El informe es una cruda evaluación de las políticas que los países de América Latina han prometido para preservar los bosques y las selvas. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, entre 1990 y 1995 la deforestación redujo en más de cinco millones de hectáreas el pulmón verde de la región. Tan enorme daño se debe a las presiones sobre los bosques de clima templado y frío y las selvas tropicales con el fin de dedicarlas a la agricultura y a la ganadería extensiva. A lo anterior se suman en algunos países los incendios, la recolección de leña para combustible y la expansión de la agricultura de subsistencia.

Pero además, la FAO sostiene que el ritmo de destrucción aumentará en los años venideros agudizando diversos problemas. Destacan, la disponibilidad de agua para fines agropecuarios, las actividades industriales y de servicios, y garantizar el abasto de los hogares, cuando ya millones de personas carecen del vital líquido; los efectos negativos ocasionados por el cambio climático, la erosión de extensas áreas en las que los campesinos obtenían los componentes de su dieta básica; la pérdida de importante flora y fauna; el azolve de ríos y lagunas por la capa vegetal y otros materiales barridos por las lluvias al no tener la protección de los árboles. Se trata de asuntos suficientemente conocidos por los expertos y por quienes toman las decisiones técnico-políticas. Tan bien lo saben, que año con año se repite en el discurso oficial y en los programas que se protegerá una riqueza fundamental para el desarrollo de ésta y las futuras generaciones.

Mas es claro el abismo entre lo prometido y la realidad. En el caso de México, muy especialmente las últimas cuatro administraciones sexenales han anunciado en innumerables ceremonias y documentos el compromiso de garantizar la salud de nuestros bosques y selvas a través de diversas medidas.

Todo perfecto en el papel, mas las mismas autoridades se encargan de regresarnos a la realidad. Así, la secretaria Julia Carabias y sus colaboradores más cercanos repiten que se pierden cada año entre 600 mil y 700 mil hectáreas forestales causando incontables daños al ambiente y al patrimonio natural de los mexicanos. Si bien algunos quieren culpar a los pobres de esa destrucción, cada vez se sabe mejor que el meollo del asunto radica en políticas agropecuarias erróneas; al impulso de la ganadería extensiva y los monocultivos de plantación en el trópico; a la protección de quienes saquean lo mismo en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Durango, Michoacán o Quintana Roo, los recursos pertenecientes a las comunidades indígenas. En pocas palabras, falta llevar hasta sus últimas consecuencias la visión integradora del desarrollo sostenible que apoye realmente las actividades de las comunidades que más lo necesitan, y a la par garantice el uso racional de recursos cada vez más escasos y necesarios.

Hay ahora el temor de que el aparato legal y los apoyos administrativos y políticos del sistema gubernamental favorezcan la privatización de los recursos forestales, el 80 por ciento de los cuales pertenecen a las comunidades que especialmente en este siglo han sido víctimas del saqueo, y a alentar su explotación por los grandes consorcios externos; y, en paralelo, permitir plantaciones comerciales sin estudiar suficientemente los efectos ambientales y sociales que ocasionarían. Al respecto, el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas hizo llegar a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados una serie de consideraciones sobre las reformas que ahora se plantean a la nueva ley forestal, a fin de que no se convierta en el andamiaje legal para despojar aún más a las comunidades y causar un mayor daño al patrimonio natural del país.

Quienes defienden tan importante pulmón verde sostienen, además, la necesidad de una consulta amplia y suficiente con las organizaciones rurales y los que conocen la realidad social, técnica y económica de las zonas forestales.

No es para menos, habida cuenta el celo modernizador, a cualquier costo, del grupo en el poder. Los errores cometidos en busca de ese empeño los han pagado muy caro los habitantes del campo, a los que se quería sacar de su atraso, y el país en general: más dependencia alimenticia, más pobres, y menos recursos naturales. En el caso del sector forestal, parece que los planes y las promesas han sido flor de un día, ante la falta de voluntad política y no hacer las cosas con la población rural y para su beneficio.