5 días de gracia a migrantes en EU

Efe, Afp, Reuter y Notimex, Washington, 31 de marzo Ť Un juez federal de Estados Unidos aplazó hasta el sábado 5 de este mes la entrada en vigor de la nueva Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, atendiendo así a la petición que hicieran organismos que defienden los derechos de los inmigrantes, mismos que argumentaron que el gobierno no avisó con tiempo suficiente a los afectados sobre las drásticas medidas.

Emmet Sullivan, juez de distrito de Columbia, dio la razón a quienes solicitaron el retraso de la aplicación de la ley --hoy debía comenzar a tener efecto-- al recalcar que al aprobarla, en septiembre del año pasado, el Congreso pidió específicamente que se publicaran las implicaciones del nuevo ordenamiento 30 días antes de su entrada en vigor y el gobierno no cumplió con ese requisito sino hasta el 6 de marzo pasado.

La petición de aplazamiento la formuló la semana pasada la Unión pro Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) apoyada por organizaciones como American Inmigration Lawyers Asociation.

Tras una prolongada sesión y seis horas antes de que entraran en vigencia las nuevas disposiciones migratorias, el juez Sullivan dictaminó en contra del Departamento de Justicia.

A su vez, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) se apresuró a asegurar que no recurrirá a expulsiones en masa de extranjeros, como temen algunos países de América Central.

``No tenemos en mente deportaciones o arrestos masivos de personas'', afirmó el comisionado adjunto del SIN, Paul Virtue, quien acudió hoy al Centro de Prensa Extranjera de esta ciudad. Sin embargo, aclaró que ``nada en esta nueva ley cambia nuestra principal prioridad, que es la expulsión de criminales extranjeros''.

Por otro lado, y antes de que se divulgara la decisión del juez Sullivan, el portavoz del presidente Bill Clinton, Mike McCurry, reconoció que ``algunos aspectos'' de la nueva ley antiinmigrantes ``presentan dificultades'', pero reafirmó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ``lidiar con los problemas relacionados con la inmigración ilegal''.

Según lo consignan las agencias informativas en sus envíos fechados en la capital estadunidense, McCurry dijo también que ``hay partes de la ley que hay que tratar con medidas correctoras'', aunque no especificó cúales serían esas medidas ni a qué capítulos de la ley se refería.

La entrada en vigor de la nueva ley, promulgada el 30 de septiembre pasado por el presidente Bill Clinton, facilitará la deportación de los extranjeros indocumentados y reforzará los controles en las empresas para descubrir a los ilegales. Prevé además reducciones drásticas en los presupuestos destinados a brindar servicios sociales.

Con el aplazamiento, será a partir del sábado y no de este martes, cuando comience el plazo de seis meses (antes de la reforma era de siete años) y que vencerá en octubre, para que los ilegales obtengan un permiso de trabajo o una visa, o para iniciar el trámite para la residencia permanente, la suspensión de deportación o el asilo político.

Conforme a las nuevas normas, vencido el plazo, si los indocumentados permanecen más de seis meses en el país y luego salen, no podrán regresar en un periodo que puede ir de los tres a los diez años.

Todo eso ha ocasionado que un clima de miedo se expanda en las comunidades en las que habitan los indocumentados. De acuerdo con el SIN, se calcula que hay alrededor de 5 millones en Estados Unidos, en su mayoría de origen latinoamericano.

``Hay pánico entre los indocumentados, especialmente entre aquellos que por variadas razones no entienden la nueva ley'', declaró el abogado y especialista en temas de inmigración, Jos Pertierra.

Mientras, Ivette Jackson, viceadministradora del Programa de Cupones para Alimentos del Departamento de Agricultura, declaró que los gobiernos de varios estados estadunidenses se esfuerzan por postergar el impacto de las reformas al Sistema de Bienestar Social, aprobadas en agosto de 1996, las cuales excluirán a más tardar en agosto próximo a un millón de inmigrantes legales del Programa Federal para Recibir Ayuda Alimenticia.