dos ex oficiales, precisamente los primeros que fueron mencionados inmediatamente después del crimen, a asesinar al reportero, quien trabajaba para Noticias, semanario político que había efectuado investigaciones sobre la corrupción policial. Pero la propia policía desvió esa línea de investigación.

En la sureña ciudad de Puerto Madryn, un periodista fue secuestrado ayer, amenazado con tener ``el mismo fin de Cabezas'' y luego abandonado en un camino apartado. En esta misma interminable cadena de hechos, el cónsul de Francia en Bahía Blanca, Alain Bruno Rodier, fue amenazado de muerte: ``Te va a pasar lo mismo que a las monjas'' francesas desaparecidas durante la dictadura. Al parecer se trató de una respuesta a las palabras del presidente Jacques Chirac, quien en su reciente visita a Argentina calificó de ``asesino'' al capitán Alfredo Astiz, responsable de esas y de otras desapariciones más. Rodier fue advertido: ``Ustedes lo quieren preso a Astiz. Nosotros te queremos muerto a vos''.

Las nuevas revelaciones en el caso Cabezas provocaron una sensación de horror en el país, en momentos en que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, encabeza una campaña cuyo objetivo es que sean anuladas las leyes que consagraron la impunidad. ``Estamos viendo el grave daño de la impunidad en la democratización. He observado con horror el asesinato de un hombre a manos de la policía militar de Brasil y que dos personas detenidas sólo para pedirles documentos terminan siendo brutalmente golpeadas. He recibido una relación de las matanzas de niños de la calle en ese país. En Uruguay asistimos al temor de tocar a los militares, cuando se conoce por testimonios de ellos mismos que hay desaparecidos enterrados en algunos cuarteles'', dice.

Indignación en Brasil

Precisamente en Brasil continuaban las manifestaciones de indignación a dos días de la difusión televisiva del video que muestra a policías militares torturando, extorsionando y asesinando a un hombre en un puesto de control en la periferia de Sao Paulo. La organización estadunidense Human Rights Watch advirtió incluso que el caso debe llevarse ante Naciones Unidas, mientras centenares de personas apedrearon hoy el vehículo en el que viajaban los diez agentes acusados.

Educados en las normas de las antiguas dictaduras, los policías parecen no poder salir de esas estructuras y comportamientos que, según la mayoría de los analistas, son una costumbre y no un hecho aislado. El fiscal del caso, Fernando Nucci, dijo a la agencia Reuter que lo único extraordinario es que el caso pudo ser mostrado por televisión en la hora de mayor audiencia, y advirtió que la policía paulista es capaz de hacer fracasar la investigación, porque cuenta con poderosos aliados en el poder político.

A estas escenas de barbarie policial se sumó hoy una fotografía publicada por la prensa brasileña en la que una fila de niños de la calle atados como animales es conducida a patrullas por policías de la ciudad de Manaos, en vísperas de la visita a ese lugar de una misión del Ministerio de Justicia que investiga la prostitución infantil.

También las últimas denuncias sobre muertes de jóvenes soldados o del maltrato en los cuarteles de Paraguay y las conductas policiales en ese país indican una alarmante situación regional de derechos humanos. El profesor Martín Almada, detenido durante la dictadura de Alfredo Stroessner y quien descubrió los llamados ``archivos del horror'' que mostraban al desnudo las relaciones entre fuerzas represivas de todo el Cono Sur, denunció recientemente que sin una depuración de las instituciones de seguridad, ``las violaciones no terminarán''.

El parlamentario uruguayo Rafael Michelini, hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en Argentina en 1977 dentro de la llamada Operación Cóndor de coordinación represiva en Sudamérica, sigue luchando por la creación de una comisión de la verdad, resistida por el gobierno del Julio María Sanguinetti.

Michelini denunció recientemente que habría cadáveres de desaparecidos políticos enterrados en cuarteles durante la dictadura (1973-85), y que tenía testimonios militares sobre ello. Importantes documentos --que habrían sido mantenidos en Europa y podrían ser presentados a la justicia penal uruguaya-- mostrarían peritajes forenses, fotografías de cadáveres, relevamientos de restos humanos, informes de inteligencia y mensajes cifrados.

Pero el jefe del ejército, teniente general Raúl Mermot, advirtió hoy que él decidirá si se autoriza el ingreso de jueces a los cuarteles, tras sostener que existe una ``nueva'' campaña de desprestigio contra las fuerzas armadas uruguayas

Estos recuerdos de la muerte continúan apareciendo cada día en los países de la región, y las consecuencias de la impunidad se reflejan en las conductas policiales o militares violatorias de los derechos humanos de una población atrapada en el grave conflicto social de estos tiempos.