Respeto a migrantes, pidió la SRE a EU

David Aponte Ť La cancillería mexicana solicitó al Departamento de Estado que los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y los efectivos de la Patrulla Fronteriza respeten los principios de no discriminación y unidad familiar de los migrantes mexicanos -pactados entre ambos gobiernos- en la aplicación de la nueva legislación migratoria conocida como Acta de 1996.

Las disposiciones de la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes ``no contribuyen a la comprensión cabal del fenómeno ni estimulan el trato digno a los migrantes'', expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En una nota diplomática enviada el primero de octubre de 1996, un día después de que el presidente Bill Clinton firmara el decreto de la nueva legislación, el gobierno de México expresó su preocupación sobre sus efectos en los migrantes de origen mexicano y el margen de discrecionalidad que ofrece al SIN y a la Patrulla Fronteriza para su interpretación.

A unas horas de que entre en vigor la mayoría de las disposiciones del Acta de 1996 y sus procedimientos de inspección, detención, remoción y deportación, la cancillería mexicana dio a conocer en un comunicado de prensa el contenido de los diferentes intercambios oficiales con el gobierno de Estados Unidos.

En las comunicaciones escritas y verbales, la dependencia del Ejecutivo no respondió al acuerdo formulado por la Cámara de Diputados, la cual solicitó a la SRE que interpusiera sus buenos oficios para postergar la entrada en vigor de la nueva legislación migratoria, que propiciará la persecución de 17 millones de personas de origen mexicano que residen en territorio estadunidense.

La oficina encargada de la política exterior de México explicó que las autoridades estadunidenses han estado trabajando en la redacción de la reglamentación del Acta de 1996, que entrará en vigor este martes. Paralelamente, diplomáticos mexicanos han sostenido conversaciones con sus contrapartes del Departamento de Estado y del SIN, en las que han reafirmado la responsabilidad irrenunciable del gobierno mexicano de brindar protección a sus nacionales, independientemente de su estatuto migratorio.

``En particular, el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, hizo llegar a la comisionada del SIN, Doris Meissner, las observaciones del gobierno de México, sección por sección de la ley, reiterando nuestro compromiso con el marco jurídico y político que conforman las diversas convenciones, acuerdos y compromisos bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos en materia migratoria y de protección consular, en particular la Convención México-Estados Unidos de Relaciones Consulares y el Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y Estados Unidos, firmado el 7 de mayo de 1996'', indicó.

Al respecto, la parte mexicana insistió en que la aplicación de la legislación migratoria ``se realice con pleno respeto a los derechos de los migrantes'', fundamentalmente en la prerrogativa de entablar comunicación con los consulados de México en territorio estadunidense, agregó.

El gobierno de México incluyó en la agenda de trabajo de los mecanismos de consulta bilaterales el tema relacionado con la instrumentación del Acta de 1996 y su reglamentación. ``De hecho, los representantes consulares de México en Estados Unidos se han mantenido en estrecha comunicación con las autoridades del SIN y de la Patrulla Fronteriza, con el propósito de resolver dudas sobre la aplicación de la ley, y crear las condiciones que permitan responder oportuna y eficazmente ante situaciones en las que nacionales mexi-canos requieran asistencia y protección consular'', precisó.

Por otra parte, detalló que los 41 consulados de México en Estados Unidos han puesto en marcha diversos programas con el objetivo de proporcionar una mejor protección a los migrantes, ante la aplicación del nuevo marco jurídico: la capacitación permanente del personal, fundamentalmente en el contenido de las piezas legislativas, el impacto en la comunidad mexicana y los recursos legales y administrativos; el establecimiento de una red de comunicaciones y coordinación con organizaciones no gubernamentales, y la integración de un cuerpo de abogados consultores, comprometidos con la defensa de los migrantes.

La SRE reforzará todos los proyectos de defensa consular en 1997, entre ellos un plan de asistencia jurídica de alcance en todo el territorio de Estados Unidos. Los programas estarán vinculados con la aplicación del Acta de 1996 y de otras leyes, como la de bienestar social, que requerirán una acción consular dinámica, mencionó.

``El gobierno de México está consciente de que las autoridades migratorias estadunidenses tienen el mandato de instrumentar cabalmente la nueva ley migratoria. No obstante, el gobierno de México no admitirá que en su aplicación se vulneren la dignidad y los derechos humanos y laborales de sus nacionales'', agregó.