Julio Moguel
Una comisión civil para la paz
Chiapas y Guerrero deben ser catalogados hoy por hoy como estados de excepción, donde impera la ilegalidad, la violencia, el asesinato político y la violación cotidiana de los derechos humanos. Considerar coyuntural lo que allí sucede es una equivocación que lleva a pretender salidas igualmente equivocadas. En Chiapas hay ya una guerra abierta contra la población indígena no demasiado distinta a la que se vivió hasta hace poco en Guatemala. En Guerrero la ``ocupación militar'' del terreno es menos evidente, pero no así los asesinatos políticos que, como si provinieran de una misma mano, han cortado en las últimas horas no menos de cinco cabezas perredistas en distintas áreas de su geografía: La Montaña, Tierra Caliente y la Costa Grande.
¿Alguien cree que tal condición de excepcionalidad es sólo una especie de rezago, un retraso temporal o una especie de asincronía frente a la rápida e incluso vertiginosa transformación democrática que el país vive a través de los procesos electorales? Ciertamente hay por desgracia quienes así lo consideran. En esta visión Chiapas y Guerrero -incluso Oaxaca- serían materia de otro casete, de otra película, de otra historia. En esta visión no habría que dar demasiada importancia a la violencia pueblerina, cuando menos no al punto de manchar o entorpecer el curso franco del aséptico torneo ciudadano.
Pero el caso es que ``el piso de arriba'' está íntimamente interconectado con ``el de abajo'' (y sin duda con ``el sótano'', para usar una conocida imagen del subcomandante Marcos), y no parece haber ninguna razón para suponer que la violencia en acto o programada (la violencia real, de carne y hueso; pero también la simbólica, sin duda) no sea, en lo fundamental, parte esencial de un reacomodo político de fuerzas de grandes dimensiones y alcances, e incluso parte esencial de la ``estrategia electoral'' de los diversos núcleos -regionales y nacionales- dominantes agrupados en el priísmo (la
``mano'' de estas elecciones intermedias define con mucho ``la mano'' de las presidenciales, en el 2000).
¿Por qué la insistencia priísta (canción preferida de Roque Villanueva) en catalogar al PRD y a sus candidatos más conspicuos como ``violentos'', en condiciones en que son los militantes de este partido (como en Chiapas lo son los zapatistas) los que hoy son asesinados o encarcelados? Las más recientes provocaciones en Chiapas (el rechazo a los acuerdos de San Andrés combinado con su manipulación, como en el más reciente caso de la ``remunicipalización''; la violencia en la zona norte; los desalojos violentos; el secuestro de dos centenas de indígenas y su reclusión temporal en un estadio; el encarcelamiento de jesuitas y dirigentes de la Xi Nich; el asesinato a mansalva de zapatistas en El Bosque y el de perredistas en Sabanilla, etcétera, etcétera) ¿no son acaso un obvio intento por ``provocar una reacción violenta'' para justificar una mayor escalada de violencia? ¿No es tal la lógica prevista para polarizar las fuerzas políticas y generar el ya ensayado ``voto del miedo''? ¿No es eso lo que el señor Roque necesitar para hacer ``inteligente'' y oportuno su insistente mensaje político?
Por todo esto, la más reciente iniciativa del PRD para establecer un acuerdo de pacificación en tres estados del sur (La Jornada, 26 de marzo) tiene una gran importancia política. En el marco de la coyuntura electoral ya abierta, devuelve ``la papa caliente'' a los provocadores de las acciones violentas y define una línea o propuesta para avanzar en el terreno de la distensión. Pero ¿es viable y correcto en la línea presentada proponer que ``para investigar los delitos cometidos'' se nombre ``una comisión del gobierno federal''? La contradicción es obvia y no merece mayores comentarios. Es claro que la comisión deberá estar compuesta por personalidades civiles de reconocida probidad y reconocimiento público, independientes del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.
La comisión civil referida debería cumplir las siguientes cualidades y condiciones: a) ser propuesta por listas de candidatos de partidos y de organizaciones reconocidas de la sociedad civil; b) operar de inmediato, antes de los comicios del 6 de julio; c) ser avalada por el Congreso de la Unión, para que pueda cumplir cabalmente sus funciones; d) contar con recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades de evaluación y seguimiento de casos, y e) tener acceso a expedientes y documentos de todo tipo, beneficiándose además con el apoyo profesional de un cuerpo de abogados también independientes.