Ana María Aragonés
Oportunidad inesperada
En atención a las peticiones formuladas por diversos grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, el juez Emmet Sullivan resolvió aplazar la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración hasta el 5 de abril. La Casa Blanca misma reconoció ayer que ``algunos aspectos de la nueva ley presentan dificultades''. Ante esta situación novedosa, hay que destacar varios factores. El primero es que, en septiembre, los congresistas estadunidenses aprobaron la ley antinmigrante de manera por demás apresurada, en un contexto electoral en el cual el tema de los migrantes y las presiones contra México eran ampliamente utilizados con propósitos políticos y politiqueros. Esa premura dio como resultado que la ley en cuestión presentara dificultades de instrumentación, como la que ahora ha dado pie para el fallo del juez Sullivan.
Por otro lado, debe tenerse muy presente que esta decisión no estuvo influida por ninguna acción mexicana, ni gubernamental ni social, pese a que habría debido correspondernos tomar una actitud firme y sólida de rechazo a la ley desde que ésta se aprobó. A pesar del inminente riesgo de una deportación masiva de indocumentados, para la cual el SIN echaría mano de las policías locales y estatales y prescindiría de los jueces migratorios, la cancillería mexicana desatendió el asunto y no fue sino hasta hace unos días que empezó a tomar medidas al respecto. Todavía anteayer, el secretario Angel Gurría envió a Estados Unidos una nota diplomática que muestra la tibieza con la que el gobierno ha venido enfrentando un conflicto de tal envergadura.
Por las razones que sea, lo cierto es que la resolución judicial comentada configura una situación poco común que debe ser aprovechada para tratar de encontrar, lo más rápido posible, los mecanismos que permitan influir, no en la posposición, sino en la cancelación definitiva de tan lesiva ley, así como para emprender acciones organizadas de información y protección consular para nuestros compatriotas en el país vecino.
Habida cuenta de que velar por la protección de nuestros connacionales en el extranjero es una obligación irrenunciable del Estado, en esta oportunidad se requiere tomar medidas firmes. La primera debe ser sumarse a los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, quienes se reunirán las próximas horas en Washington para presentar a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, una petición conjunta con el propósito de evitar deportaciones masivas de ciudadanos de esos países.
México está en la posición, y en la necesidad, de hacer entender que los fenómenos migratorios no deben ser abordados ni legislados de manera unilateral, sino en una perspectiva que tome en cuenta el contexto de la globalización económica y que, en vez de criminalizar el fenómeno, como pretende hacerlo la ley antinmigratoria, han de buscarse los acuerdos y consensos necesarios para que la fuerza de trabajo migrante, que reporta grandes beneficios para las economías en las que se inserta, sea considerada un elemento de cooperación entre los países.