Punta Diamante: engaño y violencia en el desalojo de campesinos

Maribel Gutiérrez, corresponsal /II, Acapulco, Gro., 31 de marzo Ť En Acapulco Diamante hay una historia de engaño, violencia y presiones contra los campesinos y posesionarios, los dueños originales de los terrenos, donde según los planes del gobierno sólo habrá construcciones ``de Primer Mundo''. El desalojo de los ocupantes pobres se ha consumado en la presente década mientras avanzan los desarrollos turísticos de gran lujo. Hubo campesinos que se opusieron, como los del ejido Lomas de Chapultepec, donde hubo dos muertos por la policía municipal en un desalojo en 1990, muchos golpeados en el ex fraccionamiento Copacabana y el ejido La Zanja, y otros engañados, como los del ejido Cumbres de Llano Largo, a quienes el gobierno prometió que se harían ricos porque recibirían 20 por ciento de las ventas de sus terrenos, donde se localiza el fraccionamiento exclusivo La Cima y el hotel Las Brisas.

Se prevé que todos, incluso los que han resistido, tendrán que irse por la presión del valor de los terrenos que terminarán vendiendo o del alto costo de los impuestos y de servicios. El proceso de salida podrá acelerarse a partir de este año si resultan las previsiones del gobierno de un aumento en el flujo de inversiones en Acapulco Diamante, sustentadas en un repunte en la actividad turística en 1996 cuando, según datos oficiales, el número de visitantes a Acapulco creció 30 por ciento respecto al año anterior.

Pobreza y estorbo

Para planear de manera concertada el crecimiento, comenzó a funcionar en enero pasado el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Acapulco Diamante, del que forman parte los empresarios, funcionarios de los gobiernos estatal, municipal y federal, los comisariados ejidales, representantes de comerciantes, de pescadores, de vendedores ambulantes, la Federación de Trabajadores de Guerrero y todos los que tienen alguna actividad económica en esa área.

Se sientan en la misma mesa, por ejemplo, empresarios del hotel Vidafel Mayan Palace, que construyeron una barda de más de tres metros de alto y tienen guardias cada 20 metros para impedir el paso a la playa de los habitantes de pueblos como La Poza y La Zanja, y los ejidatarios que demandan que el hotel les permita el acceso a la playa.

Hay posiciones incompatibles. En la primera reunión del consejo, el 14 de enero, un empresario propuso que en el orden del día se incluyeran los desalojos.

De ahí, para ``armonizar intereses'' de desarrolladores y los habitantes de las comunidades ubicadas en las inmediaciones, se instaló un subcomité de conciliación, encabezado por el presidente del PRI en Acapulco -miembro de la Confederación Nacional Campesina-, Nabor Ojeda Delgado, quien consideró que en el Acapulco Diamante, que abarca desde el ejido Cumbres de Llano Largo -donde termina la bahía de Acapulco- hasta Lomas de Chapultepec, por Barra Vieja, viven unas 2 mil familias de campesinos.

El director de la Promotora Turística de Guerrero (Protur), Amín Zarur, habló sobre la permanencia de los pobres en ese lugar turístico: ``Queremos que el desarrollo sirva para todos. Que sean los ejidatarios los primeros que se contraten en las obras que se van a construir, o los primeros servidores turísticos en estas áreas. Los hoteles van a requerir de todo, meseros, cantineros, recamareras, mensajeros y profesionistas que pueden ser incorporados al desarrollo''.

Explicó: ``Muchos de ellos se quejan de que el desarrollo no les favorece. Pero vamos a invitarlos, ya no se puede hacer un desarrollo desplazando a nadie. Los pueblos que están en esa zona, como La Zanja, Plan de los Amates, Puerto Marqués, tienen que remodelarse, tener una vida más digna. No es posible un lugar muy elegante y a la vuelta un lugar miserable''.

