Aceptan las FARC iniciar diálogo de paz con el gobierno colombiano

Dpa, Efe, Reuter y Afp, Santafé de Bogotá, 30 de marzo Ť Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más antiguo del país, aceptó este domingo iniciar un diálogo de paz con el gobierno pero bajo ciertas condiciones, entre las que destaca la no participación de los escuadrones de la muerte en las negociaciones.

Mientras, en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Santafé de Bogotá, una persona murió y otra resultó herida al estallar anoche un artefacto explosivo en una de las celdas.

En lo que constituyó la primera reacción de las FARC a una iniciativa de paz lanzada por el nuevo ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, quien esta semana tomará posesión, uno de los siete dirigentes de ese grupo guerrillero, Raúl Reyes, aseguró que su organización ve con buenos ojos dicho plan.

En declaraciones a la cadena de televisión NTC, aseguró sin embargo que las FARC están dispuestas a negociar con el gobierno y con el ejército, que son parte del conflicto, pero no con los paramilitares porque, resaltó, éstos se encuentran al margen de la ley.

La iniciativa del ministro de Defensa estipula que la paz debe ser un asunto de Estado y no del gobierno en turno, y prevé sentar a la mesa de negociaciones a funcionarios, jefes castrenses, guerrilleros, paramilitares, sindicalistas, empresarios, religiosos y líderes de la sociedad civil.

El presidente Ernesto Samper ha respaldado la propuesta de Echeverry, al anunciar que convocará en los próximos días a una cumbre de paz para analizar diversas maneras de poner fin al conflicto con la guerrilla.

Otra de las condiciones impuestas por las FARC, dijo Reyes, es la desmilitarización de los municipios de Vistahermosa, El Uribe, Macarena y Mesetas, en la provincia del Meta, enclave tradicional de las fuerzas rebeldes.

Asimismo, el vocero guerrillero aseguró que los 70 soldados que mantiene el movimiento en su poder --60 desde el 30 de agosto de 1996, y otros 10 capturados este año-- se encuentran bien, pero no serán liberados hasta que el gobierno despeje los municipios de Montañitas, Cartagena del Chairá, el medio y el bajo Caguán, la inspección de El Triunfo y Puerto Gaitán, en el departamento de Caquetá.

El plan de Echeverry también fue bien recibido por los paramilitares y por los guerrilleros Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL).

Previamente, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez, declaró que no debe haber condicionamiento alguno ni de parte del gobierno ni de los guerrilleros para un eventual diálogo de paz, porque de lo contrario éste nunca podría arrancar. Explicó que aunque la liberación de los soldados traería confianza y credibilidad mutua, ésta no debe ser una condición para el inicio de las conversaciones.

En tanto, el fuego cruzado entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares ha provocado que unas 8 mil familias campesinas abandonen en los últimos días sus parcelas en el noroeste de Colombia.

La situación más grave se registra en el departamento de Chocó, donde miles de labriegos, junto con sus esposas e hijos, se están desplazando hacia las zonas urbanas, e inclusive hacia la vecina nación panameña.

En otro orden, un artefacto explosivo estalló anoche en la penitenciaría de La Picota, en esta capital, lo que ocasionó la muerte a un recluso y lesiones a otro más, mientras la Fiscalía y el servicio secreto tratan de determinar quién y cómo introdujo en la cárcel la carga de dinamita.

Los investigadores señalaron que William Infante, un pistolero que sirvió al extinto capo mafioso Gonzalo Rodríguez Gacha y que purgaba una pena de 24 años de cárcel por el asesinato, en octubre de 1987, del ex candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, murió mientras manipulaba la bomba.

Por su parte, el preso herido, Luis Rodríguez, estuvo involucrado en un ataque cometido el año pasado en Bogotá contra el abogado Antonio Cancino, defensor del presidente Ernesto Samper en el escándalo en que se vio envuelto a raíz del presunto ingreso de narcodineros en su campaña electoral.

No obstante, los investigadores descartaron que el mencionado artefacto explosivo fuera parte de un presunto plan de fuga de los jefes del cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, del que medios periodísticos alertaron en días pasados.