Muchos preguntan si podrán quedarse. El funcionario encargado de promover el desarrollo turístico dijo: ``No están obligados a salir, pero si la tierra empieza a subir y es muy atractivo para ellos vender en un millón de dólares o 500 mil dólares, lo que no les costó nada, a lo mejor les conviene. Es decisión de ellos. Pero la idea es hacer los pueblos bonitos, darles el toque agradable para que el turista no los sienta como un estorbo''.

Luchamos, corrió sangre, perdimos

Lomas de Chapultepec es un ejido que disputó 200 hectáreas de la isla de Saucedo, a un lado del río Papagayo, contra la empresa inmobiliaria Acapulco y Papagayo. Aunque los campesinos trabajaban esas tierras desde hace décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dar 97 hectáreas a la empresa, que en octubre de 1994 -con apoyo de la policía motorizada del estado- ordenó el desalojo de los campesinos y la destrucción de sus viviendas y restaurantes rústicos.

La empresa cercó los terrenos junto al mar con malla ciclónica, de la que cuelgan letreros que dicen ``propiedad privada'' y ``prohibido el paso'', y por si algún campesino quiere entrar en las que fueron sus huertas o en la playa, está para impedirlo un grupo de la policía motorizada que vigila día y noche.

Surgió una pregunta: ¿quién es el propietario de la inmobiliaria con poder para tener a su disposición grupos de la policía estatal? Se habló de Carlos Hank González, de Jaime Camil, de Rubén Figueroa o de Raúl Salinas de Gortari. Ahora se sabe que la propietaria es una sociedad con participación de Nelson Rockefeller y de los mexicanos Jaime Camil y Jesús Robles Martínez, y que anunció una inversión de 500 millones de dólares.

Esos inversionistas no se conformaron con las 97 hectáreas. Han ido comprando tierras a los campesinos, pagándoles precios ridículos. Compraron toda la franja cercana a la playa, 43 hectáreas más y ampliaron el área cercada y vigilada por la policía motorizada.

Los campesinos perdieron el acceso al mar, las tierras colindantes con la barra de la laguna de Tres Palos y con la barra del Río Papagayo, que consideraban ``el corazón del ejido'', y se quedaron sólo con las huertas del lado del monte, que no están en el Acapulco Diamante, y con su pueblo, Lomas de Chapultepec, sin calles, sin agua potable, sin servicios básicos. ``Ya no podemos ir a la playa ni para bañarnos'', afirmó el presidente del comisariado ejidal, José Isabel Ramírez Morales.

Dijo que los ejidatarios no reconocen la resolución de la Suprema Corte, que determinó que la propietaria de la isla de Saucedo es la inmobiliaria Acapulco y Papagayo. ``Pero hubo hasta muertos peleando por la tierra y para nada. Estamos ya muy dolidos. Ya las tierras las perdimos. Ya la empresa se chingó lo que quería. Ahora vamos a defender lo que nos queda. Los ejidatarios estamos dolidos por esa injusticia'', señaló.

Aquí hubo un desalojo violento, en diciembre de 1990, con efectivos de la policía municipal que mataron a los campesinos Amado Nieto y Eleazar Valentín Comino. ``Luchamos, hubo muertos, corrió sangre'', recordó el dirigente, y con un sentimiento de derrota, de que no hay más qué hacer, indicó: ``Ahora sólo nos queda apoyar a la empresa, para que nos dé trabajo y haga obras sociales''.

Hubo presiones para que dejaran los terrenos junto al mar. Los representantes de la inmobiliaria ofrecían cualquier cantidad, y advertían: ``Agárralo si quieres, si no, te vas a quedar sin nada''. Y de 200 afectados, todavía hay siete campesinos que no han aceptado ``la miseria'' que les quieren dar como pago de los árboles frutales plantados en los terrenos que legalmente corresponden a la empresa, donde tenían huertas de coco, de mango o limón, de las que dependían para vivir.

Dolido por la pérdida del acceso al mar, el presidente de los 316 ejidatarios de Lomas de Chapultepec comentó: ``Aquí se ve que las playas no son de la nación, son de las empresas. Nuestras colindancias cambiaron, uno de los límites del ejido era el mar, ahora es una malla ciclónica''.